Jorge Lazarte R.*

El proyecto define nuevas formas de desigualdad política que violan flagrantemente el principio de igualdad de derechos.
El proyecto de Constitución pretende cambiar las reglas de la política según la matriz “plurinacional”, constitucionalizar una nueva estructura de poder y asegurar su control. La tarea de la Asamblea Legislativa Plurinacional será viabilizarlas con leyes orgánicas.

Los acuerdos políticos del Congreso Nacional han incorporado cambios en este capítulo, de los cuales el más importante es haber restablecido el sistema mixto en la Cámara de Diputados (mayoritario y proporcional) de la actual Constitución, que había sido eliminado por el sistema mayoritario total en el texto de Oruro. Sin embargo, estas modificaciones son de regla y no de principios e interesan más a los partidos que amplían sus posibilidades de obtener escaños. El carácter plurinacional fue ratificado como puede verificarse en el sistema de representación y de participación, que consagra derechos políticos desiguales.

El punto de partida plurinacional es la primacía de la “democracia directa y participativa” sobre la “democracia representativa”. A esta democracia el proyecto la llama “democracia comunitaria” (Art. 11. I y 26.II,3), que es el modelo político dominante en todo el proyecto.

De acuerdo con ello, se establece que las naciones y pueblos indígena originario campesino tendrán una representación proporcional en el Parlamento (147, II). Es decir, según el censo del 2001, las naciones originarias serán siempre mayoría de enclave, cualquiera que sea el resultado de la votación universal. En tal caso, y siguiendo la lógica de estas nuevas reglas, es más que pertinente preguntarse: ¿Qué podría pasar si en algún momento gana las elecciones presidenciales un opositor criollo y tiene que enfrentar un Parlamento con mayoría plurinacional? Ya se sabe dónde puede acabar una política etnizada.

Es decir, la representación ciudadana igualitaria, que es la base de la democracia tal como se la conoce, es reemplazada por la representación “corporativo-comunitaria”, conforme a la cual unos ciudadanos estarán representados mediante el voto universal y otros, además, mediante formas de representación corporativa en varios órganos del Estado.

Esta desigualdad en la representación se replica con la desigualdad en la participación. Tratándose del Parlamento, unos tendrán derecho a un voto y otros a dos. Los ciudadanos votarán universalmente por sus representantes en la Asamblea Plurinacional pero no podrán elegir a los que representen a las naciones originarias, mientras que los miembros de estas naciones elegirán a los suyos en sus circunscripciones especiales pero, además, a los que representen a todos en las otras circunscripciones territoriales de las que formen parte.

Para reforzar esta participación “plurinacional comunitario” (98), el proyecto reconoce sólo a las naciones originarias el derecho de participar en las instituciones del Estado” (30, 18), excluyendo a los demás grupos de la sociedad.

Es decir, el proyecto define nuevas formas de desigualdad política que violan flagrantemente el principio de igualdad de derechos, sin el cual pierde sentido la democracia, y se contradice a sí mismo en otros apartados que prohíben y sancionan toda forma de discriminación fundada en razón de “...cultura”... “nacionalidad...” (14, II).

Los textos constitucionales liberales de los últimos 50 años en Bolivia fueron más democráticos en igualdad formal de derechos que el proyecto plurinacional con derechos desiguales formales y reales.

Ahora bien, si éste es el diseño, la aplicación de las nuevas reglas para trazar las circunscripciones especiales indígena originario campesinas puede crear situaciones inextricables. El proyecto establece circunscripciones especiales de dos tipos. El primero tendrá continuidad geográfica que no rebase los límites departamentales y densidad poblacional (146, VII); en cambio, el segundo tipo no necesitará estos requisitos y podrá funcionar sin base geográfica ni densidad poblacional (147, III). Una suerte de circunscripción flotante. Bastará que uno se autoidentifique con alguna nación originaria para votar desde cualquier punto del país, mientras que los mestizos, aproximadamente el 40% de la población total y no adscritos étnicamente, no podrán hacerlo.

Además, ¿qué va a pasar con los no indígenas en las circunscripciones indígenas? ¿Serán excluidos del voto o serán obligados a votar por un candidato indígena? ¿Cómo se definirá la proporcionalidad de las 36 naciones originarias?

Sería interesante saber si los precandidatos de oposición —que parecen estar más interesados en las elecciones que en el proyecto constitucional plurinacional— consideran que estas nuevas reglas son aceptables democráticamente.

*Jorge Lazarte R.
es politólogo. Fue asambleísta constituyente.