PLATAFORMA DE DISCUSIÓN DEMOCRÁTICA

Por: Eduardo Campos Velasco

Cuando todos esperamos que el gobierno de muestra de madurez y responsabilidad para resolver los varios conflictos que enfrenta el país estos días, el vicepresidente García Linera – en tono agresivo y desesperado – amenaza con desatar el enfrentamiento entre bolivianos.

De patéticas podemos calificar las declaraciones del vicepresidente cuando, sin el mayor reparo insta a los movimientos sociales ha hacer respetar las decisiones del gobierno en las calles. Ni una palabra para reconocer el error del gobierno al dictar el cuestionado decreto y por el contrario, mucha verborrea para justificar los injustificable. Acusar a la movilización del sector de salud de “caprichosa, abusiva, criminal y política”, es francamente pretender – mediante un juego de palabras – desembarazarse de la responsabilidad que tiene al haber dictado una medida insostenible.

García Linera, en un todo agresivo y acusador, quiere revertir – a su favor – la situación de descontrol a la que ha llegado, precisamente por la maniobra de pretender “suspender” el DS 1126, cuando lo que corresponde en estricto sentido (en derecho) es su abrogación. Él dice: “el sector salud ya no tiene ningún motivo legal, institucional, ni orgánico, para mantener el paro indefinido porque el presidente Evo Morales suspendió el cuestionado Decreto, por lo que la norma no está vigente y no se está aplicando las ocho horas de trabajo. Sin embargo, todos nos damos cuenta que la famosa “suspensión” no existe en la economía jurídica y lo que corresponde es emitir otro decreto que abrogue el anterior. ¿Por qué no lo hacen?, ¿Quiénes son los caprichosos?

En la misma conferencia de prensa, el vicepresidente al referirse al paro del transporte en la ciudad de La Paz, señaló que espera que el burgomaestre paceño “tenga la suficiente madurez” pare resolver el conflicto, porque es responsabilidad del alcalde Luis Revilla, el proporcionar un ambiente adecuado para dialogar con los transportistas. ¿Cómo se entiende ese doble discursos?, ¿Quiénes son los “inmaduros” que no pueden resolver los conflictos?

Pero el vicepresidente no sólo se limito a hablar de esos temas - en su acostumbrado estilo de desdeñar las opiniones ajenas - fustigó a todos aquellos que han calificado de compra forzosa, la nacionalización de TDE, acaecida el 1 de mayo pasado. Según el, considera esas apreciaciones como provenientes de “aprendices de analistas”, que quieren desvalorizar la medida, añadiendo además – en tono muy seguro - que el gobierno dará una pequeña o diminuta compensación a la red Eléctrica Española (REE) por la expropiación de sus filial, la TDE en Bolivia, o quizá decida no pagar nada.

El vicepresidente al emitir esas declaraciones, parece olvidarse que nuestro país recibe una de las mayores ayudas del reino de España y que gran parte de su campaña electoral la realizaron prometiendo las ambulancias de donación ibérica, las que una a una, entregaron a varios municipios del país. Por otra parte, parece también olvidarse que ha llegado a Bolivia el presidente de la REE, José Folgado, para negociar la indemnización y, por supuesto que esa declaración triunfalista y revolucionaria, tendrá efectos negativos.

Ya es una constante que cuando las cosas están “que queman” el vicepresidente sale al frente para intentar revertir la situación, recurriendo a mentiras, acusaciones y epítetos, contra todos aquellos que no están de acuerdo con las acciones que ejecutan. Es lamentable, pero las declaraciones emitidas el día de ayer por García Linera, antes que resolver los conflictos que vive el país, los ha avivado y, - aunque se jacta de muy inteligente – tampoco pudo disimular el carácter autoritario del gobierno.

Por: Eduardo Campos Velasco

Esta historia la pudiéramos titular como la “continuación del show”. El gobierno en su desesperación por la falta de credibilidad y respaldo que cada día es mayor por sus constantes desaciertos, recurre una vez más a la demagogia para intentar revertir la difícil situación por la que pasa. Justo un nuevo 1ro. de mayo emite el decreto de “nacionalización” de la transportadora de energía eléctrica, instruyendo el registro a nombre de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) la totalidad de las acciones que conforman el paquete accionario que posee la Sociedad Red Eléctrica Internacional – SAU, filial de REE, pretendiendo convencer a los bolivianos que obran en consecuencia con el interés del país.

