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(En democracia, los acuerdos políticos son indispensables; sin embargo, cuando éstos (los acuerdos) carecen de objetivos claros o esconden propósitos mezquinos, son aun peores que la propia falta de acuerdos.

Por: Eduardo Campos V. (*)

Creo que ha pasado un tiempo suficientemente prudente, como para referirse sin apasionamientos al tema de la elección de magistrados. De manera general, este suceso que centró la atención de la ciudadanía hace poco más de 3 semanas, ya es parte de la historia (reciente) de la política boliviana y debiéramos intentar abordarlo como parte de las lecciones aprendidas.

Cuando el Congreso de la República comenzó a tratar el tema de la elección de magistrados de la suprema (de los 4 cargos acéfalos), el vicepresidente de la república, de manera por demás efusiva, manifestó que – esta vez – se iban a superar las practicas del “cuoteo” que caracterizó la anterior década, eligiéndose a los mejores hombres y mujeres. Este anuncio - por demás desmedido, sobre todo en relación a los resultados – finalmente acabó doblegándose ante la realidad, de manera que al final, todos (o casi todos) hemos quedado con la impresión de que en este tema (y no el único) no se ha cambiado lo suficiente en la manera de hacer política. Parece que aún políticamente es rentable “decir” lo que la ciudadanía quiere oír y, “hacer” lo que conviene a sus intereses.

Pero más allá de la percepción ciudadana – que casi en su generalidad es de disgusto e incluso indignación – lo evidente es que se tuvo que llegar a acuerdos políticos para superar el empantanamiento de la elección. En estricto sentido, no esta mal que se haya llegado a un acuerdo para la elección. En democracia, los acuerdos políticos son indispensables y sin ellos, no sólo que se empantanan la elección de magistrados (como sucedió en este caso), sino y sobre todo, se inviabiliza la gestión política de desarrollo, que en definitiva es la principal tarea de los parlamentarios y en general de todos los políticos en un régimen democrático.

Pero aun con esa explicación, que los sectores más sensatos de la opinión pública la asumen como correcta, no dejan de preguntarse: ¿por qué, si esta vez se habían comprometido a elegir a los mejores hombres y mujeres como magistrados, acabaron – como siempre - eligiendo a sus preferidos? La respuesta a ésta pregunta, inevitablemente nos lleva a otra pregunta: ¿Si pudieron ponerse de acuerdo para elegir magistrados, por qué no se ponen de acuerdo en temas más trascendentales? Por ejemplo, en la reactivación económica y la generación de empleo; en comercio exterior y la gestión de mercados; en lucha contra el crimen y el narcotráfico, etc., etc. Es la constatación de que no hacen muchos esfuerzos de concertación en los principales temas de la problemática nacional, lo que lleva a la sospecha de que en este caso (la elección de los magistrados) apenas se trató de un acuerdo de conveniencia.

Pero para no quedarnos con conclusiones tan generales, veamos que sucedió en el proceso mismo. Indudablemente un primer error fue la inclusión de “nuevos” requisitos por encima de la propia convocatoria y los que las leyes establecen ¿Qué sentido tenían entonces la convocatoria - si en pleno proceso – se modificaron arbitrariamente los requisitos y procedimientos de elección? De esa manera, sin argumentos válidos se separaron del proceso a más de 150 profesionales que cumplían con los alcances de la convocatoria. Por otra parte, los “filtros” que se incorporaron, como aquel de separar a todo abogado postulante que haya defendido a empresas extranjeras, en estricto sentido es un atentado al derecho del ejercicio libre de la profesión de abogacía, consagrado por la propia Constitución Política del Estado y los principios del derechos internacional.

Por su parte, los propios postulantes, también se prestaron a un “manoseo” inaceptable. ¿Cómo es posible que acepten someterse a exámenes escritos y orales, para probar su trayectoria profesional e idoneidad? Estamos hablando de abogados con una trayectoria profesional de más de 20 años. Personas, que no están comenzando su actividad profesional y tienen – mas allá de su pretensión de ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia – todo una trayectoria de vida. Dar exámenes escritos u orales para probar la trayectoria profesional y la idoneidad es admisible en cualquier parte del mundo. Lo que se califica - al margen de los requisitos exigidos por ley - son los méritos acumulados, la trayectoria alcanzada, el buen desempeño de sus funciones (extremo que se prueba con certificaciones de inexistencia de cargos en su contra). No se, si la excesiva pretensión de culminar sus trayectorias como supremos o intereses de otro orden, les haya llevado - a todos ellos - a aceptar semejante manoseo. De esa manera – lamentablemente - la prueba de “dignidad” que supera el mero ámbito de los conocimientos, no fue superada por nadie.

Finalmente, como era de esperar, no fue el resultado de los exámenes lo que determino la elección de los nuevos supremos, sino un acuerdo político entre las dos principales fuerzas parlamentarias (el MAS y PODEMOS), acuerdo que – por lo menos a ojos de la opinión pública – no difiere a los del pasado, porque claramente no se pusieron de acuerdo en el tema central que hace a la justicia boliviana: La necesidad de garantizar la independencia de poderes y el respeto a las normas y leyes que rigen nuestra vida en democracia.

Por lo demás, sólo el accionar de los nuevos magistrados elegidos, nos esclarecerán a futuro, si ésta vez más se obró como en el pasado. Antes que centrar nuestro interés en la sospecha de un probable “cuoteo” en el acuerdo alcanzado, debiéramos “esperar” que estos (los acuerdos políticos) superen el ámbito de los meros nombramientos. Es hora que se logren acuerdos políticos para bien del interés nacional. Si no se logran acuerdos, imagínense como acabará la Asamblea Constituyente y cual será el futuro del país en el que vivan sus hijos.

*) Director A. C. Cramer