No se pueden caracterizar sino de temerarias, prepotentes y amenazadoras, las declaraciones que desde pasados días vienen emitiendo el presidente Morales y varios de los principales hombres del gobierno, en contra del Tribunal Constitucional. Las mismas, no hacen otra cosa que desnudar ese perfil totalitario que cada vez menos indisimuladamente se maneja en las esferas de gobierno. Sostener que el Tribunal Constitucional está demás, por que no responde a sus mandatos, es evidentemente una nueva prueba de los “arrebatos” autoritarios a los que ya nos tiene acostumbrados el primer mandatario - pero sobre todo - se trata de una amenaza velada para todos aquellos que no estén dispuestos a someterse a sus caprichos.

Es paradójico pero esos ataques desmedidos del propio presidente, son contra el mismo tribunal que hace algunos años le restituyó todos sus derechos, cuando de manera arbitraria se lo separó de la Cámara de diputados. Ayer (en aquel entonces) era una institución justa y democrática que había que defender; hoy se la defenestra porque no coincide con sus criterios e intereses. Esa actitud no es coherente con sus propuestas de cambio; no es responsable en términos institucionales y; menos democrática en términos políticos. Se trata a todas luces, de una nueva muestra de los niveles de dependencia política e ideológica - que cada vez resultan mayores – respecto de Hugo Chávez, de quien no dudan en copiar todo.

Evidentemente en la opinión pública, existe una percusión altamente crítica respecto del desenvolvimiento del poder judicial, pero esta percepción (que no sólo es respecto a este poder) no puede tomarse como argumento válido para justificar una intervención. Todos coinciden en señalar que vivimos tiempos de cambio, pero estos (los cambios) no se los puede efectuar sobre la base de amenazas, atropellos, y amedrentamiento. En democracia, la independencia de poderes es la garantía del estado de derecho y los intentos de subordinar el accionar independiente de estos órganos no se puede tipificar, sino de autoritarismo

Ahora del atropello verbal (al que casi ya estamos acostumbrados) han pasado a la persecución y el amedrentamiento – esto es lo peligroso - utilizando para ello, el propio aparto del Estado. ¿Cómo se puede entender que se hayan expedido mandamiento de detención para los supremos del tribunal constitucional, sin que se haya cumplido el plazo para su comparecencia ante la comisión mixta del congreso?, ¿quién organiza y “autoriza” esas medidas? Por supuesto que no se trata de un error involuntario, es en todo caso, la señal de miedo que quieren difundir y no sólo para los magistrados del poder judicial, sino sobre todo para los ciudadanos que no comulgan con sus ideas. Se tratan de las mimas señales de miedo con las que Hugo Chávez gobierno en Venezuela y que peligrosamente ahora se las empieza a utilizar en nuestra sociedad.

En lo particular, la resolución del Tribunal Constitucional, reconociendo la legalidad del nombramiento de los cuatro magistrados por el ejecutivo (de manera excepcional como lo establece la propia ley, cuando no esté en receso el Congreso) y estableciendo – también – que éstos (los magistrados nombrados a dedo) no pueden continuar ejerciendo jurisdicción, porque su mandato es temporal y de manera interina, repone una atribución del poder legislativo, órgano que por ley es el competente para efectuar el nombramiento de magistrados del poder judicial. Resistirse a cumplir esta resolución y lo peor, aprovechar esta situación para defenestrar al Tribunal Constitucional no puede sino tipificarse de un flagrante atentado a la institucionalidad del país.

El fortalecimiento institucional del estado es una prioridad que debe encarase en el marco del pleno respeto al estado de derecho. Cualquier intento de hacerlo de manera arbitraria, terminará ocasionando que el remedio sea peor que la enfermedad. Por ahora, el nuevo diseño de la ingeniería institucional del país, está en manos de la Constituyente y lo sensato - en todo caso - es esperar que está concluya con su labor, proponiéndole al país una nueva carta magna.

Por más que la propaganda oficialista se esfuerce por hacer creer que Bolivia cambia y que Evo cumple, lo cierto es que por sus propias acciones, el gobierno cada vez da más muestra de estar transitando rumbo a un régimen totalitario. Los sistemáticos ataques a los prefectos que no son de su línea, al Contralor General de la República, a los magistrados del Tribunal Constitucional y en general del Poder Judicial, son sin duda pasos que Hugo Chávez ya a transitado en Venezuela y que mecánicamente pretende aplicarlos en nuestro país.

La historia nos enseña que los regimenes totalitarios, siempre comienzan con ataques a la institucionalidad, para luego ir contra los individuos. El Estado, en estricto sentido, no es otra cosa que la representación del interés colectivo y, aun con sus limitaciones, se constituye en la garantía de la convivencia pacifica entro los miembros de una sociedad.

*) Director A. C. Cramer

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