En estricto sentido, lo que define el decreto supremo, es la compra obligada de todas las acciones de la Red Eléctrica Española (REE) en la empresa transportadora de Bolivia; para lo cual, de manera innecesaria y comprometiendo la imagen del país, ordena a las Fuerzas Armadas tomar las instalaciones, provocando el show mediático que nuestra a tropas bolivianas armadas y en apronte de “guerra” ocupando las instalaciones de TDE.

Si su intensión fue el adquirir las acciones de TDE, bien pudieron hacerlo en una mesa de negociaciones, sin tener que recurrir al “show” que puede haber convencido a alguna opinión pública nacional desinformada, pero que en el plano internacional, particularmente,  ha causado un impacto negativo para la imagen del país.

Esta claro que la economía nacional requiere con urgencia de la inversión extranjera en varios rubros; el propio gobierno lo manifiesta públicamente en distintas ocasiones; sin embargo, con esta acción – la toma violenta de las instalaciones de TDE - ¿quién se pudiera aminar a invertir ni un solo dólar en nuestro país?

Se dice que con la llamada nacionalización de las acciones de TDE, se tendrá pleno control de la energía eléctrica en el país, sin embargo todos sabemos que habiendo nacionalizado ya las empresas generadores de energía eléctrica el 2010, las cosas más bien se han complicado. En los últimos meses, la demanda de energía eléctrica en el país, ha estado por encima de la oferta, lo que ha ocasionado cortes intempestivos y arbitrarios en varias ciudades. Por otra parte, al tratarse de un servicio de distribución de energía y no de generación, bien pudo el gobierno regular y normar esta actividad, sin tener que llegar a la confiscación de las acciones de la TDE, lo que le permitiría al Estadio boliviano ahorrarse esos más de 120 millones de dólares que tendrá que pagar por la pretendida nacionalización.

Como vemos, el impacto de la medida (la nacionalización de TDE) antes que un beneficio para los bolivianos, puede acabar constituyendo en un nuevo perjuicio para el país, tanto en el plano internacional, en el que ya se han escuchado críticas duras, sobre todo en la comunidad europea  y, en el plano interno, porque una vez que la opinión pública conozca los pormenores de la medida, con mucha facilidad podrá darse cuenta que, ni es nacionalización y que antes que un beneficio para los bolivianos, puede acabar sumándose a los tantos errores que comete el gobierno.

Los trabajadores de la empresa intervenida violentamente, están muy preocupado sobre la estabilidad laboral. Ellos dicen: "Como trabajadores, simplemente pedimos que se respeten nuestras fuentes de trabajo, que podamos seguir trabajando" y, le pidieron a Morales "que busque directores altamente calificados para que la empresa siga por los mismos derroteros". Ellos sostienen que en estos 16 años fueron capacitados, lo que permitió que la empresa sea altamente eficiente, eficaz y transparente. Claro, la preocupación de los trabajadores tiene antecedentes, ya que todo lo que el gobierno toma, acaba convirtiéndose en “botín político” en el que tiene cabida sólo los militantes del partido de gobierno.

En suma, el gobierno ha le miente a los bolivianos cuando sostiene que nacionalizo la TDE y además con esa medida, compromete negativamente la imagen del país en el contexto internacional. Que pena que las acciones que toma, siempre estén mediatizadas por el interés político partidario, antes que por los grandes intereses nacionales.

Por Eduardo Campos Velasco

Una vez más el presidente Morales utiliza los escenarios internacionales para hacer mas discursos político ideológicos que defender los intereses nacionales. En esta ocasión, en Cartagena (Colombia) Morales centro su preocupación en defender a los hermanos Castro de Cuba y en la necesidad de que ese país retorne a los eventos internacionales y; en la defensa de la demanda Argentina respecto de las Malvinas.

