Publicado por: El Deber (Santa Cruz - Bolivia)

Pando. Ante el pedido de renuncia por el supuesto contrabando, el ministro de la Presidencia negó tal posibilidad y Evo Morales guarda silencio. Documentos comprometen al Comando Conjunto

H. Ugarte y La Prensa

El presidente de la República, Evo Morales, guarda silencio respecto a la situación del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y éste señala que no renunciará a su cargo y que las investigaciones por el contrabando de mercadería detectado en Pando seguirán su curso. Entre tanto, suman y siguen las críticas en torno al cuestionado ministro.
El Poder Ejecutivo prefirió guardar silencio ayer en torno al pacto con contrabandistas que involucra a Quintana; sin embargo, el ministro volvió a señalar que las denuncias en su contra “son una difamación y patraña”.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, ayer, en Palacio Quemado, con ocasión de la visita de la ex rehén colombiana Ingrid Betancourt, evadió las preguntas de los periodistas.
“Tiene todo el derecho de pedir mi cabeza, mi renuncia, todo lo que quiera, pero mientras yo me mantenga hasta el último segundo en el Gobierno, usted no encontrará a un ciudadano que no haga otra cosa que trabajar al servicio de este proyecto político”, aseguró el ministro, que hasta ayer se encontraba en Cobija, adonde fue para iniciar la campaña para la aprobación del nuevo texto constitucional.
El jueves 4 de diciembre, el ex presidente de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) César López reveló ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga este caso, que Quintana pactó con contrabandistas la liberación de mercadería de contrabando proveniente de Chile, cuyo destino era Brasil, a cambio de lograr apoyo para revocar el mandato del prefecto de ese departamento, Leopoldo Fernández.
Frente a esas acusaciones, la autoridad dijo en una entrevista con la Red Uno que no hará “absolutamente nada”, ni presentará una querella contra sus detractores. “Me pueden investigar todas las cuentas, me pueden investigar la billetera, este ciudadano saldrá más pobre de este Gobierno (...) pero decente, cuidando el prestigio de mis hijos, de la comunidad, del pueblo boliviano”, indicó.
Quintana también negó que el prefecto Rafael Bandeira y su persona tengan relación alguna con los contrabandistas. “Ahí está la Fiscalía, que tiene que perseguir uno por uno a cada uno de ellos, tiene que detener, incautar sus vehículos, tiene que hacer la investigación y nosotros estamos dispuestos a asistir a cualquier escenario para explicar qué es lo que ha ocurrido acá, pero usted no tendrá, el ministro de la Presidencia no tendrá ningún tipo de compromiso, bajo ninguna circunstancia, con las actividades ilegales”.
Según la denuncia, el ministro pactó la liberación de 17 camiones, pero los comerciantes se aprovecharon de su venia y sacaron 33 motorizados de la zona franca.
Para el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Carlos Pablo Klinsky, la presencia de Quintana en Pando en los últimos días es para borrar las pruebas que tiene en su contra sobre el contrabando. “Si el Presidente no destituye inmediatamente a este ministro, será cómplice y nosotros iniciaremos un juicio de responsabilidades en contra de Evo Morales”.
Roly Aguilera, secretario general de la Prefectura, manifestó ayer que el Gobierno ya no puede ocultar la corrupción que se vive en el país y que tiene la capacidad para mentir, mostrar videos montados, con el fin de dar una imagen falsa en el exterior. “A Evo tienen que darle el Oscar de la mentira”, sostuvo.
Aguilera pidió a Morales dejar a un lado la tolerancia para que a Ramón Quintana se le inicie un proceso judicial.

