Carlos Alarcón*

Lo que más necesita Bolivia en estos momentos es unidad y paz. La única forma de lograrlo es a través de un pacto social de inclusión y justicia para todos los bolivianos que se concrete en la nueva Constitución. He aquí algunas claves que podrían facilitar el camino hacia la integración y conciliación de las dos visiones de país y la compatibilización del proyecto de nueva Constitución con los estatutos autonómicos:

1. El modelo de Estado tiene que combinar adecuadamente los elementos comunes y universales que unen a todos los bolivianos con los elementos particulares y diversos que legítimamente los diferencian. En un primer plano, lo común: Nación boliviana; república libre, soberana e independiente; Estado de derecho, democrático y social. En un segundo plano lo diverso, reconocimiento de: los pueblos (¿naciones?) y culturas indígenas y afrobolivianas; las autonomías departamentales, municipales e indígenas; el pluralismo jurídico, político, económico y social.

2. La representación política territorial y poblacional. La territorial sobre la base de la igualdad de representación de las unidades políticas equivalentes y la poblacional sobre el criterio de representación proporcional para que estén representadas equitativamente las mayorías y minorías de acuerdo con su peso demográfico específico.

3. La adecuada delimitación constitucional de la justicia ordinaria y de la indígena, sobre la base del fundamento universal de la primera y el particular de la segunda. La justicia ordinaria vincula a todos los habitantes por el solo hecho de encontrarse en el territorio nacional; en cambio, la justicia indígena sólo vincula a los miembros del respectivo grupo o comunidad cultural. Sobre esta base se distinguen adecuadamente sus ámbitos de vigencia material, personal y territorial y se reconoce la igualdad de rango constitucional de ambas.

4. La autonomía indígena no funciona como un concepto contrapuesto a la autonomía departamental y municipal. Se configura como autonomía departamental o municipal si se dan las condiciones constitucionales para ello, definiendo y asumiendo en los respectivos estatutos de gobierno la respectiva identidad indígena y los usos y costumbres que tendrán vigencia dentro de esa unidad de gobierno. Ej: si en un departamento o municipio existe un 80% de la población que en el censo oficial se identifica como perteneciente a un pueblo o cultura indígena, esa población puede organizarse como un departamento o municipio indígena. Si la cantidad de población con esta identidad es menor, puede configurarse dentro del departamento o municipio como una entidad territorial descentralizada con importantes competencias y recursos financieros.

5. Los recursos naturales de propiedad de todos los bolivianos y de uso y aprovechamiento para todos los bolivianos. Las políticas de la tierra son legisladas y reglamentadas por el nivel nacional y ejecutadas por el departamental con control a cargo de la justicia agraria.

*Carlos Alarcón
es abogado constitucionalista.