Por supuesto que ambos temas son de interés regional y resulta importante que los foros americanos cuenten con todos los países que conforman el continente; sin embargo, para Bolivia el tema fundamental fue y será la reivindicación marítima, misma que no fue abordada adecuadamente en la cumbre de Cartagena.

Es una lastima, pero el presidente Mortales, antes que ocuparse de representar a Cuba y Venezuela, debió referirse de manera contundente a la demanda Boliviana. Mientras no seamos los propios bolivianos, quienes impulsemos el tratamiento de este tema en los foros internacionales, con seguridad nadie se ocupara de ello y, lo que es peor; mientras el gobierno boliviano este preocupado en defender a sus correligionarios ideológicos en el continente - como ha sucedido en esta oportunidad - la demanda boliviana de una salida soberana al pacifico quedara en los archivos.

Es inadmisible que Morales, luego de haber participado del evento, se retire del mismo, haciendo caso de la consigna ideológica capitaneada por Chávez y Castro, argumentando que no había voluntad de tratar el tema de la reincorporación de Cuba y la demanda Argentina sobre las Malvinas. No es serio ni responsable que el Presidente Morales – a nombre de los bolivianos – tome esa decisión tardía y apresurada de retire del evento, cuando no se hizo ningún problema para jugar un partido de fútbol con su homologo colombiano y lo que es peor aún, que el motivo de su retiro, no de deba a la defensa de la reivindicación marítima.

En los últimos años, producto de la improvisación que imprime el gobierno en la reivindicación marítima, ya no se habla de la multilateralidad del tema y de una manera complaciente el gobierno de Evo Morales acabo aceptando la tesis chilena de la bilateralidad. Por supuesto que los expertos internacionalistas del régimen de Morales, no advirtieron que podía producirse un cambio de gobierno en Chile (cosa que sucedió) y que Bachelet deje de ser la interlocutora para el tratamiento del diferendo entre ambos país.

Bolivia, no puede hacer depender de la buena o mala voluntad de los gobiernos chilenos, la posibilidad de resolver la mediterraneidad que nos perjudica. Bolivia está obligada a mantener una conducta y estrategia coherentes que supere las visiones de los gobierno de turno y mantenga en los foros internacionales, como es el caso de la cumbre de Cartagena, una postura seria y fundamentada.

Mientras el presidente Morales jugaba fútbol y declaraba en favor de los hermanos Castro, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, mantenía encuentros con sus pares del área, fundamentalmente con países que conforman el “acuerdo del Pacifico”, uno de los principales escenarios económico comerciales del mundo, conformado por países de americanos y asiáticos. Piñera, cuando fue interrogado respecto al tema de la demanda boliviana de una salida al Pacífico, señalo que no hay nada que resolver y que en todo caso, el tema se está tratando de manera bilateral.  Por supuesto que bien sabemos los bolivianos que no es así y que por el contrario, debido a los constantes cambios de visión y estrategia del gobierno de Evo Morales, el tema marítimo esta más estancado que nunca.

Es tiempo que el gobierno central informe con la mayor claridad la situación de la demanda marítima y que deje de utilizar el tema, tan solo cada que se acerca el 23 de marzo. Bolivia requiere con urgencia definir una estrategia internacionales que le permita acceder a los puertos del pacifico, principal escenario del comercio internacional en estos tiempos.

Por: Eduardo Campos Velasco (*)

Como ha sucedido en varios otros temas, el gobierno central pretende resolver la crisis del sistema de salud, recurriendo a medidas “parche”, inconsistentes, inadecuadas y sobre todo, demagógicas que no apuntan al fondo del problema. Así lo ha hecho en el caso de la seguridad ciudadana y la creciente criminalidad que asola el país, organizando piquetes de vecinos con pitos y chalecos para que realicen rondas nocturnas, negándose a ver las causas que la generan y; así pretender hacerlo – también – respecto a la situación de salud en nuestro país.

Pretender resolver los altos déficit del servicio público de salud en Bolivia, incrementando las horas de trabajo de los médicos, francamente es un sin sentido. Esta claro que ni incrementando a 10 o 12 horas el trabajo de los médicos se resolverá el problema, porque no se enfrentan las causas que generan la situación crítica del sistema de salud.

