Gonzalo Chávez A.*

La Asamblea Constituyente viene recibiendo decenas de propuestas sobre el tipo de autonomía deseable para Bolivia. Sobre la mesa del debate existen proyectos del nuevo Estado descentralizado presentado por regiones, movimientos sociales, intelectuales, partidos políticos, ONG y otras organizaciones. La variedad es muy amplia, hay para todos los gustos e ideologías. Como el tema étnico está en boga, muchos de los ofrecimientos tienen fuertes influencias de la antropología y/o la sociología. Cada una de las sugerencias redibuja regiones, municipios y departamentos, en la amplia geografía nacional, con criterios de los más heterogéneos. En un último seminario que asistí sobre el tema, alguien se atrevió a decir que no había nada más peligroso que antropólogo dibujando mapas. No voy a describir las decenas de propuestas ni tampoco me tomaría la libertad de hacer una clasificación de ellas, pero hay algo común en todos los proyectos sobre el tipo de autonomía para el país. Sufren del síndrome del arquitecto.
Todos diseñan espectaculares planos de lo que podría ser el nuevo edificio estatal que cobije a los bolivianos (as). Sin duda, hay diseños de arquitectura institucional y legal muy creativos, pero la sensación que tengo es muy parecida a la que se experimenta cuando se habla, por primera vez, con un arquitecto joven que construirá una casa. El profesional del espacio y de las líneas nos hace soñar, dibujando el hogar de las fantasías. Muchos cuartos para las hijas, amplias salas de recepción, dormitorios donde uno podría jugar oculta oculta, escritorios fantásticos, cocinas-templos de la culinaria, y dos o tres pisos. Uno vuela en cada línea dibujada por el arquitecto y se imagina un futuro feliz en la nueva casa. Pero pasado este primer momento, viene la pegunta que nunca uno quiere hacer: ¿cuánto me costaría esta morada? Inmediatamente uno cae en la dura realidad de los billetes y la goma de pan del proyectista comienza a trabajar borrando cuartos, paredes, salas y baños. Uno recibe un sopapo del presupuesto y ve que su realidad es construir una casita a medias aguas y en varias etapas.
No hay duda que el proceso autonómico, cualquiera que sea la cara que adquiera, es irreversible, pero lamento incomodar a los arquitectos sociales, antropólogos, cuentistas políticos y otras hierbas que están dibujando mapas a diestra y siniestra, repartiendo ríos, funciones, quebradas, cerros, responsabilidades como Papá Noel, y preguntarles de cosas tan mundanas como los costos de los cambios propuestos y sus formas de financiamiento. Ni a los revolucionarios ni a los reformistas les gusta hablar de plata. Sufren del síndrome del arquitecto. ¡Uuacala!, gritan al unísono, hay vienen los tecnócratas insensibles que quieren introducir presupuestos a las maravillosas ideas sobre autonomía y descentralización. Pero ni modo, todos sabemos que sin marmaja esto no avanza.
Con la autonomía, cualquiera sea su diseño institucional, el Estado se acerca más al territorio y a las necesidades de la gente. Dados los problemas de pobreza y falta de desarrollo, habrá necesidad de más gastos e inversiones en salud, educación, producción o caminos, también tendrá que financiarse un aparato estatal mayor para implementar políticas públicas locales.
En la actualidad tenemos las prefecturas y los municipios, pero podrán haber otras instancias. Las primeras reciben más del 97 por ciento de transferencias del Gobierno central para funcionar. A las municipalidades grandes sólo se les transfiere el 75 por ciento desde el Gobierno nacional. El otro 25 por ciento de sus recursos provienen de recaudaciones locales, a saber, impuestos a las casas, autos y otros ingresos. Municipios pequeños, especialmente en el área rural, dependen totalmente de la plata del Gobierno central. Según un estudio de Banco Mundial, ´Hacia una descentralización incluyente´, entre 1994 y 2004, las transferencias a los departamentos y municipios pasaron de 3,1 hasta 5,1 del PIB, cerca de 500 millones de dólares. No es de extrañar que hacia el 2010, ya con una nueva estructura autonómica, estos traspasos de dinero estén en torno al 10 por ciento del producto, o sea 1.000 millones de verdes. Ahora veamos cómo podría financiarse esto, una alternativa son nuevos impuestos. El estudio del BM propone un tributo al consumo y otro a la gasolina, pero cobrados localmente. Entre tanto, pero en el mejor de los casos, cobrando todos los departamentos por igual, en el año 2010 sólo se recaudarían 133 millones de dólares y el Estado central seguiría transfiriendo 800 millones para el gasto local. Y entonces, ¿cómo se financian estos recursos?
En el tema de financiamiento de las autonomías de manera agregada, no hemos entrado en las grandes diferencias sociales y económicas que existen entre los departamentos y regiones de Bolivia. El objetivo aquí es solamente llamar la atención para que el debate nacional sobre el proceso autonómico, ahora dominado por los arquitectos sociales y los políticos que dibujan castillos en el aire, se vuelque también a discutir los costos fiscales y la forma de financiamiento de estas reformas. No vaya a ser que estemos ofreciendo una mansión autonómica, ilusionando a la gente, cuando los billetes sólo nos dan para construir una modesta casita de adobe.
*Gonzalo Chávez
es economista.
chavezbol@hotmail.com