Publicado por: Hoy Bolivia)

Por: Moira Sandoval Calvimonte

Hablar sobre descolonización en Bolivia, no consiste simplemente en reproducir el discurso del gobierno, al amparo de la Constitución vigente. Constituye un desafío filosófico y ético más que intelectual, y radica esencialmente en contrastar los postulados constitucionales frente a la realidad objetiva que atraviesa nuestro país.

El sustento jurídico fundamental de la Descolonización es la Constitución del 2009, que establece en su artículo 9, como fines y funciones esenciales del Estado“1.Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales”.

En ese marco normativo, las instituciones públicas y la sociedad en general, deben incorporar ahora el concepto de descolonización en sus prácticas y diseños institucionales, así como en sus proyectos de vida. Para ello, el Estado ha montado una estructura jurídico-institucional con la creación del Viceministerio de Descolonización, de Justicia Indígena, de Medicina Tradicional, etc., para respaldar esta política Estatal. Ello constituye la aplicación de los Aparatos Ideológicos del Estado, aparentemente a favor de “descolonizar” la educación y las prácticas culturales, mediante el uso de mecanismos jurídicos, políticos, sindicales, culturales, y sobre todo, educativos.

Si bien existen algunos avances para cumplir este objetivo, aún falta mucho por recorrer, tanto en la ciudadanía como en las instancias gubernamentales, pero principalmente en aquéllos sectores no urbanos, fuera de los alcances de las reformas institucionales.

A estas alturas de la evolución de los pueblos, y de la fusión de las prácticas culturales de colonizadores y colonizados, es imposible separar y retroceder al período previo a la colonización española. Ningún estado o cultura ha podido ni ha querido renegar del enriquecimiento cultural que representa el mestizaje y sincretismo cultural producto de etapas en que fuera colonizado.

Por ello, pretender censurar las catorce novelas de nuestra literatura nacional, argumentando que representaban un instrumento de colonización, no es sino un acto simbólico absurdo, por cuanto dicha producción literaria forma parte del patrimonio cultural intangible de Bolivia y de la humanidad. Es la muestra del mestizaje cultural y su evolución. Al vetarlas, estaríamos negando nuestra historia.

Una clara muestra de que la mentalidad colonial habita aún en el imaginario de las autoridades, observamos la reciente boda del vicepresidente con autoridades naturales aymaras, celebrando matrimonio a una pareja que no es parte ni representa a dicha cultura, sino más bien ciudadanos bolivianos netamente mestizos. Hechos protagonizados por una autoridad del gobierno autodenominado descolonizador, aunque no lo parezca.

Los hechos descritos no corresponde a la figura típica de un sincretismo religioso –entendido como la fusión de las prácticas culturales- ello sería inofensivo. Este importante acontecimiento, refleja nítidamente el fenómeno de la “aculturación”, que es el proceso que vive la colonia ante la imposición de la cultura dominante, por cuanto se hace participar a nativos aymaras -siendo que ellos no celebran sus bodas de aquél modo- de una ceremonia a la usanza de la cultura dominante.

Esta mescolanza de prácticas culturales refleja la verdadera situación de la descolonización: un mestizaje cultural imposible de desandar, imposible e innecesario de desterrar del imaginario y la cultura popular.

El problema de la colonización entonces, no radica en el sincretismo cultural, sino en la dominación política e ideológica. En este sentido, Bolivia continúa siendo un Estado colonial y que permite el ejercicio de prácticas coloniales a su interior. No solo me refiero a las estructuras sociales institucionales, que pueden remediarse con la normativa ya vigente. Me refiero concretamente a normas elaboradas en función de las pertenencias étnicas, que divide a las razas y que asumen a los indígenas como grupos étnicos y no como un sistema, que realmente constituyen.

A mi modo de ver, el proceso descolonizador no debe únicamente concentrarse en la confrontación de las varias esferas culturales coexistentes en el Estado Plurinacional, sino que debería entenderse además como el aprovechamiento de los espacios y las oportunidades que ofrecen las coyunturas políticas en el país, para la consolidación de los derechos plenos de ciudadanía. Esto, en estricta congruencia con la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas el 2007, consagrada en términos legales en la nueva Constitución del 2009.

En esta línea doctrinal, específicamente, los pueblos originarios deberían consolidar la descolonización con la obtención de derechos para el desarrollo pleno de sus culturas, el ejercicio activo en el sistema político democrático y la instalación en las estructuras de poder del Estado. Esta descolonización ideológica y política debiera ser la preocupación central de las autoridades de gobierno, porque de ello depende la emancipación real de los pueblos y grupos humanos que han padecido los efectos nefastos de la colonización.

