Democracia, Equidad y DesarrolloLa venta de gas a la Argentina
Por: Hugo del Granado Cosío *
El contrato de venta de gas a la Argentina, firmado en octubre de 2006, es muestra de gestión política que no tuvo reparos técnicos ni celo por la imagen del país. La preeminencia de la política frente a otras consideraciones fue una constante en la conducta del Gobierno y es una de las causas del rezago de la industria petrolera en el país.
Se debe recordar que el 29 de junio de 2006 los presidentes Morales y Kirchner firmaron, en el coliseo de Hurlingham, un acuerdo comprometiendo un volumen de cinco millones de metros cúbicos por día (MMm3/D) a un precio de cinco dólares por millón de BTU ($us/MMBTU). Entonces, los cálculos del Gobierno estimaron que el acuerdo se traduciría en ingresos de 520 millones de dólares (MM$us) para la gestión 2006. La exportación real del año 2006 a la Argentina, incluyendo el contrato de Pluspetrol, fue sólo de 268,63 MM$us, la mitad del monto anunciado.
Este acuerdo se convirtió en contrato de exportación el 19 de octubre de 2006 con el compromiso boliviano de vender 16 MMm3/D durante 2008 y 2009 y 27,7 MMm3/D a partir de 2010 hasta el año 2027. (En 2007 se exportó 3,69 MMm3/D.) El contrato fue precedido por anuncios espectaculares en sentido de que YPFB invertiría en la construcción del gasoducto de exportación (GNEA), que el volumen de exportación subiría hasta 50 MMm3/D y que los ingresos provenientes de la exportación de gas, de gasolina natural y de GLP serían de 25.000 millones de dólares en valor presente, en los 20 años de exportación.
Las autoridades argentinas, contagiadas de la retórica, declaraban que no habría problemas de suministro energético, por parte de Bolivia. La razón para apurar la firma del contrato fue la necesidad de ofrecer un mercado a las empresas petroleras para suscribir nuevos contratos de operación cuyo plazo vencía el 31 de octubre. Los argentinos se prestaron al juego sosteniendo que Enarsa invertiría en el desarrollo de los campos bolivianos si no lo hacían las petroleras.
Una vez más, la acción política se impuso a la realidad económica y a las condiciones del contrato porque muchas de sus cláusulas son incumplidas. Por ejemplo, las referidas al retraso en la provisión de los volúmenes acordados, que en ningún caso debía ser menor a un año, o la que establece que YPFB debe pagar a Enarsa por los volúmenes no entregados (delivery or pay) o la cláusula que dice que el atraso por más de 180 días en el pago de facturas por parte de Enarsa a YPFB se reclamaría ante la Cámara de Comercio Internacional. Estas anomalías no merecieron la atención de las empresas ni gobiernos respectivos: Las afinidades políticas desvanecen los daños económicos que sufren ambas partes.
Lo que habría correspondido era revisar los términos del contrato y adecuarlo a las posibilidades de cumplimiento de las partes. Contrariamente a esto, y sin efectuar ningún reclamo, el Gobierno argentino ha decidido sustituir el gas boliviano con un gas caro de ultramar (LNG) que empezó a recibir en invierno de este año. El apuro de abastecer su mercado interno fue superado y decidieron postergar las negociaciones hasta 2009.
El Gobierno boliviano parece no inmutarse por sus incumplimientos ni por los volúmenes que dejó de exportar a precios sin precedentes. Pero además, y contraviniendo toda lógica, ha contratado una consultora para el estudio y diseño de la planta de separación de licuables y de los ductos de exportación de estos licuables, siendo ésta la última fase de cualquier proyecto de exportación. La primera preocupación debería, obviamente, ser la producción del gas que se deberá exportar, para lo cual se necesitan inversiones y la firma de acuerdos de entrega con las empresas en actual operación; la segunda preocupación debiera ser la construcción del gasoducto de exportación, y la última, la de la planta de licuables.
* Ingeniero petroquímico
