Democracia, Equidad y DesarrolloEL ENFRENTAMIENTO TOCA NUEVAMENTE NUESTRAS PUERTAS
(En vez de atenuar las diferencias para construir un país entre todos, lo que se pretende es exacerbarlas para justificar una aventura totalitaria)
Por: Eduardo Campos V. (*)
Aparentemente, nada de lo que se diga a favor de una salida concertada y democrática a la crisis política e institucional de nuestro país ya es relevante. Una y otra vez, muchos – en los que me incluyo - venimos señalando que la espiral de enfrentamiento en la que nos hemos sumido como país no se resolverá exacerbando nuestras diferencias. Como vemos, no fueron suficientes, ni el referéndum, ni las elecciones, ni la constituyente para superar ese conjunto de contradicciones étnico culturales, sociales y regionales que los “aprendices de brujos” se encargaron de magnificar. Es sobre esa base - la fragmentación de la débil cohesión social del país - que ahora, desde el propio gobierno, se quiere reorganizar el Estado en beneficio de parcialidades. Para ellos, el país se dibuja en blanco y negro. Todo lo que coincide con su discurso excluyente es bueno y todo lo demás, lo distinto – por supuesto – es malo. No importa el mecanismo que se tenga que utilizar, lo que les anima es alcanzar el éxito, el de sus ideas, el de sus sueños de poder. Pero no están solos, tiene como sus mejores aliados, precisamente a sus principales oponentes, las fuerza conservadoras vinculadas al ejercicio del poder en los años 90. Entre ambos viene desgarrando el país, entre ambos se devoran todos los atisbos de institucionalidad democrática. Para unos, nada hay que cambiar y para otros, todo debe cambiarse. Son éstas posturas intransigentes las que continúan polarizando la sociedad boliviana. Son ellos, los interesados en el enfrentamiento, porque evidentemente les trae beneficios.
En una Bolivia plenamente democrática, no tendría cabida los enfrentamientos, las tomas y asaltos. En una Bolivia democrática no tendría cabida los matones, las maniobras y los sobornos. Mientras la fragmentación persista y se agudice, ellos ganan, ellos controlan, ellos se imponen.
En estos días tres temas han vuelto a conmocionar a la sociedad boliviana. Por una parte, las modificaciones de la Ley INRA, que ha tenido el desenlace que conocemos. Antes de celebrar la aprobación de la modificación de la ley, debiéramos preocuparnos por la viabilidad de su aplicación. Y no se trata de defender a los terratenientes. Se pudo haber lo mismo de una manera concertada, lo que hubiera permitido – literalmente – arrinconar y derrotar a los detentores de tierras ilegales, con toda la contundencia de la ley y la aprobación ciudadana. Esta medida, la modificación de la tenencia de la tierra, como otras, la lucha contra el contrabando o el narcotráfico, requieren del mayor consenso posible para que el Estado tenga la mayor posibilidad de aplicar sus acciones. De lo contrario, su ejecución es incierta y no deja de ser apenas una bandera política.
Pero para no prestarnos al juego de ser alineados en uno de los bandos que es lo que se acostumbra en estos tiempos habrá que aclarar nuestra postura. La distribución de tierras en este país es tremendamente injusta, arbitraria e ilegal. No se explica de otra manera que unos tengan más de 200 mil hectáreas y otros ni un metro cuadrado, aun siendo originarios del lugar. Ese régimen es el que genera pobreza y desigualdad, es el que genera los éxodos campo ciudad, el que alienta las diferencias y por supuesta la existencia de liderazgos temerarios y totalitarios. Como señala Roberto Calamita, “La pobreza pertenece a ese orden de aconteceres humanos de los que nadie puede abstraerse, porque todos, de alguna manera u otra, se hallan en ellos implicados” Las tremendas desigualdades que han generado ese régimen injusto de distribución de la tierra, tenían que cambiar y no porque los diga el Presidente, el Vicepresidente o algún funcionario de gobierno. Mantener ese régimen injusto es una cobardía, una inmoralidad, no es democrático. Lo democrático es reponer tierras a los más de 32 pueblos indígenas del oriente que siendo originarios, pobres y excluidos, deben ser la prioridad de cualquier política de distribución. Sin embargo, también es evidente que no basta distribuir tierras a los pobres para superar su situación. Las políticas que apuntan a manosear la pobreza, siempre tiene cara de limosna. No bastan bonos, no bastan tierras, no bastan sobornos y prebendas para que los pobres de este país dejen de serlo.
El otro tema de la coyuntura actual que contribuye a un mayor enfrentamiento, es el referido a la Ley de Control y Fiscalización a los Prefectos. En este caso, resulta paradójico que habiendo profundizado el proceso de descentralización (mayor autonomía regional) con la elección directa de prefectos, se pretenda retroceder a las viejas prácticas centralistas del pasado, cuando éstos (los prefectos) respondían más a los criterios e intereses del presidente y los partidos de turno en el poder, que a los intereses regionales. El argumento de que nadie controla los prefectos, es toda una mentira. El Estado no es sólo el presidente, el vicepresidente y sus ministros. El Estado sobre todo son leyes, normas, procedimientos, sistemas y mecanismos que no han dejado de funcionar y que son la garantía para que todo funcionario público rinda cuentas de sus acciones, incluidos los del poder central. Que se puedan mejorar el conjunto de disposiciones y mecanismos de control y seguimiento a las actividades por la función pública, en hora buena; pero que se quiera hacer de ésta un medio para controlar y destituir prefectos democráticamente elegidos es un factor que contribuye a mayores niveles de enfrentamiento.
Indudablemente, el tema que mayores tensiones y enfrentamiento generan en estos días es el referido a la aprobación del Art. 71 del reglamento de debates de la asamblea constituyente. Resulta casi ocioso volverse a referir a la Ley de Convocatoria que establece los dos tercios para la aprobación del texto constitucional o a las normas que están expresadas en la actual CPE y las prácticas democráticas universales. La mayoría absoluta para aprobar el texto constitucional es claramente ilegal y anti democrática.
Pero veamos algunos otros argumentos. La democracia – como muchas veces lo hemos dichos – es más que simple voto. Es una forma de convivencia (y por supuesto entre distintos, entre contrarios), es una gestión del desarrollo, es la manera organizada y sostenible de dirimir las disputas, las confrontaciones, las diferencias, garantizando que nadie pierde todo. Se pierde todo, en la guerra, en el enfrentamiento fratricida, en el estado de naturaleza, donde el más fuerte, el más poderoso, el vencedor de la contienda arrasa y aniquila al contrario. Ese es el estado de virulencia que la democracia como sistema de organización social ha superado. La experiencia histórica del hombre (como especie) ha reconocido que hasta las victorias más contundentes pueden convertirse en derrotas (las victorias pirricas). En democracia, se gana y se pierde, pero nunca se gana todo y nuca se pierde todo. Lo que sucede es que los ganadores (los que tiene más votos, las mayorías) tienen la prioridad, tiene la ventaja de hacer, de demostrar, de conducir, de dirigir, pero nunca de aniquilar de proscribir, de someter o destrozar. Romper esos límites es desconocer la democracia, es pasar del estado de derecho al estado de naturaleza. Eso es totalitarismo. Y si lo quieren así, de una vez háganlo, ¿haber como les va? Con seguridad se cumplirá esa regla que acabamos de señalar. Se gana, pero a ese precio es claramente una derrota, no sólo para ellos, sino para todos.
*) Director A. C. Cramer
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