Democracia, Equidad y DesarrolloLa crisis del principio de autoridad
Por: Renzo Abruzzese *
El principio de autoridad se recuperará cuando la justicia, la ley y las normas dejen de ser el botín del ganador.
Cuando algunas instituciones quisieron nombrar Prefecto de Sucre luego de la renuncia de la autoridad interina, el Presidente se aferró a la Constitución Política del Estado y no dio un paso fuera de lo normado por ella: elecciones y el “soberano” decide; así fue y Sucre eligió a su Prefecta. Seguramente en el caso del Prefecto de La Paz ya no valen los argumentos presidenciales y la CPE —esta vez— está de juerga. Este proceder se ha hecho norma.
Cuando al Gobierno le conviene, las leyes son inflexibles. Inflexible fue el Vicepresidente cuando contestaba a los periodistas que “la ley se cumple” refiriéndose a la Ley de Convocatoria al Referéndum Revocatorio que, como sabemos, establecía unos curiosos porcentajes que terminaban beneficiando al Presidente y Vicepresidente. Ahora, como el Prefecto de Oruro no llega a ese porcentaje, el Gobierno se olvidó de sus amenazas y prefiere que sea nomás como siempre; el 50 por ciento más uno. Adiós el imperio de la ley.
Si se contabilizara la cantidad de veces que el Poder Ejecutivo torció las normas a su favor, incluido el vergonzoso procedimiento desplegado a efectos de redactar la CPE del MAS (que terminó de elaborarse en una oscura oficina gubernamental entre gallos y medianoche), no debería sorprender a nadie que exaltados autonomistas arremetieran contra la Policía cruceña la semana pasada.
En el imaginario colectivo estos eventos dejan su propia huella. La instrumentación de la justicia y el permanente manejo mañoso e interesado de las normas se muestran como un abuso de poder, al extremo de que más de un sector le ha hecho notar al presidente Morales que Bolivia no es “su juguete”. Más allá de esto, el efecto estructural de semejante accionar termina socavando todas las formas de legitimidad y destruye el principio de autoridad.
En efecto, ante la airada reacción gubernamental en respuesta a la golpiza que exaltados autonomistas cruceños emprendieron contra la Policía, una buena parte de los ciudadanos se pregunta por qué el Gobierno no reaccionó con la misma vehemencia cuando —muertos de por medio— la Policía cooperó con los presos del penal de Sucre mientras se fugaban en sus narices. Se suman a esto las curiosas y hasta jocosas explicaciones que suelen dar sus viceministros.
La autoridad no se sitúa en las abscisas del interés y la obediencia servil, se localiza en las abscisas del bien y del mal, en el horizonte de la norma y la ley, en el imperio de Lo Justo. No sirve de mucho que el Presidente instruyera “dar con los autores” de los desmanes del 15 de agosto, porque los autores en realidad no son los ciudadanos que llevados por sus propias iras agreden y destruyen. La autoría final hay que encontrarla en esa estructura institucionalizada de dependencias y subordinaciones espurias mediante las cuales la ley sirve cuando así lo deciden los poderosos. El principio de autoridad se recuperará en Bolivia cuando la justicia, la ley y las normas sean respetadas en primer lugar por los mandatarios, y cuando éstas dejen de ser el botín del ganador. Sólo entonces gobernantes y gobernados podrán asumir como evidente que hay preceptos de cumplimiento universal. Entretanto, nadie tendrá el aval moral para exigir nada.
*Sociólogo y profesor universitario
