Carlos Alberto Mostajo*

En los últimos días ha causado polémica el Impuesto Complementario Minero anunciado por el Gobierno, el cual se prevé que será establecido para que unos productores paguen más y otros menos, dentro del sector minero.

Bolivia ha sido tradicionalmente un país minero; se sabe que la industria minera requiere de fuertes inversiones para su explotación masiva, las que difícilmente podrían ser asumidas por Comibol para desarrollar un sector cuyo desenvolvimiento varía según suben o bajan los precios internacionales de los minerales.

Gracias a que los precios del zinc, la plata, el oro, el estaño y de otros minerales están altos, el año pasado Bolivia logró realizar grandes exportaciones que sobrepasaron los mil millones de dólares, pero el fisco sólo recaudó alrededor de cuarenta y cinco millones de dólares por ese concepto. En esas condiciones, resulta lógico que el Estado obtenga una mayor recaudación de la industria minera, sin olvidar que las empresas mineras nacionales y extranjeras persiguen la obtención de lucro para sus accionistas, hecho que está permitido, es completamente legal y legítimo. En consecuencia, como son esas empresas las que deben efectuar la mayor parte de las inversiones para desarrollar el sector, debemos encontrar un punto de equilibrio en el que el Estado reciba un ingreso justo y en el que las empresas mineras tengan utilidades razonables, tomando en cuenta el alto riesgo y la cantidad de inversiones requeridas en el rubro.

El art. 27 de la CPE establece: ´Los impuestos y demás cargas públicas obligan igualmente a todos. Su creación, distribución y supresión tendrán carácter general, debiendo determinarse en relación a un sacrificio igual de los contribuyentes, en forma proporcional o progresiva, según los casos.´ En tal sentido, dentro de un sector económico no se debe cargar con mayores impuestos a un productor y con menores a otro, porque eso está prohibido por mandato constitucional y generaría una serie de problemas.

Las cargas deben ser establecidas por igual para todos los productores del sector minero. ¿Acaso no tenemos ya una pésima experiencia con el Régimen Simplificado, mediante el que se estableció que unos pocos contribuyentes paguen mayores impuestos mientras que otros no lo hacen, realizando una competencia desleal en detrimento del fisco y de los verdaderos contribuyentes?

Este tipo de discriminaciones impositivas desnaturaliza la libre competencia del mercado y carcome la economía del país. Si se aplica un impuesto complementario a la minería, éste deber ser igualitario para todos los contribuyentes del sector. Es hora de que los impuestos sean parte de la cultura general del país y no una carga que debemos soportar sólo unos pocos.

*Carlos Alberto Mostajo
es abogado.
carlo@mostajo.com