María Teresa Zegada*
La democracia está basada en el pluralismo y no sólo prevé, sino también alienta la realización de acuerdos y pactos políticos como mecanismos idóneos para lograr consensos y gobernar.
En la historia política boliviana, después de la explosión de diversidad de expresiones políticas que acompañó la recuperación de la democracia, y luego de la experiencia de la UDP signada por una coalición gobernante altamente inestable y un parlamento opositor y obstructivo, los bolivianos aprendimos a hacer acuerdos para vivir en democracia. En principio, se trataba de pactos para gobernar y controlar los poderes del
Estado, luego acuerdos entre oficialismo y oposición con el fin de preservar y consolidar la democracia, como aquellos acuerdos históricos de principios de los noventa; en definitiva, los pactos y acuerdos en sí mismos no son nocivos para la democracia.
El problema está, cuando estos acuerdos y/o pactos políticos se realizan de manera instrumental, es decir, en función de intereses particulares y pasando por alto diferencias ideológicas, principios y valores fundamentales con el mero fin pragmático de obtener beneficios mutuos. Esta lógica política, que comenzó cruzando ríos de sangre el año 89 y mereció el denominativo de “democracia pactada” como adjetivo peyorativo, pasó a la historia junto a los partidos “tradicionales” que expresaban un comportamiento pragmático asociado al “cuoteo político”, el “patrimonialismo”, el “prebendalismo”, y finalmente, la corrupción. Así, provocaron progresivamente la pérdida de credibilidad de la ciudadanía en la política y en los políticos, la desconfianza en el poder y el cuestionamiento al ejercicio democrático que apenas comenzaba a caminar con sus propios pies.
Una de las tantas explicaciones para entender el desplazamiento de los partidos tradicio- nales del escenario electoral y el voto mayoritario por el MAS, radica en que este movimiento político se desmarcó de esa lógica perversa, embanderó un cambio en el comportamiento de las élites políticas y fue radicalmente crítico a los partidos y gobiernos anteriores. No obstante, para enfrentar este problema no es suficiente un acto discursivo o de buena voluntad.
Por estas razones, la circulación en los medios de denuncias y desmentidos en relación a un supuesto “acuerdo” entre el MAS y Podemos en la recta final de la elección de magistrados, nos remite nuevamente a aquellos comportamientos censurados en su momento. Aquí cabe diferenciar claramente los acuerdos que buscan el bien común —para ponerlo en dos palabras— y se realizan con transparencia, de aquellos en que se juegan beneficios políticos particulares, ojalá este momento signado por el cambio no naufrague en las viejas lógicas partidarias.
Por último, la resolución de los artículos conflictivos en la Constituyente será una prueba de fuego para los políticos que deberán propiciar acuerdos orientados a la concertación del nuevo texto, ojalá muy distantes de la actitud de Félix Cárdenas, presidente de la comisión Visión de País, que es el caso más paradigmático de intolerancia y falta de visión, porque a la hora de hacer acuerdos no hay que confundir principismo y respeto a los valores democráticos con falta de sentido común y tozudez.
*María Teresa Zegada
es socióloga.