Bolivia - según datos de la Organización Mundial de Salud (OMS) - dispone de 10.329 médicos, 18.091 enfermeras y 5.997 odontólogos, lo que representa 1,2 médicos, 2.1 enfermeras y 0.7 odontólogos por cada 1.000 habitantes. Al respecto la OMS estima que menos de 23 trabajadores de la salud (refiriéndose sólo a médicos, enfermeras y parteras) por 10.000 habitantes, son insuficientes para alcanza la cobertura de las necesidades de atención primario de salud, sin hablar de los otros niveles. Con esos indicadores, Bolivia esta situada en el puesto 90 del ranking mundial. Por otra parte, la disponibilidad de camas de hospital por habitantes, es de 1.5 por cada 1.000 personas. Existen aproximadamente 15.015 camas hospitalarias en todo el país, cifra que esta por debajo de la mayoría de los países de Latinoamérica.

Bolivia presenta los peores indicadores de salud en América Latina. La Tasa de mortalidad infantil es de 46 por cada 1.000 nacidos vivos, muy por encima del promedio latinoamericano de 22.2 por 1.000 nacidos vivos. La mortalidad en menores de 5 años es de 54 por 1.000 nacidos vivos, decesos que de deben en su gran mayoría a enfermedades prevenibles. La desnutrición crónica afecta a la cuarta parte de la población en edad preescolar; este problema es todavía aun mayor en los niños que habitan zonas rurales, donde el porcentaje alcanza al 37%.

La tasa de mortalidad materna alcanza a 180 por cada 100.000 niños nacidos vivos, la más alta de Latinoamérica. El porcentaje de partos atendidos por personal calificado aún es de 66%.

La esperanza de vida al nacer es de 65 años, muy por debajo de la media de los países andinos (72.4 años) y el promedio latinoamericano de  73.5 años.

Las principales causas de muerte en Bolivia son las enfermedades infecciosas. La mortalidad por enfermedades transmisibles sigue siendo muy alta, de 182.3 por 100.000 habitantes, cuando el promedio del área andina es de 89 por 100.000 habitantes.

Solo el 28.4% de la población del país tiene acceso real a las prestaciones de salud, cuando de cuerdo a la Constitución Política del Estado todas las personas tiene ese derecho. El porcentaje del PIB destinado a salud es del 4.8%. Bolivia se ubica en el puesto 10 de Sudamérica en cuanto a inversión en salud y el 141 a nivel mundial.

Entre otros indicadores, el 77% de los gastos en medicamentos salen de los bolcillos de los usuarios; 13% de los hogares bolivianos, se ha visto en la disyuntiva de efectuar, lo que se denomina “gastos catastróficos de salud” para resolver sus necesidades, lo que implica la perdida de bienes y patrimonios ante la contingencia.

En ese contexto, la medida de incrementar las horas de trabajo de los médicos, francamente no modificará nada. En este tema - como en otros - el gobierno intenta desembarazarse del problema, enfrentando a la población con el sector de salud y pretendiendo mejorar su imagen ya bastante deteriorada por los constantes errores e incoherencias.

(*) Asambleísta Departamental - UN

Publicado por: Aula Libre (La Paz - Bolivia)

Por: Eduardo Campos Velasco

La presencia de oficiales del alto mando militar de las FF AA en los actos políticos del congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS), antes que un error de los jerarcas militares, considero que se trata de una exprofesa señal dirigida a todos los bolivianos, para hacernos ver el gobierno cuenta con el respaldo de las FF AA.

Por supuesto que la actitud de estos militares es desafortunada, porque no sólo contradice lo dispuesto por la CPE que en sus artículos 241 al 251, señalan con suficiente claridad que las FF AA no pueden participar de actividades políticas; sino contradice el propio discurso institucional que en los últimos años les ha permitido recuperar su prestigio perdido en las dictaduras. Sin embargo, la explicación de hecho, no hay que buscarlas en un posible despiste del Alto Mando o el desconocimiento de la norma; lo que se advierte con claridad es que la acción fue meditada y exprofesamente programada para conseguir un efecto concreto, que creo que se ha producido, luego de conocerse públicamente la noticia.