Pasividad en el Comando Conjunto
Documentos a los que tuvo acceso La Prensa dan cuenta de que el Comando Conjunto de Pando actuó de manera pasiva entre el 26 de julio, día en el que fueron detectados los 33 camiones con contrabando, y el 23 de agosto, día en el que los motorizados huyeron por la fuerza.
Al menos tres cartas fueron remitidas a Rafael Bandeira para pedirle que escolte los camiones de regreso a Cobija. En una misiva fechada el 29 de julio, el ahora prefecto da curso a esa solicitud. El operativo debía realizarse el 1 de agosto, pero fue suspendido porque en la reunión del 30 de septiembre, en Palacio Quemado, se debía encontrar una solución a este asunto.
Al no haber resultados, el administrador de la zona franca de Cobija, Mario Vásquez, reitera su solicitud de escolta de los camiones el 4 de agosto. Sin embargo, en una reunión entre Bandeira, la delegada presidencial Nancy Texeira, el senador Abraham Cuéllar (ex UN) y funcionarios aduaneros, el actual prefecto deja claro que pese a haber dispuesto la escolta de esos camiones, eso no era posible por la oposición de los transportistas y los comerciantes. Señala también que una intervención por la fuerza requería una instrucción superior.
Así, el 23 de agosto, los comerciantes, con apoyo de los pobladores de Santa Rosa y Montevideo, lograron tomar el puerto y el pontón para que los vehículos pasen. Según un informe, los efectivos aduaneros y los de la Naval que custodian ese puesto militar fueron rebasados.

La ONU alista otro informe de las muertes en Porvenir
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Bolivia presentará esta semana su propio informe de investigación sobre los hechos violentos acaecidos en Pando el 11 y 12 de septiembre pasado.
La representante de ese organismo en Bolivia, Yorico Yasukawa, aseguró ayer que este documento, al igual que el de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el del Defensor del Pueblo, contribuirán a las investigaciones de la justicia boliviana.
Yasukawa adelantó que el documento en preparación se basa en entrevistas a los actores, obtenidas en el lugar de los hechos.
Explicó que los informes de Unasur y del Defensor del Pueblo muestran hechos graves y aportan elementos valiosos a la investigación, porque hablan de la pérdida de muchas vidas y violaciones masivas a los derechos humanos.
El trabajo de Unasur, Hacia un alba de justicia en Bolivia, fue presentado el miércoles pasado en Palacio Quemado, en medio de críticas de prefectos, parlamentarios de oposición y cívicos de Pando y Santa Cruz, que cuestionaron la imparcialidad de las indagaciones. Al respecto, Yasukawa sugirió que el documento se lea con cuidado, porque se debe investigar la muerte de niños, entierros clandestinos, gente desaparecida, torturas y otras denuncias.
La funcionaria aguarda que el informe del Alto Comisionado también sea un aporte a la justicia boliviana para que se establezcan responsabilidades y se sancione a los culpables.
Sobre el carácter de estos informes e investigaciones, dijo que no son penales y recalcó que ésa es labor de la justicia. “Todo lo que cualquier organismo local o extranjero pueda aportar es sólo una referencia”, acotó.
La japonesa pidió a los poderes políticos y a la población que hagan los esfuerzos para generar un clima de serenidad y objetividad en el marco de las investigaciones. También hizo votos por que el sistema judicial boliviano fortalezca su capacidad e independencia. “La comunidad internacional está para apoyarlos”, dijo.

El accionar de Bandeira

Inicio. Los oficiales del Control Operativo Aduanero (COA) interceptaron los carros la noche del 26 y la madrugada del 27 de julio, a 19 kilómetros de Cobija, pero los contrabandistas aseguraron tener el visto bueno de Quintana.

Contacto. El agente del COA, subteniente Cristhian Deheza, dijo en un informe que Jesús Chambi, uno de los comerciantes, le alcanzó su celular para que se contacte con Rafael Bandeira, entonces responsable del Comando Conjunto de Pando. Así lo hizo.

Retenidos. El 28 de julio Bandeira dijo tener conocimiento de este hecho, por lo que instruyó retener los camiones en el puesto militar de Santa Rosa de Abuná, paso obligado a la localidad de Montevideo o Puerto Evo. Luego Quintana se habría contactado con César López para decirle que deje pasar los camiones, pero éste se habría negado.

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