Democracia, Equidad y DesarrolloPaís de exiliados y confinados
Hernán Terrazas E.*
Hace mucho tiempo, más de 25 años, que no se escuchaba la palabra exilio en Bolivia. Esos eran términos de otras épocas, cuando las libertades estaban en suspenso y la autoridad podía derribar las puertas de una casa para llevarse a alguien con destino desconocido, ante la mirada de súplica y dolor de los familiares.
Parecía que esa era una historia que había quedado para siempre cancelada; pero, por desgracia, los acontecimientos recientes en Pando y Villamontes confirman que hemos comenzado a vivir en un Estado en el que se castiga el disenso.
Cientos de pandinos tuvieron que huir a Brasil, porque de lo contrario iban a ser detenidos y confinados, sin investigación previa que demuestre su responsabilidad en la comisión de algún delito. Familias enteras han buscado refugio en el país vecino por miedo a ser víctimas de abusos.
Hace algunos días, en Villamontes, otros cuatro bolivianos, sospechosos de haber participado en la toma de pozos de gas tuvieron la desgracia de toparse con los enviados del terror. Fueron interceptados por un grupo de encapuchados armados hasta los dientes y obligados a subirse a dos vehículos que partieron luego a toda velocidad por la carretera hacia Santa Cruz. Parecía un asalto, al extremo de que una patrulla de la Policía emprendió la persecución, pero sólo para enterarse que se trataba en realidad de agentes encubiertos del Ministerio de Gobierno, quienes habían recibido la orden de capturar a presuntos responsables de la toma de pozos de gas en el Chaco durante la primera quincena de septiembre.
Que en Pando hay mucho por investigar para identificar a los responsables intelectuales y materiales de las muertes, eso no está en discusión. A lo sumo, se debe pedir que las investigaciones se realicen de manera imparcial y sin tomar en cuenta las pistas falsas dejadas por el lamentable montaje creado por el Gobierno para construir una mentira o, más bien, una suerte de “verdad” mentirosa sobre lo ocurrido. Lo mismo respecto a la toma de pozos. Es un delito y debe ser sancionado, pero actuando conforme a ese por ahora exótico concepto llamado ley.
El Gobierno aprovecha su coyuntural fortaleza para extender el estado de sitio de Pando a otras regiones del país. Ataca, detiene, intimida e insulta, mientras el Defensor del Pueblo y Derechos Humanos miran hacia otra parte. Incluso hay periodistas, no pocos, que han sido objeto de amenazas y que caminan con tiento por las calles de las ciudades. No vaya a ser que se les invente algún delito.
Por increíble que suene, debemos ser el único país que funciona —muy mal— sin Constitución Política del Estado. La supuestamente vigente es ignorada por quienes juraron defenderla y la nueva es un mamotreto etnosocialista de muy difícil aplicación.
En esa especie de limbo de ilegalidad, el Gobierno hace y deshace con singular descaro. Vivimos tiempos de infamia o, lo que es casi igual, tiempos de “quintanas” y “radas”. La democracia es apenas un recuerdo para los nostálgicos y el derecho un concepto en desuso. Sólo queda expresar la indignación. No callar, para que Bolivia deje de ser en el menor tiempo posible el único país de América Latina con exiliados y confinados.
*Hernán Terrazas E.
es periodista.