No se trata de - como algunos creen - un descuido o una confusión. Todo indica que la presencia de los altos mandos de las FF AA en el acto de inauguración del congreso del MAS, fue diseñada cuidadosamente para que la opinión pública nacional "conozca" que las FF AA respaldan al gobierno del MAS y que el partido de gobierno, tiene el pleno control de todas las instituciones más importantes del estado.

No es un descuido, no es u error; lo planificaron para que la noticia (y en particular las fotos), se difundan de la manera más amplia en el país, convencidos que por esa vía, los bolivianos - principalmente los opositores - sepan que el partido de gobierno dispone de las FF AA, más allá del marco constitucional.

Suponer que se debió al entusiasmo desmedido del General Gandarillas o producto del agradecimiento que dicen tener las FF AA, por lo que ha hecho el gobierno, es francamente pecar de ingenuidad y no advertir que detrás de ese "desliz", se esconde un propósito de fondo.

Ese propósito no es otro que hacernos ver a todos los bolivianos, que ellos, los del gobierno, tiene el pleno control del poder; del poder político y del poder militar. Pero a la vez, que es una señal de poder, es una señal de miedo. Lo que quieren es amedrentarnos a todos; hacernos ver que la concentración de poder que disponen es tan fuerte y suficiente como para garantizar su estadía indefinida en el palacio quemado.

Precisamente, una de las partes centrales del discurso del presidente Morales en el congreso de su partido, está referida a este tema. Evo Morales, en tono aguerrido ha manifestado que están allí (en el poder) para quedarse 500 años. Por supuesto que para que eso suceda, deben violar la constitución y hacer uso de todos los medios materiales, incluidos la propia fuerza.

Lo que no parecen haber calculado los promotores de la presencia del Alto Mado de las FF AA en el congreso del MAS, es que más allá de la concentración de poder que detentan, la única vía para hacer posible la reedición de sus triunfos electorales, es el cumplimiento de los tantas promesas incumplidas.

Mientras el partido de gobierno se empeñe en hacer ver que es poderoso e imbatible y descuide su responsabilidad de gobernar para todos los bolivianos, siempre será insuficiente cualquier apoyo, así venga de las propias FF AA.

En democracia, la única forma de recibir el apoyo electoral de los ciudadanos, es planteando soluciones a los tantos problemas no resueltos que aquejan a la sociedad boliviana y sobre todo, cumpliendo las promesas, cuando se está en gobierno. No hay otra vía; las demás - incluidas estas demostraciones de concentración de poder - no pasan de ser pretensiones desesperadas de aquellos que creen que el poder es para siempre.

 http://aulalibrebol.blogspot.com/2012/03/aula-libre-una-senal-de-poder-una-senal.html

Publicado por: Aula Libre (La Paz - Bolivia)

Por: Eduardo Campos Velasco

Una vez más el gobierno central pretende resolver el conflicto limítrofe entre Oruro y Potosí de manera apresurada y equivocada, intentando salvar su responsabilidad. Ahora, la Ministra de Autonomías (Claudia Peña) quiere llevar adelante la georeferenciación del área con la intensión de establecer la delimitación definitiva.

La georeferenciación es una tarea técnica que sólo puede realizarse cuando se dispone de una cartografía definitiva que establezca con claridad los límites. La georeferecniación, se entiende como el posicionamiento con el que se define la localización de un objeto espacial en un sistema de coordenadas o - a la inversa - en la elaboración de datos (georeferencias) a partir de objetos localizados en determinados lugares.

En el conflicto limítrofe entre Oruro y Potosí, no se dispone de una cartografía definitiva aceptada por ambas partes y las referencias materiales (los hitos o mojones) no existen o no están ubicados de conformidad de las partes. En esas circunstancias, la utilización de la georeferenciación - como propone la ministra de autonomías - no contribuye a la solución del conflicto y por el contrario, puede enervar los ánimos de orureños y potosinos, al no ser suficiente para resolver el diferendo.

