Carlos Toranzo Roca*

Un régimen democrático basado en el Estado de Derecho es aquel donde son posibles y existen los check and balances, los pesos y contrapesos de toda democracia representativa, donde existe no sólo el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Judicial y el Poder Legislativo dotados de independencia, además, es el lugar donde existe un poder electoral independiente que es el corazón de toda democracia. Hace mucho tiempo no existe, más bien, no funcional, el Tribunal Constitucional, su inexistencia genera o acentúa muchos problemas de esta democracia confrontacional que vivimos los bolivianos. ¿Es legal el proyecto de Constitución aprobado en Oruro? Sobre esto hay muchas, pero muchas opiniones, las más se inclinan a apuntar su ilegalidad y, además, se lo apunta con el dedo de la ilegitimidad. Pero bajando la pasión a la discusión política, ¿quién puede definir o no la legalidad o ilegalidad de ese proyecto? Con certeza que debería ser el Tribunal Constitucional. Son legales o no los proyectos de estatutos autonómicos y las convocatorias a referéndum para su aprobación. Está claro que para el Gobierno no son legales y que, para la opinión de las regiones, son legales. De nueva cuenta, ¿quién puede definir la legalidad o no de esos proyectos? Nos parece que es exclusivamente el Tribunal Constitucional el que debería hacerlo. No se trata de que la Corte Nacional Electoral opine sobre la legalidad o no de los referendos, de todos los que vienen, esa no es su competencia, la es del Tribunal Constitucional. A la CNE lo que le compete es administrar de manera transparente y eficiente los actos electorales, permitiendo que el voto de los ciudadanos cuente y sea respetado. La CNE debe facilitar administrativamente el proceso de votación y contar los votos, repetimos, esa es su competencia. Y que el Tribunal Electoral se encargue de definir qué es legal y qué no lo es.

Vistas así las cosas, es de la máxima importancia para la democracia boliviana que Gobierno y oposición, a través del Congreso, se den a la tarea de llenar la acefalías del Tribunal Constitucional y que lo hagan de manera transparente, respetando las concertaciones y consensos para que la democracia sea fortalecida, sin abrir la puerta para que un poder subordine a otro. Las subordinaciones de los demás poderes, incluido el electoral, al Ejecutivo no son buenas señales para el funcionamiento de la democracia.

Además, debido a que existen muchos procesos electorales en el camino, es necesario entender que la CNE debe ser fortalecida, llenando también sus acefalías, pero haciéndolo de manera democrática, con base en el consenso político y no en las imposiciones de nadie, menos aún del Gobierno, pues si algo precisa Bolivia es un Poder Electoral fuerte e independiente para que pueda administrar con transparencia y con independencia todos los referendos que se avecinan. Es hora de pensar en esos temas que son fundamentales para la democracia.

*Carlos Toranzo R.
es economista y
analista político.