Constitución inadmisible

Alberto Zuazo Nathes*
El proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) que emergió como producto exclusivo del MAS, de la fallida Asamblea Constituyente del año pasado, es definitivamente inconciliable con la democracia restaurada en Bolivia en 1985. Es más bien un engendro amorfo que no puede inscribirse en sistema político alguno, salvo el autocrático para dar rienda suelta a las reelecciones.
El gobierno de Evo Morales tiene que saber que una Constitución no puede ser la declaración de principios o el programa de un gobierno, cualquiera sea éste. Aquí y en cualquier parte del mundo, es un compendio de las distintas expresiones políticas que existen en un país, sin considerar que sean mayoritarias o minoritarias, porque en los procesos electorales pueden producirse cambios de posición al respecto.
De igual manera, tiene también que recoger el sentir y la voluntad de las organizaciones cívicas y sociales, con la única condición de que sean verazmente democráticas, no de las poses circunstanciales que suelen adoptar algunos grupos totalitarios o fundamentalistas. Menos de tránsfugas y arribistas de gobiernos —como del actual— carentes de principios ideológicos sustentados en las concepciones de libertad, tolerancia y respeto a los derechos de los demás.
Otro requisito esencial que tiene que preverse, cuando se elabora una nueva Constitución, es su intemporalidad. Los países más avanzados en este orden conservan sus constituciones desde que nacieron a la vida independiente y democrática, con lo que aseguran su estabilidad, gobernabilidad y normal desarrollo económico y social. A la postre, han resultado ser las mayores potencias del mundo.
El Gobierno, después de haber fracasado en su intento de imponer su proyecto de Constitución mediante decreto, ahora ha recurrido al Congreso Nacional para que convoque a dos referendos: uno dirimitorio, sobre la extensión que debe tener la propiedad de la tierra —entre un mínimo de 5.000 hectáreas y un máximo de 10.000—, y, el otro, aprobatorio de la nueva Constitución.
Lo que no resiste la menor lógica es que la población vote a fardo cerrado por la totalidad del proyecto de Constitución del MAS, en sus 411 artículos. En el Congreso Nacional forzosamente tiene que concertarse un nuevo texto; de lo contrario, no habrá una Constitución democrática en Bolivia.
Sin que el Gobierno ejerza apremio por la concertación de un nuevo proyecto de CPE, hay la posibilidad, sin embargo, como se ha propuesto anteriormente, que para el efecto se tomen en cuenta los proyectos aprobados en las comisiones de la Asamblea Constituyente, tanto por mayoría como por minoría. El voto en el Congreso deberá regirse sobre los dos tercios, de manera que nadie gane ni pierda, es decir que la CPE sea producto de un consenso y no de una imposición autoritaria.
En el caso de procederse así, Bolivia podrá, finalmente, después de tantos forcejeos, contar con un Contrato Social, garantía de unidad y gobernabilidad.
*Alberto Zuazo N.
es periodista.
Democracia, Equidad y Desarrollo


















