Armando Méndez Morales
Otra vez más el Presupuesto General de la Nación (PGN) ha sido elevado a rango de ley sin la correspondiente previa aprobación del Congreso Nacional, bajo el pretexto de que transcurrieron los 60 días desde su presentación por parte del Ejecutivo. Fue también el gobierno de Sánchez de Lozada, quién hizo lo mismo con el presupuesto correspondiente al año 1996.

Una de las competencias más importantes del Poder Legislativo es precisamente la aprobación del PGN, porque se trata de la concreción de la principal política económica de cualquier Estado, que es la política fiscal, la asignación de los recursos que todo Gobierno administra, que son los impuestos que recauda y el endeudamiento en que incurre año tras año.

Todos los gobiernos, con bombos y platillos, anuncian sus planes de desarrollo, los mismos que se quedan en meros discursos ideológicos y políticos, mientras no se traducen en una asignación programada del gasto público. El PGN de la Nación es un voluminoso documento, lleno de cuadros sin ninguna explicación. Se supone que el presupuesto público es el principal instrumento para que todo Gobierno haga realidad sus propuestas programáticas de manera realista, racional y garantizando, ante todo, la estabilidad macroeconómica.

Un mínimo avance institucional, en cuanto al tratamiento del PGN, debería adjuntar el correspondiente plan gubernamental, que la Constitución denomina "plan general de desarrollo económico y social de la República" y que, en su art. 59 inciso 4), fija su consideración como atribución del Poder Legislativo, como condición para que este Poder inicie su tratamiento y su aprobación. Es una paradoja que el Ministerio de Hacienda exija, a cada entidad pública, incluso a pequeños municipios, al momento de presentarle sus presupuestos institucionales lo que se denomina, el "Plan Anual Operativo" (POA), que no es más que un intento de programar el uso de recursos públicos en cada institución. Jamás el Poder Ejecutivo le hace conocer al Poder Legislativo algún documento que tenga ni remotamente algo de apariencia con un POA del Poder Ejecutivo. A lo más, en la primera página del Presupuesto se encuentra un cuadro bajo el título de "Variables macroeconómicas", que para este año son: tasa de crecimiento del PIB, 5 por ciento; tipo de cambio promedio de Bs 8,08 por dólar; tasa de inflación del 3,7 por ciento; un PIB nominal de 88 mil millones de bolivianos; un indicador de aumento en la eficiencia para la recaudación de impuestos y, finalmente, un numerito que parece completamente inofensivo que se denomina "déficit fiscal" y que se lo indica como un 3,4 por ciento del PIB.

En una democracia se supone que los representantes del pueblo, que son los parlamentarios, son los que tienen la difícil laboral política de aprobar negociadamente la complicada distribución de los escasos recursos públicos en múltiples alternativas, o lo que es lo mismo decir, entre los "movimientos sociales", para ponerlo en los términos ahora de moda en el país, y que no son otra cosa que los grupos de interés que en toda sociedad coexisten. Como esto no sucede, en el país, la verdadera distribución de recursos pasa a ser competencia del Poder Ejecutivo, quien, a cambio de este hecho "inconstitucional", tiene que soportar las presiones en las calles cuando el mismo entra en ejecución.

*Armando Méndez

es economista.