Y el mejor ejemplo de esta evolución en un proceso descolonizador, es la participación del mojeño-ignaciano Pedro Nuny Caity, como candidato a la gobernación del Beni, sin depender de organización política tradicional y ejerciendo el liderazgo sin requerir de ventrílocuos ideológicos para tal efecto. Planteando una nueva ideología basada en respeto a la Madre Tierra y profundización de la democracia ensalzando valores ancestrales de culturas originarias.

Esta muestra de emancipación ideológica y política constituye un verdadero acto de descolonización, señalando un nuevo horizonte descolonizador que se plantea para los bolivianos, a la luz de un mundo globalizado que propone y exige reglas de igualdad, respeto y convivencia pacífica entre las diferentes culturas.

*Abogada-Miembro de la Academia de Ciencias Penales-ex asesora de CMIB (Central de Mujeres Indígenas del Beni)

http://www.hoybolivia.com/Blog.php?IdBlog=38562&tit=descolonizacion_emancipacion_ideologica_y_politica_de_pueblos_indigenas

Publicado por: Hoy Bolivia

Por: Moira Sandoval Calvimonte

2012-09-05 - 22:05:04

PENALIZACIÓN DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y PRETENSIÓN DE MODIFICAR LA LEY DE IMPRENTA:
El respeto a la libertad de expresión que el presidente Morales ejerce a plenitud en sus discursos -muchos de ellos irónicos, sugerentes, beligerantes y descalificadores- es un derecho universal que el mandatario no reconoce para los demás integrantes del Estado Plurinacional de Bolivia, principalmente a los miembros de la prensa libre.

No obstante que el presidente Evo Morales se expresa a través de los medios de comunicación frecuentemente en ocasiones más de una vez al día -y cuando no puede hacerlo es relevado por el vicepresidente y sus ministros- nunca está conforme con la prensa. Como anécdota, recordemos cuando convocó a los partidos de oposición para luego retractarse diciendo que no quería convocarlos, y además rechazando la presencia del periodismo que habían acudido para registrar aquél evento, señalando que no era un show. Este comportamiento irrespetuoso, contradictorio y desagradecido hacia la prensa, obedece a la consigna gubernamental de dominar por completo la línea de información en el país para que refleje únicamente la verdad oficial.

En ese sentido, existen varias acciones desplegadas por el gobierno que ya no deja dudas del designio del presidente Morales de controlar a los medios de comunicación para finalmente eliminar el periodismo imparcial e independiente, pues las amenazas contra este gremio han sido constantes y desde varios frentes.

Para ello, ha desplegado acciones en el ámbito legislativo, administrativo, mediático, y más recientemente, en el ámbito judicial, pretendiendo limitar la libertad de información y de expresión, y por último, penalizando conductas propias del libre ejercicio del periodismo.

Una norma que afecta directamente al trabajo de la prensa, es la Ley N° 045 o “Ley contra el racismo y la discriminación”, que penaliza el derecho a la información y a la libre expresión, al permitir el cierre de medios de prensa que a juicio de las autoridades propalen reiteradamente opiniones y expresiones que puedan ser consideradas racistas y/o discriminatorias. Se había advertido, en oportunidad de presentarse el anteproyecto, que esta ley constituiría una herramienta de persecución política, contribuyendo a la practicada instrumentalización de la justicia –las guillotinas judiciales- contra los adversarios políticos del gobierno.

Otro de los más evidentes intentos del gobierno por ejercer control sobre los medios de comunicación fue cuando -haciendo uso de su mayoría parlamentaria- promulgó la polémica Ley N° 164 – Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, para regular en el ámbito administrativo, las licencias y las condiciones en que debe funcionar los medios de comunicación. Esta ley ahora vigente, abre la posibilidad que bajo una situación declarada de “conmoción interna”, la ATT (ente regulador) pueda autorizar la intervención de las comunicaciones privadas, vulnerando así derechos constitucionales y civiles vigentes en nuestro Estado.

A propósito de la instrumentalización excesiva del canal estatal al servicio del partido de gobierno, se observan recurrentes episodios en el ámbito mediático, de las descalificaciones permanentes que vierten los empleados de dicho canal contra los medios de comunicación privados.

