Democracia, Equidad y DesarrolloES TIEMPO DE DECIR LAS COSAS POR SU NOMBRE: ¿SOMOS O NO SOMOS DEMOCRATAS?
· La Constituyente no pude ser originaria porque su mandato proviene de una Ley expresa, y
· La aprobación de la nueva CPE sólo expresará el consenso nacional si es por el voto de 2 tercios
Por: Eduardo Campos V. (*)
Ha pasado un mes desde que se instaló la constituyente en Sucre y hasta ahora – en estricto sentido - no se han iniciado las deliberaciones para modificar la constitución. La principal causa de este retrazo, claramente esta relacionada con la intención de ignorar “olímpicamente” el marco legal que dio origen a la propia asamblea.
No es necesario ser experto en la materia para concluir que los 255 asambleistas que se encuentran en Sucre, no tienen ninguna atribución para modificar los alcances de la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente. Esta (la ley) de manera expresa señala que su única atribución es la de aprobar por dos tercios de votos el texto de la “nueva” Constitución Política del Estado. Es decir que esos 255 asambleistas, están allí - en presentación de todos los bolivianos – para alcanzar suficientes consensos que permitan el nuevo pacto social que requiere con urgencia el país. Pretender, atribuirles otras competencias, claramente es arbitrario, ilegal y sobre todo antidemocrático.
Pero si éste razonamiento es valido y coherente, uno se pregunta: ¿por qué se insiste en que la asamblea sea originaria? ¿Qué motiva sostener que la nueva CPE sea aprobada por simple mayoría? En nuestro criterio, éstas actitudes por lo menos tienen tres móviles:
Por una parte, se pretende seguir manejando el concepto de “asamblea originaria” para justificarse ante los movimientos sociales que fueron los que finalmente provocaron – con sus movilizaciones - la ley de convocatoria a la asamblea constituyente. Diríamos que se trata de un propósito ingenuo, casi infantil, que trata de corregir “el error” que cometió el vicepresidente García Linera (en febrero del presente año) cuando acordó con la oposición – para viabilizar la convocatoria - los alcances y el texto de la ley expresa, de manera tal que, sumada a la aprobación de la nueva CPE por simple mayoría, se recuperaría todo lo que perdió en la negociación de febrero y se pudiera aprobar una nueva CPE a su medida. De ser así, la nueva constitución, sólo sería útil para los propósitos del gobierno y no para el interés nacional.
Por otra parte, mantener el criterio de una asamblea originaria que tome decisiones por simple mayoría, esta relacionada con las dificultades que ha enfrentado el gobierno para “copar” las instituciones del Estado. Dificultad que al no poder ser superada, encuentra en el mecanismo de atribuirles todo tipo de potestades a los asambleístas, la manera más sencilla de obtener el “permiso legal” para proceder con eso que ellos mismos denominan “proceso de descolonización”. Todos conocemos que desde que asumió funciones el presidente Morales, ha sido una constante hacer referencia a las dificultades que tienen para gobernar por culpa de las leyes del “estado neoliberal”. Con ese argumento, en más de una oportunidad, se ha sostenido que hay que cambiar todo, asumiendo “el cambiar todo”, como sinónimo de desmontar los poderes del estado, cerrar el parlamento, cambiar magistrados, etc., etc.
Finalmente, también se puede advertir que detrás de esa actitud se esconde una intención de arrastrar hacia una mayor polarización de la sociedad boliviana, con la peregrina idea de que produciéndose un estado de enfrentamiento e ingobernabilidad, se pueda pasar, por decreto y con la aprobación de la simple mayoría de los constituyentes (sus constituyentes) a un “estado social comunitario” (socialista) que anule toda la institucionalidad democrática del país
Estas motivaciones, no hacen otra cosa que desnudar las limitaciones del partido de gobierno para ejercer su hegemonía. El MAS, en las dos últimas elecciones (diciembre 2005 y julio 2006) ha alcanzado resultados extraordinarios que le obligan a ejercer su papel de principal fuerza política en el país. Sin embargo, ésta responsabilidad histórica, no es asumida efectivamente – como esperan todos – conduciendo y reconstruyendo un sistema político democrático que genere los consensos necesarios para el bien del país. Por el contrario, insisten en mantener la polarización que ha caracterizado la vida política del país en los últimos años, con la aventurada idea que en cualquier momento, se puede pasar de un sistema democrático como el que vivimos – aun con sus imperfecciones - a uno socialista (totalitario).
El todo esto, no es menor la responsabilidad de la oposición, principalmente de PODEMOS, fuerza política que ante de solicitar la intervención de organismos internacionales que vengan a “arbitrar” los enfrentamientos internos que vivimos, debiera asumir su papel de alternativa. En democracia, la prioridad la tienen los que gobiernan, las mayorías. Sin embargo, si estos no son capaces de resolver las cosas, es del interés y responsabilidad de la oposición, plantear las soluciones. Contribuir al enfrentamiento, generar mayor confusión, no sólo desnuda sus limitaciones, sino que incluso hace dudar de su compromiso democrático.
La responsabilidad es de ellos: gobierno y oposición. De lo que hagan depende su futuro como fuerzas políticas y sobre todo, de la sociedad boliviana. Si persisten en las opciones de enfrentamiento, el país está a punto de desbarrancarse en el caos y la violencia, cuando no en su desintegración. Por el contrario, si asumen una voluntad política verazmente democrática, están a punto de iniciar un verdadero proceso de cambio en el país, mismos que además, electoralmente pueden hacerlos imprescindibles por muchos años. Es tiempo de decir las cosas por su nombre. Somos o no demócratas?
(*) Director A. C. Cramer
educamposv@hotmail.com
