¿Del extravío al buen sentido?

Carlos D. Mesa Gisbert*

Si la premisa maquiavélica de oro se sigue al pie de la letra, cualquiera que sea crítico con muchas de las acciones del gobierno de Evo Morales y la oposición debería seguir rigurosamente la frase: “Al enemigo, ni agua”, y en consecuencia oponerse a cualquier cosa que ambos hagan. Pero ocurre que hay que hacer un distingo entre enemigo y adversario y otro distingo, aún más importante, entre sentido de oportunidad política y sentido de responsabilidad para con el país.

Cuando nadie esperaba el acuerdo, el acuerdo llegó. Una vez más, ante el abismo abierto a nuestros pies, decidimos no dar el salto (lo que no garantiza que no busquemos pronto el próximo abismo…) y eso hay que celebrarlo. Celebrar quiere decir alegrarse porque la paz se haya impuesto sobre la guerra, que el buen sentido haya derrotado al sin sentido, que la responsabilidad haya superado a la irresponsabilidad. ¿Por qué se firmó el acuerdo? Probablemente por otras razones además de las mencionadas, como siempre ocurre en política, lo que no le quita un ápice al resultado. Una parte de la oposición, por ejemplo, creyó que Morales no cedería en lo de la reelección y se llevó una sorpresa. El Gobierno, que sabía que su texto era simplemente inaplicable, aprovechó para hacerlo potable, y lo logró en buena parte, pero lo realmente importante es que los contendientes dialogaron y cedieron, ganaron y perdieron. Como es obvio, el texto resultante del acuerdo no es el ideal, ni para unos ni para otros, pero parece el posible. Lo indispensable es que ese texto posible no siguiera siendo un engendro, como indudablemente lo era el proyecto aprobado a trancas y barrancas en Oruro. Está claro que la nueva propuesta no es ya ese engendro, a pesar de que mantiene algunas contradicciones y algunos puntos de fondo que traicionan el espíritu de igualdad y de interpretación del pasado. Pero aun considerando sus importantes deficiencias, los cambios realizados no son de puro maquillaje, como pretenden algunos; han tocado cuestiones medulares. Veamos algunas. Garantizan la independencia de poderes y reconocen explícitamente la del Poder Judicial, eliminan acertadamente la retroactividad de la ley aplicable para algunos casos, lo que vulneraba principios universales sobre el tema. Precisan la jurisdicción y los sujetos de aplicación de la justicia comunitaria y le permiten apelación, igual que delimitan su jurisdicción geográfica. “Suavizan” la discriminación en la conformación del Tribunal Constitucional y el Órgano Electoral en torno a la presencia indígena, y aunque mantienen una equivocada elección directa de los máximos miembros del Poder Judicial, la matizan con el filtro previo para la selección de candidatos. Incorporan las autonomías a plenitud, aceptando por fin en forma y fondo —y sobre todo con competencias claramente delimitadas— el legítimo triunfo de cuatro regiones en el referéndum autonómico del 2006, reducen razonablemente el alcance de la autonomía regional (que debió ser eliminada), establecen con aceptable claridad los límites de las autonomías indígenas (municipios en los Andes, TCO en los llanos) y respetan a plenitud las autonomías municipales. Limitan los poderes del “Control Social”, aunque sus potestades y modos de elección siguen siendo equívocos y cuestionan el principio de valor del voto directo frente al poder de las organizaciones corporativas de la “sociedad civil organizada”. Queda claro que el Presidente no hace libre interpretación de la reelección y acepta su actual gestión como un eventual primer periodo de gobierno, lo que posibilita una sola reelección consecutiva. Lo ideal hubiese sido periodos de cuatro años con una sola reelección y con la prohibición explícita de una nueva elección después de pasado un periodo constitucional. Es saludable, finalmente, que la reforma parcial de la Constitución se haga por dos tercios de votos y no por mayoría absoluta, lo cual daba lugar a la tentación autoritaria. Con sólo estos ejemplos, de entre muchos de los cambios realizados, apreciamos un avance en un texto que no es ya el esperpento de Oruro y que permitirá al ciudadano un voto consciente por el Sí o por el No, sobre un texto debatible, no sobre un texto imposible. Quedan, sin embargo, serias y profundas reservas en algunas cuestiones. Hay partes del preámbulo —que es bastante más que un adorno retórico— que hacen una inaceptable interpretación de la historia por la vía expedita y absurda de afirmaciones y negaciones sin sustento, como si el pasado se pudiera acomodar a los caprichos de cada quien. El Art. 2 marca una discriminación indirecta a favor de los “originarios” (término en sí mismo ingenuo a la luz de la lectura del desarrollo de la humanidad) y en contra de los no “originarios”, al hacer una afirmación innecesaria de los derechos de éstos, ya que esos derechos están ampliamente cubiertos en todo el texto constitucional. Es también inaceptable y discriminatoria la obligación de hablar al menos dos idiomas oficiales del país para ocupar un cargo público, absurdo que inhabilitaría automáticamente a Evo Morales y Álvaro García a ocupar sus cargos si la nueva Constitución gana el referéndum y entra en vigencia. De aquí a enero, valdrá la pena entender que este voto a favor o en contra no debiera ser un voto a favor o en contra de Morales, sino a favor o en contra de un proyecto de nuevo Pacto Social, producto de un acuerdo de quienes nos representaron en el Congreso, tras el fracaso flagrante de la Asamblea de redactar ese proyecto con espíritu patriótico. Es indispensable entenderlo así, para no volver a polarizaciones destructoras que han llevado al país por el extravío. Hoy tenemos la opción de ir por el camino del buen sentido.

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