Lo que no parece entender la ministra Peña, es que el conflicto se sitúa en el ámbito del derecho, en el que las partes (Oruro y Potosí) reclaman su dominio sobre el territorio, mismo que a falta de una base cartográfica y documental exacta, deberá definirse en un proceso jurídico administrativo antes una instancia imparcial, en el marco de la constitución y las leyes. Esa es la situación y cualquier intento de resolver el conflicto utilizando GPS y "a como de lugar", sólo agravara el conflicto.

En este sentido, la decisión de las autoridades de los municipios de Quillacas, Pampa Aullagas y Salinas de Garci Mendoza; así como del Comité Cívico y la Central Obrera Departamental de no participar de la georeferenciación impulsada por la Ministra Claudia Peña, resulta consecuente con los intereses del departamento.

Han paso 20 meses desde que se firmaron las actas de paz, en agosto del 2010 y en ese transcurso de tiempo, el conflicto antes que resolverse se ha agravado paulatinamente, fundamentalmente por las contradictorias acciones del gobierno central que siempre ha estado más interesado en cuidar su imagen que en resolver el problema.

El proceso de las actas de paz, fracaso por fallas del propio ministerio de autonomías, que no pudo mantener una actitud imparcial e institucional. Concretamente, la presencia del viceministro Gregorio Aro (oriundo de potosí) como juez y parte, fondearon esa iniciativa. Por otra parte, las constantes declaraciones de entonces ministro de autonomías, Carlos Romero y del propio Presidente Morales, quienes en varias oportunidades señalaron el gobierno central no tenia competencias para resolver el conflicto, acabaron generan mayor incertidumbre y desazón.

Es por demás evidente que el gobierno central no pudo, ni supo enfrentar el problema adecuadamente, lo que en definitiva ha ocasionado los lamentables enfrentamientos que se han producido en las últimas semanas, con el saldo de más de 30 personas heridas. En ningún momento quisieron atender los pedidos de militarización de la zona, para evitar el enfrentamiento, hasta que finalmente, de manera tardía, tuvieron que enviar tropas policiales para que la violencia no se incremente y generalice.

El gobierno central, antes que ofrecer nuevas soluciones apresuradas, debiera empeñarse en garantizar la aprobación de la nueva ley de unidades territoriales en la asamblea plurinacional, instancia en la que tiene pleno control, como hemos visto en tantas leyes ágilmente aprobadas. Por otra parte, debiera garantizar la convivencia pacífica en la zona, recurriendo para ello, si es necesario incluso a las fuerzas armadas, para impedir que se vuelvan a producir enfrentamientos funestos.

En todo esto, el Gobierno Autónomo Departamental, esta obligado a apoyar la iniciativa de los municipios y comunidades involucradas en el conflicto y, de las instituciones cívicas y obreras que en defensa de los intereses regionales han decidió no participar de las acciones impulsadas por la ministra de autonomías. En ese sentido, el Gobernador debiera instruir la inmediata suspensión de los spost, en los que de manera interesada aparece la ministra Peña pretendiendo hacer creer que la famosa georeferenciación resolverá el conflicto; más aún, cuando su difusión se la realiza con recursos públicos del departamento.

La unidad de los orureños, de sus instituciones y sobre todo de sus autoridades, es la garantía para que el conflicto limítrofe pueda resolverse a favor de los intereses del departamento.

http://aulalibrebol.blogspot.com/2012/03/aula-libre-la-georeferenciacion-de.html

Publicado por: Aula Libre (La Paz - Bolivia)

Por: Eduardo Campos Velasco

Una vez más el presidente Morales, hace uso de la palestra internacional para expresar un conjunto de ideas que responden más bien a su criterio personal, antes que a los intereses del país.

En esta ocasión, además de referirse a motivo de su visita Viena, la defensa del acullico de la coca, el presidente no ha desaprovechado la oportunidad para expresarse en términos inapropiados respeto a varios organismos internacionales, comprometiendo la imagen del país y deteriorando – aún más – su propio perfil personal.

