Publicado por: Aula Libre (La Paz - Bolivia)

Por: Walter "Puka" Reyesvilla Méndez

Hace no mucho, en el marco de la audiencia pública instalada para resolver el regreso o no de Leopoldo Fernández al penal de San Pedro de La Paz, los tres jueces ciudadanos convocados para tal efecto decidieron, por unanimidad y contra el criterio del juez técnico, que correspondía dicho traslado dada la infundada resolución que había determinado su traslado a la prisión de alta seguridad de Chonchocoro.

Insólitamente, 24 horas después, tal jurado volvió a reunirse para "reconsiderar" su determinación y, sin mayor trámite, se retractó de la misma por lo que el ciudadano Fernández continúa recluido en el recinto carcelario del altiplano, que es adonde van a parar los considerados "criminales de alto riesgo" y donde también se encuentra el narcodictador García Meza cumpliendo su pena de 30 años sin derecho a indulto.

En febrero de 2003 me tocó en suerte ejercer la calidad de juez ciudadano en un caso de contrabando. Conocí en sala a mis eventuales colegas y al juez ciudadano; se instaló la audiencia, las partes ofrecieron sus alegatos, nos reunimos en privado para llegar a un fallo y, tres días después se emitió éste: "culpable". Cumplidas las formalidades y dictada la sentencia nos despedimos cordialmente con la sensación, así creo, de haber prestado un buen servicio a la sociedad. Desde entonces no volvimos, los jueces ciudadanos del caso, a juntarnos ni para jugar cacho, menos para reconsiderar la decisión tomada. ¡Caso cerrado!, como diría una animadora de televisión.

¿Se trata de un hecho de injusticia? Reconozcamos que, históricamente, se han cometido -y se cometen aun- muchas: una pena que no guarda proporción (por defecto o por exceso) con el crimen cometido es una injusticia. El cobro usurero y abusivo de intereses puede calificarse como un procedimiento injusto. La retribución salarial inferior por un mismo trabajo por motivo de género o edad es una injusta retribución. Y así, podríamos continuar ejemplificando formas de injusticia.

Pero lo que viene aconteciendo en nuestro país desde hace cinco años con la judicialización de la política y la instrumentalización del Poder Judicial con fines inconfesables va más allá de la valoración de un acto como "justo" o "injusto"; finalmente, ambas calificaciones guardan una relación en tanto carencia o cabalidad de juicio adecuado.

No. Con lo que nos enfrentamos es con algo de diferente naturaleza, con algo así como una materia contraria y perversa que bien podría denominarse "disjusticia", vale decir la acción deliberada y maledicente, promovida desde el régimen, de aplicar algo distinto, contrario incluso, de la Justicia, entendida como el conjunto de las instituciones (reglas de juego) puestas para dirimir entuertos de orden legal. Se guardan las formas, eso sí, con la misma habilidad que se lo hace para aparentar democracia.

Situaciones como la descrita en principio, hay por manojos; la más reciente toca al ciudadano Samuel Doria Medina, con quien uno puede tener profundas diferencias o grandes coincidencias, pero no puede dejar de asombrarse por la "disjusticia" a la que está siendo sometido con el único afán del régimen de quitárselo de encima como potencial oponente de fuste en las lides electorales.

Para ello, no ha tenido empacho en poner en riesgo el abastecimiento de cemento en el mercado de la construcción, del cual dependen miles de familias, cometiendo ex profeso la grosería de no diferenciar la persona de la empresa y develando su sentencia previa con anuncios de importación de 500 000 toneladas de Clinker o titulando en el órgano gubernamental: "Todavía no cautelan a Doria Medina" (cuando una de las posibilidades es que se resuelva "libertad simple"). Vivimos la era de la "disjusticia"; ¿quién puede dudar de ello?

