Primera reflexión

Por: Carlos Hugo Laruta *
Todos fuimos testigos de que con el acompañamiento de la comunidad internacional expresada en la ONU, la OEA, Unasur y la presencia de la Iglesia Católica, se pudo llegar a acuerdos en el Congreso Nacional. Por lo visto, el principal logro de esos acuerdos ha sido desactivar la intensidad del conflicto bipolar y —si no eliminar— cuando menos disminuir la posibilidad de la violencia que se veía venir, fruto de la intolerancia y la incapacidad política de oficialistas y opositores para encontrar puntos de coincidencia en los cambios constitucionales previstos. Pero, ¿cuál es el contenido del texto constitucional derivado del acuerdo parlamentario para comprenderlo como acuerdo de largo plazo que establezca bases sólidas para la estabilidad política?.
Señalemos que más del 70% del proyecto de Constitución que el MAS aprobó en Sucre y Oruro era suscribible por la oposición, pues ese porcentaje estaba vinculado al trabajo de varias comisiones de la Asamblea Constituyente, donde no existió la polarización que sí hubo en las que tocaron temas sensibles. Por ello, ese 70% del texto tenía ya gran aceptación, pues expresaba las necesidades de reforma que el país requería. Los desacuerdos estaban en el rango del 30% (unos 100 artículos) que el MAS se negaba a revisar, convirtiéndolo en la razón central de la pugna que asumió ribetes dramáticos en Sucre y Oruro.
El acuerdo congresal modificó más de 100 artículos del proyecto de Constitución. El 30% donde estaban los temas sensibles también fue modificado. Sin embargo, los cambios pueden ser de mayor o menor profundidad. En este sentido, si las correcciones y enmiendas que aprobó el acuerdo congresal fueron substanciales, serán una real contribución a la democracia boliviana. Si no fueron substanciales, sólo llevan el conflicto político para más adelante.
Una revisión rápida del texto enmendado señala que en relación con varios de esos temas sensibles (nación boliviana, forma republicana de gobierno, complementariedad entre derechos individuales y colectivos, etc.) hubo modificaciones substanciales para cambiar el carácter confuso y a momentos discriminador del proyecto de Constitución. Sin embargo, en algunos temas sensibles, como autonomías departamentales y capitalía, al parecer no hubo acuerdos que satisfagan a una parte de la oposición regional, recordando los referéndums, legales y legítimos, que en Santa Cruz y Beni recibieron un apoyo superior al 70%, aprobando las autonomías departamentales. Al parecer, a partir de estos asuntos, que seguramente tienen implicaciones en otros temas del texto constitucional, se articulará una oposición regional que mantendrá sus banderas.
Entendiendo que es muy complejo compatibilizar dos visiones de país asentadas en filosofías antropológicas diferentes, lo logrado por el acuerdo congresal es importante para la pacificación nacional. Como balance final, queda claro que: a) la intensidad de la conflictividad fue bajada substancialmente, b) la población mayoritariamente —aunque es claro que no es en su totalidad— observa el proceso y espera con expectativa la explicación del texto constitucional que pronto se iniciará, c) que una parte de la oposición regional persistirá con aquellas revindicaciones que no pudieron ser fruto final de un acuerdo claro.
Quedan pendientes dos tareas centrales: a) comprender la profunda pedagogía democrática de los acuerdos y pactos, y b) cómo se articulará el contenido del nuevo texto constitucional —si pasa la prueba del referéndum— con la realidad sociológica y jurídica de la Bolivia actual.
* Sociólogo y catedrático
Democracia, Equidad y Desarrollo


