Reiterar su pedido de que lo expulsen de la Organización de Estados Americanos (OEA), por ser marxista – lininista (como los hermanos Castro de Cuba), es francamente un exabrupto que acaba situándolo definitivamente – a él mismo – en la galería de líderes autoritario; pero además, hacerlo a nombre del Bolivia, se constituye una verdadera irresponsabilidad que compromete los intereses colectivos del país.

Morales no sólo se conformo con hacer esas declaraciones, sino que haciendo gala de su auto calificación de tendencia comunista, acuso a la ONU de permitir golpes de estado, en referencia al derrocamiento de su amigo y compañero Gadafi. "No hay Consejo de Seguridad en Naciones Unidas, creo que es un Consejo de Inseguridad" dijo. Por supuesto que semejante afirmación – así sea en chiste, como el cree – se trata de una afirmación comprometedora para la imagen de Bolivia.

En ese mismo sentido, Morales defendió su derecho a tener relaciones con el régimen de Siria, justamente cuando el conjunto de naciones del mundo, ven con mucha preocupación las acciones violentas que desata el presidente Bashar Asad en su país. De manera coincidente, cuando el presidente Morales defiende su derecho a relacionarse con Siria, se conoce en el mundo entero que el régimen de Bashar Asad es responsable del asesinado de 45 mujeres y niños en la asediada ciudad de Homs.

Por supuesto que declararse amigo de Gadafí, Bashar Asad e incluso de los hermanos Castro de Cuba, no es la mejor carta de presentación para nuestro país en el concierto internacional. Pero la situación se agrava aún más, cuando el motivo de la visita de Morales a Viena, es la defensa de la hoja de coca, materia prima de la producción de cocaína.

El mundo entero en estos momentos y en particular vecinos como Brasil, Argentina y Chile, han manifestado su preocupación por el incremento del tráfico de drogas (cocaína) desde nuestro país, asociándola – inevitablemente – al incremento de hectáreas de cultivo de coca, que han pasado de las 12 mil permitidas según la ley 1008 a más de 31 mil existentes en la actualidad.

En ese contexto, enarbolar la defensa del acullico de coca, evidentemente no tiene grandes posibilidades, precisamente porque los datos objetivos que se disponen a nivel internacional respecto del incremento de los cultivos y el tráfico de cocaína desde el país, están mostrando el evidente fracaso de las políticas del gobierno en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Pareciera que el presidente se ha olvidado que no hace muchos meses, el principal responsable de la lucha contra el narcotráfico en el país (el general Sanabria) fue capturado por la policía internacional con embarques cuantiosos de droga con destino a los EE UU.

Pero la visita de presidente a Viena - aparentemente - tubo además otra intención. Morales se declaro habilitado constitucionalmente para la reelección en el 2014, haciendo oficial a nivel internacional, su intensión de volverse a postular a la presidencia del país, sobre la base de una interpretación interesada e inexacta del texto constitucional.

Paralelamente a las declaraciones del presidente en Viena, en Bolivia - como todos hemos visto – los sindicatos cocaleros del Chapare y los Yungas, inundaron la plazas de las principales ciudades y pueblos repartiendo coca de manera gratuita – suponemos - intentando dar la impresión a nivel internacional que la población que acullica es mayoritaria, cuando en realidad se conoce que no supera el 14 %

Como en otras oportunidades - acordémonos de Cancún – las declaraciones de Evo Morales en Viena, antes que convencer a la comunidad internacional de los logros y resultados de su gestión y, la necesidad de despenalizar el acullico de coca, lo que han hecho es comprometer negativamente la imagen del país y su propio perfil personal.

http://aulalibrebol.blogspot.com/2012/03/aula-libre-declaraciones-de-evo-morales.html

Publicado por: Aula Libre (La Paz - Bolivia)

Por: Eduardo Campos Velasco

Los episodios de los últimos días, referidos a varios asaltos y asesinatos, así como linchamientos y ajusticiamiento por mano propia, las demandas de incorporación de la pena de muerte en la CPE y en general, la proliferación de acciones violentas en varias partes del país, nos muestran el evidente fracaso de las políticas implementadas por el gobierno en la lucha contra el crimen.

