Democracia, Equidad y DesarrolloAsí caería la guillotina
Por: Andrés Soliz Rada *
Algunos piensan que la inviabilidad de Bolivia comenzó en la Constituyente de 1825. Otros creen que los males emergieron con la llegada de los españoles al continente, en 1492. A fin de encontrar explicaciones más cercanas, estimamos que el horizonte se nubló para el país el 17 de mayo de 2005, al aprobarse la Ley de Hidrocarburos 3058. Se dirá que eso es absurdo ya que la “3058” elevó los ingresos estatales del 18% al 50%. El 18% inicial no deja nada a YPFB, ya que el 11% es para los departamentos productores, el 1% para Beni y Pando y el 6% para el TGN. El 32% adicional (denominado IDH) tiene el siguiente destino: 16% para los cuatro departamentos productores, 10% para los cinco no productores y el 6% para el TGN, pueblos indígenas y originarios, comunidades campesinas, municipios, universidades, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros. Otra vez nada para YPFB. El artículo 57 de la citada ley se asemeja a arrojar una res a un foso de lobos hambrientos, para ver cómo los lobos se despedazarán entre sí.
La tercera nacionalización, del 1 de mayo de 2006, dispuso que durante seis meses se eleven los tributos en otro 32% (con lo que se llegó al 82%) de la producción de los mega campos de gas, descubiertos por YPFB y entregados gratuitamente a Petrobras y otras compañías. Ese nuevo ingreso estaba destinado a la petrolera estatal, el que debía consolidarse después de auditorías a los campos de hidrocarburos. El Gobierno de Evo Morales no tomó en cuenta las auditorías y firmó contratos con las petroleras, con lo que se volvió al 50/50 de la “3058”.
Entre tanto, se incrementó el precio internacional del petróleo, lo que abrió aún más el apetito de las fieras enjauladas. El MAS utilizó el 32% conseguido con la nacionalización en pagar el Bono Dignidad (a los ancianos) y el Bono Juancito Pinto (a los escolares). Cuando este segundo 32% dejó de ser pagado por las petroleras, recurrió a los esmirriados fondos de YPFB. Para colmo de males, las reservas monetarias del Banco Central de Bolivia (BCB) son exportadas a intereses ridículos a bancos, gobiernos y transnacionales del primer mundo.
La experiencia enseña que las petroleras aceptan ceder parte de sus ingresos con dos condiciones: Que no se desarrolle la empresa estatal y que el valor agregado a la materia prima (termoeléctricas, GTL, Petroquímica, etc.) esté bajo su control y, en el caso boliviano, fuera de las fronteras del país. Para cumplir este objetivo, Petrobras contó con operadores claves. Un caso paradigmático es el del prefecto de Tarija, Mario Cossío, cuya trayectoria es la siguiente:
Hombre de confianza de Gonzalo Sánchez de Lozada durante la liquidación de YPFB, entre 1993 y 1997. Presidente de la Cámara de Diputados en la aprobación de la Ley 3058 y principal impulsor de la Ley Tarija 3065, del 30 de mayo de 2005, por la que este departamento puede suscribir contratos petroleros de espaldas al Estado. El periodista Humberto Vacaflor sostuvo que el canciller Amorín tomará contacto con Cossío para garantizar el suministro de gas al Brasil. El Prefecto tarijeño acaba de proponer la partición de Bolivia en un Estado binacional y la elección de parlamentarios regionales, a fin de acelerar el separatismo.
Carlos Mesa, en su libro Presidencia Asediada, dice que, antes de aprobarse la Ley 3058, recibió la visita del candidato Evo Morales y su comitiva para discutir el referéndum de gas. Explica que esa comitiva masista estaba integrada por el tecnócrata Gastón Mujía. Lo que no dice (tal vez porque no lo sabía) es que Mujía es representante de la francesa Total, interesada también en que YPFB no se capitalice y que no se exporte gas con valor agregado. Si no se recapitaliza YPFB y no se exporta gas con valor agregado, la guillotina de la inviabilidad terminará por caer sobre Bolivia.
* Ex Ministro de Hidrocarburos
