Juan L. Cariaga*

En mis 39 años de vida profesional, nunca he visto un gobierno —en Bolivia o en el extranjero— que tome tantas medidas en contra de la producción o del empleo, como las que está tomando el actual Gobierno.

Creo que no se necesita ser economista para darse cuenta de que la gestión de un gobierno se mide, principalmente, por el crecimiento de la economía. Este crecimiento, naturalmente, es el que permite a los gobiernos incrementar sus gastos en inversión social (inversión en salud y educación, que es la principal función del Gobierno) y la generación de empleos en la economía.

Por otro lado, creo que tampoco se necesita ser un avezado político para darse cuenta de que lo que quiere la mayor parte de la ciudadanía (sino toda) es precisamente mejor salud y educación, y mayores empleos; y no los malabarismos y las promesas a los que generalmente están acostumbrados los políticos. Veamos, entonces, qué está haciendo el Gobierno para atentar contra la producción y el empleo:

1.- La inversión, como la fuente más importante del crecimiento: Desde hace dos años y medio que el Gobierno ha hecho todo lo posible por atemorizar tanto al inversionista nacional como al inversionista extranjero. En otras palabras, el incumplimiento de la ley, la permanente fustigación a las instituciones del Poder Judicial (particularmente al Tribunal Constitucional), la destrucción del sistema regulatorio y las persistentes amenazas de nacionalización y confiscación de tierras, no han hecho otra cosa que reducir los niveles de inversión en Bolivia, particularmente la inversión extranjera, a niveles absolutamente críticos, respecto a la que el país tenía en el año 2000. Esto es lo que se llama la falta de seguridad jurídica.

2.- Rechazo a los grandes mercados: En economía, la condición sine qua non para incrementar la producción es contar con mercados. Lamentablemente, el Gobierno sistemáticamente ha rechazado las ofertas de llegar a acuerdos comerciales con los grandes mercados (EEUU y Europa), que no sólo garantizarían la posibilidad de vender grandes volúmenes de producción, sino también la posibilidad de atraer inversión extranjera, para incrementar la producción que satisfaga la demanda de dichos mercados. Desacertadamente, el Gobierno ha optado por el modelo endógeno (vender al mercado doméstico y pobre) o vender la producción a países pobres o que no necesitan la producción boliviana, como es el caso del Alba.

3.- Castigo a las exportaciones: La única posibilidad que tiene de crecer la economía boliviana es a través de las exportaciones, pues vender al mercado interno no garantiza ningún crecimiento. Sin embargo, el Gobierno ha resuelto castigar sistemáticamente a la producción nacional, sobre todo las exportaciones, con medidas tales como la apreciación cambiaria —que las hace menos competitivas y, por otro lado, favorece a las importaciones— pero, más grave aún, a través de la prohibición de exportaciones recientemente dictada, particularmente en el caso de la producción agroindustrial. Es importante señalar que la prohibición de exportaciones es, a todas luces, inconstitucional.

4.- Libre importación y contrabando: Lamentablemente, el Gobierno está utilizando la libre importación como instrumento de lucha antiinflacionaria, ignorando el efecto que tiene ésta sobre la producción nacional. Para colmo, el contrabando (la importación ilegal) ha llegado al nivel récord de 1.100 millones de dólares en el año 2007, según ha sido reportado en la prensa últimamente; a vista y paciencia de las autoridades aduaneras. No hay peor daño a la producción nacional que el contrabando, pues éste habría significado para el año 2007, entre 500 mil y un millón de empleos.

Señor Presidente, personalmente, yo no creo que ningún boliviano esté en afanes de hacer caer su Gobierno, como lo afirman algunos de sus parlamentarios. Creo que todos los bolivianos estamos en la obligación de respetar la democracia y los plazos constitucionales. Sin embargo, los bolivianos también estamos en nuestro derecho de reclamar cuando las cosas no se hacen bien.

Por lo tanto, dejemos de engañarnos con la aplicación de políticas económicas equivocadas. La ley de Murphy —que no es otra cosa que la aplicación práctica de la Segunda Ley de la Termodinámica de la Física— dice que si las cosas se hacen mal, indefectiblemente irán mal…

*Juan L. Cariaga
es economista y escritor.