Gonzalo Chávez A.*

Todo indica que a partir de enero tendremos una nueva Constitución Política del Estado (CPE). Éste puede ser un avance significativo en la construcción de un futuro para Bolivia. En el mundo de las actividades económicas, grandes y chicas, tener largo plazo es muy importante. Ningún negocio ni proyecto público sobrevive con Jesús de la incertidumbre en la boca. El proyecto de Constitución fue resultado de un pacto político. ¿Podrá convertirse esta nueva Carta Magna en un pacto social? Esto sólo se lo verá con el pasar del tiempo y en la medida en que la mayoría de la sociedad boliviana se sienta reflejada, en derechos y obligaciones, en el referido documento. Otra pregunta central es: ¿Cuáles serán los efectos de la nueva Constitución en las políticas públicas y en el desempeño de la economía?

Nuestros políticos han presentado el proyecto de Constitución como elixir de felicidad económica y social. Oyendo los discursos en la plaza Murillo, se podía concluir que la sacrificada gente que vino a apoyar este proceso, automáticamente, tendría empleo, bienestar, salud, educación y menos pobreza. De las arengas triunfalistas y barrocas daba la impresión de que los campesinos, al volver a sus tierras, encontrarían campos productivos con sistemas de riego, viviendas con baños y cocinas de azulejos, escuelas con internet y postas sanitarias equipadas. Se produciría una especie de reality show masivo, esos programas de televisión que hacen que una familia viaje por un par de días y, cuando regresan, le han reformado la casa completamente, como en un acto de magia. El día del Woodstock del MAS, muchos de los compañeros(as) oficialistas, feroces adherentes de las críticas de Marx al fetichismo de la mercancía, se adscribieron al ritual del fetichismo de la Constitución al ritmo de las zampoñas y las canciones de protesta. Los 411 artículos adquirieron poderes sobrenaturales y curativos, pachamámicos, tendríamos que decir, para ser políticamente correctos. Éstos adquirieron la virtud de transformar, instantáneamente, la vida de todos los que crean en el nuevo fetiche. De manera ingenua, sino demagógica, se piensa que el cambio en la superestructura política puede construir una sociedad igualitaria, un aparato productivo competitivo y un Estado tanto eficiente como justo. Ya está escrito; por lo tanto, ya está hecho. Es una adaptación revolucionaria del cogito, ergo sum (“pienso, luego existo”). La verdad de los hechos es que las miles de personas que vinieron a apoyar la nueva Carta Magna, volvieron tan pobres como llegaron y, ciertamente, hoy están trabajando con el arado egipcio, y sus casas siguen siendo de adobe, y las escuelas de sus hijos se caen a pedazos; pero, sin duda, tienen la ilusión del cambio. Abrigan la esperanza de que ahora sí su vida mejorará. Se ha creado una hiperinflación de expectativas sociales y económicas que deben ser atendidas. No hay la menor duda de que el proyecto de Constitución, si es asumido por todos como un nuevo pacto social, podría crear un sentido de pertenencia nacional. Puede ser un camino para el reenamoramiento colectivo del país. En caso de que se apruebe la Carta Magna, recién comenzará el trabajo arduo, sin el pretexto de que las leyes neoliberales no dejan trabajar o impiden ser eficiente. Habrá que ver, a futuro, si el nuevo texto constitucional incentivará la inversión privada, grande y pequeña; facilitará la inversión y el gasto público; ayudará a crear una sólida institucionalidad financiera; promoverá la productividad; permitirá el ejercicio pleno de las libertades. En suma, ver si el marco legal es una buena mezcla de restricciones e incentivos que fomentan el espíritu emprendedor y productivo, colectivo e individual de la sociedad boliviana. Una Constitución, aunque tenga características muy detalladas y reglamentarias, no reemplaza la gestión y las acciones de las políticas públicas. Para ser más concretos aún, replanteamos la pregunta inicial: ¿Cuáles serán los efectos de la nueva Constitución en las políticas públicas y en el desempeño de la economía del municipio de Turco, en el departamento de Oruro? Este municipio es considerado como la capital del camélido boliviano, y tiene un gran potencial productivo si se dedica a la exportación de carne de llama a Europa. Además, es una región donde los niveles de pobreza son elevados. Ciertamente, el proyecto de Constitución dará, en teoría, a los ciudadanos(as) de Turco muchos más derechos sociales y políticos, respetará sus formas tradicionales de organización, sus habitantes podrán tener más autonomía y muchas otras cosas más. Sin duda, ésta es una conquista importante en el nivel político, pero los turquenses y sus autoridades locales, con el nuevo paraguas legal, igual tendrán que enfrentar los desafíos del desarrollo local y el aumento de la competitividad. En efecto, Turco podría exportar, en algunos años, cinco millones de dólares en carne de llama, pero para esto su comunidad necesita canalizar la energía social a la producción. Requieren de crédito para construir un frigorífico de primer nivel, una carretera que los conecte con algún puerto en Chile, asistencia técnica para elaborar una estrategia de exportación, camiones frigoríficos, colegios que hagan énfasis en la enseñanza técnica en zoología y en cría de llamas, proyectos de investigación sobre camélidos, emprendedores que industrialicen la lana, los huesos y/o el cuero de la llama. En suma, acciones privadas y políticas públicas de alta calidad y efectividad. Desde Turco se debe iniciar una revolución productiva a partir de la base de la pirámide social. Este cambio concreto requiere una Constitución que no se convierta en un fetiche de políticos y sí en un andamiaje jurídico que impulse a los productores. El tiempo de la sobredosis de la política debe dar lugar al cambio económico efectivo.