(La responsabilidad del gobierno, en las acciones de “matonaje” contra la prensa es indisimulable)

Por: Eduardo Campos V. (*)

Que patético resulta oír a los jerarcas del gobierno, censurando las acciones de los grupos de choque que hostigan y agraden a la prensa. Daría la impresión, que ellos son los más sorprendidos por éstas acciones violentas. Pero no se lleven a engaños, esa actitud, ya la hemos visto mas de una vez, en varios episodios violentos y luctuosos en los que invariablemente, ha estado comprometido el gobierno. Acuérdense del sub teniente Nava, hombre de la seguridad del propio presidente Morales, quien de la manera más impune, atentó contra un medio de prensa en Yacuiba. ¿Acaso se han olvidado de los sucesos del 11 de enero del 2007 en Cochabamba?, ¿no fue evidente que la actual ministra de Justicia participó activamente de la quema de la prefectura?

Son pues muchas las ocasiones en las que de la manera más sínica, han deplorado la violencia que ellos mismos organizaron y ejecutaron. En ninguno de esos casos, el gobierno ha actuado con la agilidad y prontitud que lo hace para perseguir a sus adversarios políticos. ¿Cómo creerles entonces, cuando nos dice que “lamentan” las agresiones de esos grupos de matones a sueldo? Lo de Pando resulta incuestionable. Se mantiene preso al prefecto Leopoldo Fernández; acusado de haber organizado un genocidio, sobre la base de un video trucado (alterado) y no se acepta el fallo de la justicia para que se le instaure un juicio justo. Como verán, no es una novedad que discrecionalmente, decidan cuando acatar el imperio de la ley y cuando, no hacerlo. Para ellos - que lo fundamental es “desmoronar el Estado oligárquico” - las decisiones judiciales, sólo son atendibles cuando les conviene.

¿Ustedes creen que esa gente que se traslada de un lugar a otro (de Cochabamba a Tarija, de Tarija a Pando y luego a Santa Cruz y así, donde haga falta) lo hacen por convicción ideológica y con sus propios recursos?, ¿creen que esos cercos que organizan, durante días (semanas en muchos casos) no tiene un alto costo? Nadie que no tenga dos dedos de frente, puede creerles que son sucesos espontáneos. En un Estado donde la desinstitucionalización es la principal preocupación del gobierno, no esperemos que la justicia se respete; en un Estado donde la desagregación social, se utiliza para enfrentar a bolivianos contra bolivianos, no esperemos que la razón se imponga. No debemos olvidar que estamos viviendo – como todos los días nos los repiten cada 15 minutos, por cuanta radio o canal de televisión hay en este país – “tiempos de cambio”. Cambio que – según ellos – deben realizarse a la buena o a la mala; cambios que tiene un “discurso justiciero” y un accionar totalitario; cambios que desconocen el estado de derecho, para retornar a la sociedad tribal; donde la virulencia de la acción de masa (el soberano constituyente) se impone arbitraria e ilegalmente sobre cualquier razón, principio o valor.

Ese es el contexto, esa es la realidad; no debemos, ni podemos ignorarla. Se trata – en todo caso - de uno de los peores tiempos de confusión que ha vivido la sociedad boliviana, porque éstas acciones (francamente totalitarias) se confunden con muchas demandas ignoradas históricamente por el Estado, lo que facilita que la arbitrariedad con la que actúan, aparente una genuina representación de los intereses de los pobres y excluidos de nuestra sociedad.

Ahí radica la principal confusión. La mayoría de los bolivianos, aun cree que Evo Morales y su instrumento político, el MAS, han venido a salvarnos de todo los males que provocaron los anteriores gobiernos. Por supuesto que seria oficioso e interesado, ignorar lo que hicieron aquellos. Está - también muy claro - que los gobiernos del pasado, principalmente a partir de mediados de la década del 90, se encargaron de desmoronar la frágil institucionalidad de un estado que nunca fue capaz de llegar a todos los rincones de la patria y menos atender las demandas de sus habitantes.


Entonces, estamos ante una combinación de dos factores que peligrosamente cierran cualquier salida. Por una parte, los problemas estructurales no resuelto de la sociedad boliviana y; por otra, la dinámica de una coyuntura política, en la que los que dirigen el estado (El gobierno de Evo Morales) dedica sus mejores esfuerzos para controlar el poder absoluto a como de lugar.

La nueva constitución política del estado, concensuada en pasados días en el congreso, lo que ha hecho es llevar al papel (a las normas constitucionales) las contradicciones que se han expresado en las urnas y en la calles; pero no ha logrado alcanzar un marco jurídico adecuado, que nos permita enfrentar con posibilidades de éxito, la resolución de los problemas estructurales. Solo pregúntense: ¿Cómo vamos ha resolver la pobreza y desigualdad, si no garantizamos una mayor y mejor producción, si se le ponen (constitucionalmente) tantas trabas al emprendimiento privado, a la inversión extranjera y a la seguridad jurídica que son la base de una reactivación del aparato productivo del país?


Este país requiere cambios – es indudable – pero lo cambios que necesitamos, están lejos de alcanzarse sobre la desinstitucionalización del estado y de la desagregación social. Por esa vía, se desmoronará el estado de derecho, que es la garantía de convivencia pacífica de los habitantes de una sociedad y, se abren escenarios de enfrentamiento entre grupos sociales, regionales y étnicos que muy fácilmente pueden derivar en la inviabilidad colectiva. Las causas justas, no requieren de violencia para imponerse.

*) Director A. C. Cramer

eduardocamposdc@yahoo.es

www.lacoctelera.com/educamposv