Claramente la realidad ha resultado más contundente que todos los discursos que se han esgrimido, asegurando que se implementaban planes para garantizar el estado de derecho. En los hechos, las acciones del gobierno, no sólo han resultado insuficientes, sino que en muchos casos contradictorias y complacientes con las acciones delictivas.

Los factores que contribuyen a un mayor escenario de violencia en el país, evidentemente son múltiples y complejos, situación que requiere una identificación precisa de las causas que la generan. No será suficiente enfrentar las acciones delictivas y violentas con medidas punitivas o aisladas, y menos si no se atacan las causas que la generan.

Los grados de violencia que se están produciendo en el país, tienen una estrecha relación con una evidente falta de oportunidades y empleo, que se constituyen en las condiciones materiales para un malestar generalizado de los ciudadanos, situación que no es enfrentada eficiente y responsablemente por el gobierno. Ya van más de 6 años de la gestión de Evo Morales y la anunciada industrialización y reactivación económica del país, no ha pasado de los discursos.

Por otra parte, los altos grados de intolerancia e irrespeto entre ciudadanos de este país, están fuertemente relacionados con las interpelaciones de venganza y odio que se han desatado en los últimos años desde el propio discurso del partido de gobierno. Se habla irresponsablemente de "lucha de clases" "venganza histórica" "descolonización", etc., etc., sin reparar que por esa vía se esta desagregando aún más a la sociedad, confrontando ricos y pobre, mestizos e indígenas, oriente y occidente, derecha e izquierda. Por supuesto que esa desagregación que han generado en la sociedad les ha redituado triunfos electorales y políticos; pero a la par también, niveles de intolerancia y falta de otredad que hoy se expresa. Desagregación social y desinstitucionalización, cobran factura.

Entre tantos otros factores que contribuyen para que una sociedad se torne violenta y complaciente con acciones criminales (educación, familia, etc.), no podemos dejar de señalar a la falta de una estrategia clara y eficiente en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando. Bolivia, se está convirtiendo - como dicen los analistas nacionales e internacionales – en un santuario del crimen organizado asociado al tráfico de cocaína y otras mercancías no autorizadas e ilegales, que indudablemente repercute en una creciente ola delictiva y violenta.

En ese contexto, no creo que sean suficientes las acciones que el gobierno pretende tomar para encarar la lucha contra el crimen, cuando desde lo que ellos denominan "alianza Estado - Policía - Ciudadanía" se pretende transferir responsabilidades estatales e institucionales a los ciudadanos. Francamente es ridículo pensar que con rondas nocturnas de vecinos, con chalecos y pitos pueda poner freno a la escalada criminal, que como hemos visto tiene entre sus causas, factores no resueltos.

La incorporación de las FF AA en la lucha contra el crimen, particularmente la participación de los pre militares, resulta en mi criterio otra equivocación, porque estamos hablando de jovenzuelos de entre 17 y 20 años, que tendrán que enfrentar a avezados criminales, expertos y fuertemente armados. No creo que ningún padre de familia este de acuerdo en entregar a sus hijos a esas tareas.

Finalmente, cualquier esfuerzo en la lucha contra el crimen, no pude dejar de tomar en cuenta a otras instituciones como el ministerio público y la judicatura, instituciones que mientras se constituyan en botín político del partido de turno, nunca cumplirán a cabalidad sus tareas.

Para muestra un botón. Uno se pregunta: ¿Cómo es que el fiscal o fiscales asignados al caso del supuesto secuestro del canciller Choquehuanca, sean tan diligentes en modificar la tipificación del caso, de secuestro a intento de asesinado?; ¿Cómo hay policías para reprimir la marcha del TIPNIS o la de discapacitados y no para perseguir a los "cogoteros" en el Alto?

Mientras los fiscales, jueces y policías respondan más al partido político de turno y no a la ley, vanos serán los esfuerzos de los vecinos por reclamar justicia. Bien decía Franz Tamayo: "La única servidumbre que no macha, es la servidumbre a la ley".

http://aulalibrebol.blogspot.com/2012/03/aula-libre-el-fracaso-del-gobierno-en.html