Democracia, Equidad y DesarrolloMovimientos sociales
Por: Andrés Soliz Rada *
Varias ONG agudizaron, por ingenuidad o mala fe, la indefensión de Bolivia frente a poderes externos. La sumisión a Brasil se incrementó.
La historia de Bolivia ha cambiado en la última década gracias a los movimientos sociales (MS), cuya emergencia se localiza en conglomerados indígenas y campesinos, así como en sectores urbanos empobrecidos, con capacidad de fijar rumbos a la política nacional. Irrumpen con fuerza en las marchas de indígenas de tierras bajas en pos de reconocimiento a sus identidades, de combates callejeros que en 2000 frenaron en Cochabamba la privatización del agua, que cercaron a La Paz en el Gobierno de Jorge Quiroga y que desde El Alto provocaron, el 17 de octubre de 2003, la fuga a Miami del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL). Lo anterior dio fin a la partidocracia que se repartía el poder de modo desvergonzado. Uno de sus mayores logros consistió en detener, así sea de manera temporal, riesgos separatistas, alentados por terratenientes y oligarcas infiltrados en la “media luna”.
El MAS, al proclamarse vocero de los MS, convirtió el liderazgo de Evo Morales en fortaleza blindada. Los analistas coinciden en que los MS más importantes son las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, de cuyo seno emerge Evo; la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (motor del derrocamiento de GSL); la Federación de Colonizadores y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que arrinconó a las oligarquías de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, por sus precursoras marchas. A ellos se suman las “bartolinas”, organización de mujeres campesinas, y el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas de Qullasuyu, que incorporó la presencia étnica en la política boliviana.
La situación imperante facilitó la llegada de decenas de ONG de Europa y EEUU que se unieron a las ya existentes y que, con el argumento de asesorar y orientar a los MS, engendraron un proyecto de Constitución, que reconoce a 36 naciones indígenas y pueblos precolombinos, con 36 idiomas oficiales, con derecho a justicia propia y autodeterminación política y territorial. El reconocimiento de “Nación” alcanzó a poblaciones minúsculas. Surgió la necesidad de reescribir con lente plurinacional los códigos vigentes, como el Civil, el Penal, el Mercantil, el Aeronáutico, el de Comercio y sus procedimientos, para erradicar el colonialismo interno.
Los problemas se complicaron al no saberse si los MS, que, a diferencia de los sindicatos obreros, carecen de estructuras organizativas permanentes, tienen derecho a cuotas de poder en el aparato estatal y si unos MS tienen más derechos que otros. ¿Qué hacer cuando aparecen nuevos MS que también exigen privilegios? ¿Qué hacer cuando funcionarios, que invocan la representación de MS, resultan implicados en contrabando o narcotráfico? ¿Qué hacer cuando burócratas abusivos reclutan, en nombre de MS movilizados, a desocupados callejeros para disolver manifestaciones opositoras? En Achacachi, se quemaron vivos a delincuentes, pero nadie es detenido, debido a la quiebra del sistema judicial.
Varias ONG agudizaron, por ingenuidad o mala fe, la indefensión de Bolivia frente a poderes externos. La sumisión a Brasil se incrementó. La carencia de gestión pública es alarmante y las denuncias de corrupción se multiplican. La posibilidad de salvar la República respetando la Constitución de 1994 para, a partir de allí, incorporar preceptos que erradiquen la exclusión y el racismo, sin ocasionar la disgregación del país, parece extemporánea. Frente al descontrol presente y el caótico futuro, quienes trabajaron para la ONG de buena fe se preguntan: ¿Y ahora qué hacemos? Los otros, los de alto rango, ya pueden decir a sus amos: “Misión cumplida”.
* Ex ministro de Hidrocarburos
