Corrupción privada

William Kushner *

Que las empresas hagan de las suyas no significa que vivamos mejor sin ellas. Ése parece ser el espíritu socialdemócrata con el cual el Gobierno de España ha abierto el camino a la modificación más ambiciosa del código penal español desde el 95, que incluye como novedad la corrupción en sociedades privadas; en sintonía con los ajustes que hoy urgen al capitalismo.

El nuevo código aplicará la directiva comunitaria 2003/6 de la Unión Europea respecto a la regulación del libre mercado, y tipificará como delito la estafa de inversores, que incriminará a los administradores de sociedades que falseen sus balances o las informaciones sobre sus recursos, actividades y negocios con el fin de captar inversores u obtener créditos o préstamos.

Aún sin que las directivas comunitarias sigan el clásico procedimiento legislativo, basado en la división de poderes, ni otro procedimiento que digamos más participativo, el anteproyecto español fue meditado y concertado con la oposición y, a diferencia de algunos gobiernos latinoamericanos, con la misma etiqueta socialista, pero claramente poco meditada y desconcertante, el anteproyecto hispano muestra una decidida voluntad de lucha contra la corrupción en el ámbito privado. Así nace el novísimo cohecho en sociedades privadas.

Habrá cárcel para las personas jurídicas representadas por sus administradores que acepten sobornos de sus pares a fin de favorecer sus intereses en “incumplimiento de los deberes de lealtad ante la empresa”. Si la reforma fuera copiada, en Bolivia, sería devastadora para los empresarios corruptos pero también para (algunos) abogados que en calidad de repre- sentantes de empresas las negocian y pervierten. O, para dirigentes de cooperativas que ocultan detrás de sus altísimos discursos sus más bajos intereses.

Sigamos. En un principio es más fácil imaginar al corrupto en el sector público, aún más si el sistema de selección de personal es clientelar y el Estado es considerado un botín de reparto (que no es el caso español). Sin embargo, empresarios y profesionales privados hacen de su empresa un criadero de corrupción. Unas sirven para lavar dinero ilícitamente obtenido (narcotráfico). Otras, sociedades financieras, falsean sus datos de inversiones saboteando la confianza de sus acreedores, deudores e inversores y llenando los bolsillos de sus agitadores (hipotecas basura “triple A”).

Comparativamente, y por si fuera poco, uno de los aspectos más fuertes de la reforma se refiere al comiso ampliado. Los jueces podrán decomisar patrimonio de los delincuentes condenados que se presuma que proviene de actividades delictivas organizadas y que no corresponda con sus ingresos legales.

El cumplimiento de estos desafíos no es cuestión de leyes sin más. Se acompañan con un proceso estratégico de provisión de recursos económicos, tecnológicos y humanos altamente calificados a la administración pública (profesional) que permitan la efectividad y penetración de estas medidas. Pero no sólo de corrupción trata esta reforma. Hay otros aspectos como la despenalización de la fecundación de óvulos con fines distintos a la procreación humana, la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo o, la conducción temeraria que sobrepase los límites de velocidad establecidos.

Y, para el desconcierto de muchos, queda en manos de los jueces la decisión de la expulsión del extranjero delincuente en lugar de la cárcel. Será porque emigran desde donde no hay empresas o desde donde el sector público es un botín clientelar. ¿Alguna idea?

*William Kushner
es especialista en Opinión Pública.

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