PLATAFORMA DE DISCUSIÓN DEMOCRÁTICA

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, negoció con los supuestos contrabandistas la liberación de 33 camiones que fueron retenidos con mercadería de contrabando en Santa Rosa de Abuná a cambio de apoyo para revocar el mandato del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, en el referéndum del 10 de agosto.

La delegada presidencial en el departamento pandino, Nancy Texeira, reveló ayer en una entrevista telefónica con La Prensa que su asesor jurídico Wálter Zuleta participó en la ciudad de La Paz en dos reuniones, en las que también estuvieron los dueños de la mercadería incautada. La primera cita fue en el Palacio Quemado, el 30 de julio, y el 31, en oficinas de la Aduana.

“Como en toda institución, nosotros tenemos un asesor legal, era obligación del doctor Zuleta participar para informarnos de lo que acontecía (...) él estaba en La Paz resolviendo asuntos personales... “.

Este matutino conoció que los propietarios de la carga secuestrada en Pando llegaron a La Paz en busca de una “solución política” con el Gobierno para la liberación de los 33 camiones.

Las reuniones en cuestión se habrían llevado a cabo el 30 y el 31 de julio, tres días después de que los camiones fueron retenidos por fuerzas del Comando Conjunto en la localidad pandina de Santa Rosa de Abuná.

La primera cita se desarrolló en el Palacio de Gobierno, donde estuvo presente el Ministro de la Presidencia, el presidente de la Aduana Nacional, general (r) César López, tres técnicos de esa entidad y los representantes de los “comerciantes” o dueños de la mercadería: Zenón Quispe, Jesús Álvarez, Jesús Chambi, Adolfo Choque y Wálter Zuleta.

El ex presidente de la Aduana César López, en su declaración informativa del jueves ante la Comisión Especial de Diputados, mencionó el nombre de Zuleta como parte del grupo de contrabandistas. La Prensa no pudo establecer si se trata de un homónimo, sin embargo, la delegada presidencial afirmó que su asesor no tiene ninguna relación con los implicados en el contrabando.

Otra fuente consultada por este medio afirmó que en la reunión celebrada en el Palacio Quemado, el ministro Quintana recriminó fuertemente a los supuestos contrabandistas, recordándoles que el acuerdo inicial fue únicamente por 17 camiones y no por 33 motorizados.

La autoridad gubernamental aceptó, según uno de los comerciantes implicados que pidió guardar su nombre en reserva, la salida de 17 motorizados con mercadería que no tenía respaldo legal hasta la frontera, a cambio de que los “gremiales” apoyen la revocatoria del mandato del prefecto Fernández.

La caravana debía llegar a la frontera entre el 26 y 27 de julio, pero el 27 el Comando Conjunto, que entonces era dirigido por el almirante Rafael Bandeira, detuvo a 33 camiones que tenían un cargamento valorado en más de un millón de dólares.

Estos motorizados lograron pasar, día antes, por un puesto de control del COA, con el argumento de que tenían la autorización del ministro Quintana.

La autoridad aludida ayer nuevamente desmintió estas denuncias y dijo que el ex presidente de la Aduana “cambió de fidelidad política para ponerse a tono con fuerzas políticas emergentes”. En tanto, el presidente Evo Morales salió a defender a su principal operador político y “brazo derecho”.

Recomendó a sus ministros “tener cuidado” con los ataques de la oposición regional y política que se valdrán —dijo— de cualquier argumento para desestabilizar su Gobierno.

La reunión

En el primer encuentro, el ex Presidente de la Aduana planteó que la continuación del procedimiento regular aduanero; es decir, la mercancía debía ser rematada y los contrabandistas tenían que pagar multas por el delito de contrabando, pero los implicados pidieron que se les exonere de la contravención.

Al día siguiente (31 de julio), se procedió con una segunda reunión en el despacho de López. En esa cita estuvieron los mismos dirigentes, el abogado de Texeira, el Presidente aduanero y tres técnicos de esa institución.

López reiteró su posición respecto de la carga decomisada, aunque abrió la posibilidad de que los contrabandistas se acojan a un recurso llamado “arrepentimiento eficaz”, por el que los presuntos autores pueden ser exonerados de culpa, pero la mercadería sería rematada.

Esto molestó a Jesús Chambi, uno de los dirigentes de los comerciantes, quien amenazó con recuperar los camiones con “armas de fuego”. Le advirtieron que eso era una amenaza que puede tener consecuencias legales, acto seguido, el dirigente rectificó su posición y pidió disculpas.

Después de este encuentro, según las fuentes consultadas, Chambi “desapareció” de Cobija y se cree que estaba “montando guardia” junto con otras familias de comerciantes en Santa Rosa de Abuná, donde se encontraban los camiones retenidos.

El Comando Conjunto, según reconoció el ex comandante de esta fuerza Rafael Bandeira, no logró trasladar estos motorizados a la Zona Franca de Cobija, debido a que no contaban con una autorización de las Fuerzas Armadas y no tenían suficientes efectivos para dar seguridad a la caravana, pues existían amenazas de intervención.

López, en su declaración a la Comisión, dijo que en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas se decidió no mandar ningún refuerzo porque se confiaba en una “salida política”. Afirmó que inclusive 50 efectivos policiales tuvieron que retornar a La Paz porque no tenían apoyo de militares.

El 23 de agosto, los camiones fueron recuperados por más de un centenar de contrabandistas armados y llevados hacia Montevideo, donde se descargó la mercadería. Cinco de los 33 camiones fueron recuperados el 23 de octubre: dos en Cobija y tres en El Alto, sin carga.

