Democracia, Equidad y DesarrolloLas paradojas de la democracia boliviana
María Teresa Zegada*
Una de las suposiciones más comunes en el país es la alta predisposición social a la protesta y la movilización, de ahí devienen las afirmaciones de que se trata de un país muy participativo, movilizado y también conflictivo. Y en realidad, la historia da pie a estas afirmaciones. Las luchas campesinas que acompañaron la historia republicana, primero en defensa de las tierras comunales y luego reivindicando sus más elementales derechos sociales, ratifican esta tendencia. Del mismo modo, la manera en que los obreros, particularmente los mineros, obtuvieron sus conquistas fue mediante huelgas y movilizaciones. Más adelante, en la etapa posterior a la revolución del 52, la ausencia de mediaciones políticas llevó al país a un permanente enfrentamiento entre la sociedad y el Estado, particularmente en etapas dictatoriales, cuando se constató que los movimientos sociales trascendieron el mero rol de actores corporativos para situarse en el plano político. Así, mediante la protesta, lograron no solamente modificar políticas estatales, sino también cambiar gobiernos de turno.
Hay que recordar que la reconquista de la democracia representativa fue también producto de movilizaciones sociales como la huelga iniciada por cuatro mujeres mineras. Pero, ¿qué ocurre en la era democrática actual? La dinámica de los conflictos en las calles se ha mantenido como una constante en los distintos gobiernos —en unos más que en otros—, demostrando que la protesta social se ha convertido en parte de la cultura política boliviana y aparentemente en la manera en que los bolivianos logran acceder a sus demandas; incluso en el actual Gobierno, en que los sujetos de las movilizaciones antiestatales han cambiado, así como el contenido de las movilizaciones de los sectores tradicionalmente conflictivos, ahora en apoyo al Gobierno, pero la protesta y la movilización continúan siendo una estrategia privilegiada por los distintos actores sociales.
Este recorrido resulta ciertamente contradictorio con los datos de una encuesta realizada recientemente sobre cultura política en Bolivia (Barómetro de las Américas), en que se establece que mientras el 52,8% de la población sostiene que la forma en que puede influir de manera más adecuada para cambiar las cosas es a través de la votación para elegir representantes que defiendan su posición, la participación en movimientos de protesta exigiendo cambios sólo alcanza al 12%. Del mismo modo, el 70% de los encuestados afirma que nunca ha participado en una manifestación o protesta pública, mientras que el 22% asume haber participado algunas veces. Resulta relevante matizar este último dato con el objetivo de las manifestaciones: así, mientras el 41% se moviliza en contra del Gobierno, casi el 30% lo hace a favor del Gobierno, un dato ciertamente novedoso en relación con las gestiones presidenciales anteriores.
Estos números denotan una cultura política fuertemente tendiente a la movilización, como estrategia privilegiada por los movimientos sociales, que, si bien suele alcanzar objetivos inmediatos, no goza de la credibilidad y el apoyo ciudadano. La gente más bien se adscribe a los formatos y la valoración de la democracia representativa. Mayor responsabilidad aún para los actuales y futuros actores políticos.
*María Tereza Zegada
es socióloga.