http://aulalibrebol.blogspot.com/2011/05/aula-libre-la-disjusticia.html

Por:  Puka Reyesvilla*

¿Cuántas muertes más habrán de producirse hasta considerar que ya son demasiadas? —Bob Dylan, Blowin’ in the Wind—. Frente a acontecimientos como los sucedidos en Huanuni, uno podría tomar la cómoda decisión de no referirse a ellos y "pasar música" a título de no hacer olas alrededor de una situación de por sí delicada. Ocuparse del asunto, la opción por la que me decanto, entraña el cuidado de ser lo menos visceral posible y el riesgo de pasar por oficioso comedido. Tendré el cuidado y correré el riesgo pues ante la alternativa, el silencio cómplice, bien vale la pena. Hemos llegado a un punto en el que parece escurrírsenos entre los dedos la gran oportunidad, que se supone que habríamos de construir, de encontrarnos como iguales y aceptarnos a pesar de nuestras diferencias. Los sucesos de Huanuni reclaman un acto de profunda meditación sobre las consecuencias de cebar conflictos en lugar de prevenirlos o, asumiendo su inevitabilidad, recurrir a medios no violentos de encauzar los mismos. En mayor o menor medida, todos somos responsables de un desenlace como el que se ha producido en el distrito minero; de igual manera, empezando por las de nuestros gobernantes y terminando en las de cada uno, está en nuestras manos el impedir que el triste cuadro se repita en otros rincones del país y, más grave aún, llegue al seno mismo de los hogares bolivianos. Podría dar la impresión de que estaría empleando un lenguaje demasiado apocalíptico, pero experiencias de otras latitudes nos indican que no hacer nada para frenar a tiempo la progresiva instalación de una lógica facciosa al interior de una sociedad deriva en escaladas de violencia cada vez más difíciles de desactivar. Lo llamativo es que —no hay más remedio que apuntarlo— el Presidente y sus colaboradores parecen más bien inclinados a alentarla. Diligente aun en casos de escasa importancia hasta incurrir en sobrexposición, el Primer Mandatario se hizo esperar esta vez y cuando reapareció, con motivo de posesionar al flamante Ministro de Minería, sorprendió por su poco amable manera de deslindar cualquier responsabilidad en el hecho. Hasta ese momento sólo a un par de desubicados se les había ocurrido echarle la culpa del derramamiento de sangre, pero tras su actitud egoísta e indolente quedó claro que unas gotas indiscretas le habían salpicado y su tardanza obedecía a que se las estaba quitando con lavandina. Mientras hablaba, pensaba más en sí mismo —quizás lamentando en su fuero interno que se le escapara el Nobel— que en los huérfanos y las viudas de los mineros. Por lo pronto, queda hacer lo que sea necesario para que las secuelas que deja una confrontación sangrienta como la vivida en el centro minero sean lo menos dolorosas posible. Lleguemos hasta las últimas conciencias en tal empeño. ¿Qué es esto de "las últimas conciencias"? La respuesta, amigo, está soplando en el viento. ¿Cuánto tiempo puede un hombre fingir pretendiendo no ver lo que ve? —Bob Dylan, Blowin’ in the Wind—.

*Puka Reyesvilla es docente universitario.

Por:  Puka Reyesvilla*

Antes de que se me tilde de poco respetuoso ante la desgracia ajena, déjeme precisar que de haber tenido un desenlace menos feliz que el que tuvo, ni se me ocurriría asociar, así fuera tan solo figurativamente, la accidental caída del señor Román Loayza dentro de la fosa orquestal del Gran Mariscal, escenario de la Asamblea Constituyente. Previamente a hacerlo, sin embargo, digamos un par de cosas respecto del asunto mismo. La existencia de un video, del que hablaremos más adelante, permitió disipar cualquier duda sobre las circunstancias en la que se produjo, determinando, a su vez, que este infortunio pudiera ser —como ya lo estaba siendo— utilizado para incriminar a algún miembro de la oposición como autor de la precipitación al vacío de Loayza, empujón mediante, con las consecuencias políticas que ello hubiera supuesto. Y, ¡cosas del destino!, que la humanidad lastimada del asambleísta fuese a parar a la pieza de un hospital de Santa Cruz y atendida por un equipo de galenos que en otro contexto y con la ligereza que suele caracterizarlo, el propio dirigente masista calificaría como parte de la “oligarquía cruceña”; pues bien, los “oligarcas” acabaron prodigándole cuidados que, sumados a su fortaleza física y volitiva, prácticamente devolvieron la vida al ahora convaleciente dirigente campesino. ¿No es maravilloso?, ¿no resulta, acaso, una lección de grandeza y fraternidad? Esta epifanía me permite traer al papel un momento de los aciagos días en los que en las calles de La Paz y El Alto se libraba una batahola. En la medida en que los heridos llegaban al Hospital General, otro creciente número de ciudadanos —entre ellos el columnista (lo digo una vez transcurrido largo tiempo y sin el menor afán de reclamo)— acudía a este centro llevando medicamentos y donando su sangre. Algo de sangre “K’ara” habrá servido para que una cantidad de conciudadanos recupere la salud. Entrando en la materia de fondo, encuentro que la manera en la que se desarrolla la escena en la que finalmente aparece Román Loayza tendido en el subsuelo, se repite ad nauseaum en el proceder gubernamental, ¡y no me refiero a la sostenida caída de la confianza en el Presidente que muestra una encuesta! Lo que he visto es que el asambleísta iba caminando con naturalidad y de pronto, al borde del escenario, vira la cabeza y parte del torso como para ver y escuchar lo que ocurre a sus espaldas y, en fracción de segundo, sucede lo que ya conocemos; “se le acaba el piso”, diríamos, y el hombre cae pesadamente. Y lo que advierto en el equipo de gobierno es que, análogamente, mientras camina en un sentido tiene la cabeza orientada hacia el opuesto, dando pasos en falso a cada momento. El piso se le acaba con inusitada frecuencia y no tiene mejor idea que achacarlo a un supuesto complot en su contra, que es lo mismo que decir que la oposición lo empuja al vacío. Lo cierto es que no necesita que lo empujen, se basta solo.

*Puka Reyesvilla es docente universitario