Otra fuente consultada expresó que el ministro Quintana estuvo al menos tres veces en Pando antes del hecho. Pasó por varias poblaciones campesinas, entre ellas Filadelfia.

Entonces estableció “pactos” con varias organizaciones sociales como los campesinos y “comerciantes” que tenían su centro de operaciones en Puerto Montevideo, que está ubicado en la frontera con Brasil, para que apoyen la revocatoria del mandato del prefecto Fernández, quien entonces aparecía en las encuestas con baja preferencia electoral.

El objetivo del Poder Ejecutivo y del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue revocar el mandato de los prefectos de la llamada “media luna”. Éste puede haber sido el precio por el que se debió permitir el paso de 17 camiones sin control, pero el Comando Conjunto frenó la marcha de los motorizados y reveló el operativo. Fernández no fue revocado.

La oposición pide la renuncia de la autoridad denunciada

Los opositores al Gobierno, como grupos cívicos y del Parlamento, pidieron la renuncia del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por las denuncias que pesan sobre la autoridad, como la colaboración a la salida de 33 camiones cargados con mercadería de contrabando.

El senador podemista Róger Pinto dijo que la autoridad gubernamental debe abandonar su despacho y recordó que él ya había denunciado este caso con anterioridad.

“Creo que empezamos a entender la presencia del ministro Quintana en Pando, lo denunciamos en su momento, lo que tenemos como resultado es el golpe del contrabando contra la institucionalidad. El Palacio respondió diciendo que el senador Pinto miente, falsea la verdad, hoy día, después de mucho tiempo, después de un proceso que lleva adelante la Comisión, escuchamos al general López, no es el senador Pinto, es el general López”.

El senador de Pando Roberto Yáñez (Podemos) declaró que el presidente Morales debe prescindir de Quintana. “Yo creo que si el Presidente de la República lo mantiene a su lado es por alguna extraña razón que no alcanzamos a comprender, o tienen algunos amarres extrañísimos con el Presidente”. Yáñez mostró su desaprobación de la gestión de Quintana al mando del Ministerio. “Es una persona que ya le ha hecho un daño al país, ha promovido baños de sangre”.

Dirigentes cívicos y parlamentarios opositores tarijeños pidieron la renuncia y posterior juicio al Ministro denunciado por el ex presidente de la Aduana, César López, por su presunta ayuda a contrabandistas.

El diputado del MNR Johnny Tórrez dijo que no se puede encubrir la corrupción y menos de un alto funcionario del Gobierno, siendo lo correcto la renuncia del Ministro y su posterior proceso judicial. “Si ayer fueron 33 camiones de contrabando que ingresaron al país, con seguridad que mañana será más”.

No ponen las manos al fuego

Los movimientos sociales afines al Gobierno han mostrado cautela ante las denuncias del ex presidente de la Aduana, César López, que involucran al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en el caso de contrabando de 33 camiones en el departamento de Pando.

El presidente de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) y secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), Fidel Surco, en declaraciones a radio Fides puso en tela de juicio la inocencia del funcionario gubernamental. “No sé en este momento si creer en la inocencia de Juan Ramón Quintana”. Además, el dirigente se mostró a favor de la destitución del ministro en caso de que este sea hallado culpable. “Si estaría involucrado debe ser destituído, no podemos quemar al país si estamos luchando contra la corrupción”, Surco concluyó afirmando: “Yo no puedo poner las manos al fuego por él”.

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Isaac Ávalos, también expresó su aprobación ante un eventual relevo del Ministro de la Presidencia en caso de que éste sea hallado culpable de las denuncias de López. “Nosotros respaldamos al ministro Quintana, pero si hubiera cometido algún acto de corrupción debe dejar el Gobierno”.

El concejal alteño por el M 17, Roberto de la Cruz, fue más lejos y pidió que la autoridad cuestionada sea retirada inmediatamente para evitar que los ciudadanos equiparen a la gestión de Evo Morales con “uno más de los neoliberales”.

“El hermano Evo Morales debe sacarlo (a Quintana) porque si no es así, el pueblo va colocar a éste gobierno en el gangocho como uno más de los neoliberales. Debe deshacerse de él, debe tomar medidas de hecho o será uno más del montón”, De la Cruz recordó que él fue el primero en pedir la renuncia de Quintana y denunciar el hecho.

Al interior de las filas oficialistas también hubo voces señalando que la autoridad deberá ser relevada en caso de ser hallada culpable. El vocero de la Presidencia, Iván Canelas afirmó que, en caso de ser comprobada la denuncia, “lo más lógico es que se vaya”.

114 citados

A 6 meses del hecho, el Ministerio Público citó ayer a declarar a 114 personas involucradas en el contrabando de mercadería en 33 camiones en el departamento de Pando, caso que empezó el 28 de julio de este año con la detención preventiva de los motorizados por parte de la Aduana Nacional.

La información la dio a conocer el fiscal interino de distrito de Pando, Eloy Aspetti, quien señaló que estas personas deberán prestar sus declaraciones en los siguientes días y en base a las indagatorias se presentar la imputación formal.

Indicó que de las 114 personas citadas a declarar por la Fiscalía, tres, los choferes de los camiones y el dueño de la mercadería, están pagando sus tributos aduaneros más las multas.

El chofer Rafael Ramos y el dueño de la mercadería, Marcelo Siñani pagaron las multas esperando apegarse al “arrepentimiento eficaz”, sin embargo, el retiro de los camiones es un nuevo delito denominado “sustracción de prenda aduanera”.

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