Democracia, Equidad y DesarrolloConstitución y economía
Por: Róger Cortés Hurtado *
Las prioridades están en incrementar la oferta de trabajo productivo, garantizar el abastecimiento de alimentos, combustibles y energía.
Uno de los mensajes que se filtra con mayor insistencia durante las anteriores semanas es que el prolongado ambiente electoral nos llevará sin remedio a deteriorar nuestra condición económica más allá de lo que sucedería si sólo nos enfrentáramos con los efectos de la recesión mundial. Esta apreciación que tiene base, pero no es fatalmente cierta, se fortalece en la medida que la actitud de los responsables de conducir la economía se encuentra lejos de ejercer la presencia clara y constante para orientar a la población sobre las dificultades que se vienen y la mejor manera de disminuir el impacto que tendrán en nuestras vidas. Esta omisión se suma a fallas constantes en áreas clave, como son el abastecimiento de insumos productivos y la proliferación innecesaria de choques y conflictos.
De una manera muy vaga, y siempre que se tenga la mejor predisposición de ánimo para adivinar las intenciones del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), se puede captar que existe la intención de llevar adelante algunas medidas anticíclicas, mediante el incremento de la inversión pública, seguramente con la expectativa de enfrentar el incremento de tendencias hacia la pérdida de empleos. A eso se puede agregar el funcionamiento del Fondo para amortiguar la caída del precio del zinc y el anuncio de préstamo de 1.000 millones a YPFB (aunque acompañado de falta de información y claridad). Aparte de eso, no se ve nada, o se observa la escasez de combustibles, una todavía tímida, pero ascendente preocupación social por las incógnitas de continuidad laboral y mucha presión psicológica por los nubarrones externos que saturan los noticiosos económicos, alimentando temores y desincentivo a la inversión y el consumo.
Se necesita, sin dilación, un esfuerzo sostenido encaminado a dejar sentado que existe una dirección firme y clara de la economía, con propuestas definidas para resguardar y estimular la producción, sin importar que vayamos a tener tres elecciones en menos de un año y medio. Si se presta la suficiente atención, podrá verse que además existe conexión entre los futuros resultados de las votaciones y la serenidad y confianza de los votantes en que se están adoptando medidas apropiadas para aliviar el frenazo y retroceso al que nos arrastra la crisis gestada en el centro capitalista mundial.
Las prioridades están en incrementar la oferta de trabajo productivo, garantizar el abastecimiento de alimentos, combustibles y energía a precios estables y relacionados con la capacidad adquisitiva de salarios e ingresos populares. El sostenimiento de la oferta de trabajo debe fundarse en acuerdos sectoriales, en los que el PEN ofrezca alicientes impositivos, tecnológicos y de acceso al crédito a los productores. Son cada vez más frecuentes los reclamos de diversos sectores para recibir apoyo equivalente al que se da a la agroindustria, por medio del precio del diésel; mientras que en materia crediticia las entidades financieras acompañan la tendencia internacional de retraer el crédito, sin que las condiciones internas justifiquen ese viraje. Si el PEN permanece impasible, dicho giro se consolidará y más adelante será cada vez más costoso y traumático revertirlo.
Si la nueva Constitución se aprueba de modo que la ejecución del programa anticrisis se sobreponga al ruido y las pugnas electorales, el nuevo orden constitucional y la reforma del Estado a la que guía, serán más sanos y fuertes y contribuirán a que el pacto político evolucione hacia un nuevo pacto social.
* Analista político y catedrático
