Engañosa tregua
Por: Carlos Morales Peña*
Muchos pensaron, ingenuamente, que el acuerdo firmado por los partidos políticos y el Gobierno, el 20 de octubre, permitiría al país salir definitivamente del peligro de una guerra civil. Sin pausa, nos dimos cuenta de que no es así, que estamos en una engañosa tregua, en la que las razones profundas de la división entre los bolivianos permanecen latentes, irresueltas, peligrosamente explosivas. Ni siquiera la casi segura aprobación de la Constitución Política del Estado impulsada por el oficialismo y, al final, ajustada y avalada por los partidos parece que permitirá abrir el prometido ciclo de estabilidad política, necesaria para bajar la tensión y encaminar a la democracia boliviana hacia un sistema de resolución de conflictos y reencuentro entre todos.
Las diversas “guerras de baja intensidad” por el control o interdicción de recursos naturales y proyectos de país —agua, coca, salarios, gas, capitalía, autonomía— señalan que las condiciones explosivas continúan sin solución. Quizás el mayor drama boliviano es pensar que la formalidad democrática
—elecciones, leyes, decretos, reformas constitucionales, asambleas constituyentes— nos permitirán encontrar un proyecto concertado de democracia, de sociedad y de mercado y salir de la crisis de Estado en la que estamos inmersos desde el año 2000. Las reformas son importantes, pero insuficientes.
Lo peor del caso es que la no resolución del conflicto continúa deslizando al país hacia los peores escenarios de la desintegración social y política. La masacre de Porvenir, expresión de un brutal caldo de cultivo de intolerancia, racismo, discriminación y fascismo étnico, señala que la disgregación está en pleno proceso. Entre 18 y 26 personas murieron allí, la mayoría indígenas y dirigentes de movimientos sociales, a manos de funcionarios prefecturales y cívicos enardecidos en la lucha por evitar la llegada de una marcha a Cobija. La Justicia tiene una deuda pendiente por el esclarecimiento de los hechos, en los que hubieron responsables en las élites políticas de uno y otro lado, autonomistas y masistas, por igual.
Pero Porvenir no es más que la última herida de este Estado que se desangra. La Calancha, en noviembre de 2007; el estallido de Cochabamba, en enero de 2007; los enfrentamientos entre mineros en Huanuni, en octubre de 2006; los muertos a cuentagotas en las diferentes gestiones gubernamentales; los 64 caídos en octubre de 2003; los fallecidos en febrero de ese mismo año. Estamos en una guerra de baja intensidad, aplacada bajo la máscara de una reforma constitucional que esperamos nos permita encontrar un camino hacia la construcción de un Estado más justo, más democrático y más participativo.
Sin embargo, los augurios no nos permiten más que la cautela. ¿Cuándo acabará la tregua? ¿Después del referéndum del 25 de enero? ¿Serán las elecciones generales de 2009 el punto de consolidación de una democracia hoy arrinconada? Los políticos de centro no se cansan de recordar que Bolivia siempre estuvo al borde del peñasco y que siempre dio un paso atrás para evitar el desastre. Ojalá el juego no rompa el encanto de los incautos y un día nos desayunemos con los largos procesos de violencia extrema que, como en Colombia, en los Balcanes y en varios países africanos, se prolongan por décadas.
Aquí cabe el llamado eterno e intransigente por el diálogo y la concertación. Pero no sólo como retórica y formalidad democrática, sino como medio para resolver los problemas de fondo del Estado boliviano, entre todos, y sabiendo que el infierno está más cerca de lo que pensamos.
* Periodista
Democracia, Equidad y Desarrollo


