Por si ello fuera poco, dichas descalificaciones recientemente han sido oficializadas mediante la presentación en Palacio de Gobierno y la promoción por parte del vicepresidente del Estado, de un texto destinado a “revelar” verdades de los medios, plagado de información de los negocios y empresas privadas de los propietarios de medios de comunicación –todos ellos lícitos- redactado por un exministro de imagen deteriorada por su responsabilidad en la represión a la Octava Marcha Indígena. El autor en cuestión, ahora designado como representante de Bolivia ante las Naciones Unidas, recibió el incentivo necesario, por haberse prestado a redactar un producto de dudosa calidad literaria dirigido a justificar y fortalecer los “argumentos” para la arremetida del gobierno hacia los medios de comunicación privados e independientes.

Otro de los más enérgicos intentos del presidente Morales para controlar la libertad de expresión y de información, y al gremio periodístico, es la pretensión de modificar la Ley de Imprenta, vigente desde 1925, resultado de la Cumbre Social convocada por el Gobierno que determinó como una prioridad nacional el cambio de dicha norma, no obstante que la actual legislación contempla principios universales en materia de libertad de expresión e información y el desempeño del periodismo.

Pero esas no fueron las únicas acciones que desplegó el gobierno, pues tuvo varias declaraciones atacando a la prensa libre de nuestro país, algunas expresadas por los ministros, victimizándose de que la prensa en general busca desprestigiarlos y amenazando en varias ocasiones con iniciar procesos a los miembros de dicho gremio.

Siguiendo esa línea de arremetida contra los medios de comunicación, y emulando el ejemplo nefasto de Ecuador, el gobierno boliviano ha iniciado un proceso en contra de la Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos “El Diario” y “Página Siete”, por una supuesta distorsión de las declaraciones del presidente Evo Morales, imputándoles el delito de ‘Difusión e Incitación al Racismo o a la Discriminación’, inserto en el Artículo 281 del Código Penal por mandato de la Ley No 045 de 8 de octubre de 2010.

Al respecto la Ley de Imprenta señala que si un funcionario público se ve afectado por una publicación debe defenderse usando esta norma que establece mecanismos y jurados especiales y solo si el demandante es un particular puede usar la vía penal. Este no es el caso, pues el denunciante no es un particular sino una institución pública –como es el Ministerio de la Presidencia- mediante su representante legal, el Ministro de la Presidencia, quien ha planteado querella contra determinados medios de comunicación.

Es preciso aclarar que la Ley de Imprenta, mediante sus Tribunales ya instalados, constituyen la jurisdicción competente para dirimir la discrepancia suscitada en la interpretación del discurso presidencial, tal como solicita la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que rechaza el juicio instaurado por el gobierno contra la Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos “El Diario” y “Página Siete”.

Estos sucesos atentatorios contra la libertad de expresión ya han generado la preocupación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), recordando a los estados signatarios, que la Declaración de Chapultepec claramente establece que ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad.

Existe contundente normativa a favor de los principios universales de libertad de expresión y libertad de información en el Estado Plurinacional de Bolivia, pero principalmente la Constitución Política del Estado señala en cuanto al régimen de Comunicación Social, en el Artículo 106º:
I.El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información.
II.El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.
III.El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.
IV.Se reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información

En ese marco constitucional, la querella instaurada a los tres medios de comunicación, no solo que incumple abiertamente el artículo 106 de la Constitución sino que además vunera el principio, garantía y derecho constitucional del debido proceso, al imponer una competencia que no corresponde, siendo en consecuencia, inconstitucional.

Pero el problema no radica únicamente en la inobservancia de las premisas constitucionales, lo grave es que sea una autoridad del órgano ejecutivo quien incurra en dicha actuación inconstitucional, desconociendo la obligación de hacer cumplir los Derechos Fundamentales y Garantías, cual establece el Artículo 13 de la Constitución Política del Estado que señala: “I.Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.”

Los principios universales del derecho a la libertad de información y a la libertad de expresión, son tan absolutos e incuestionables para la doctrina constitucional, que incluso la propia Constitución en su Artículo 137º, al normar el Estado de Excepción, señala contundentemente que “La declaración del estado de excepción no podrá en ningún caso suspender las garantías de los derechos, ni los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los derechos de las personas privadas de libertad.”
Si bien es conocido que el gobierno siempre atacó a los medios de comunicación por considerarlos sus enemigos, curiosamente, recién ahora se decidió a perseguirlos judicialmente. La diferencia para que se atreva a procesar a ciertos medios, sin importarle el costo político que esto le genere y el atentado evidente a la democracia que representa, es porque desde principios de este año, el gobierno cuenta con un sistema judicial que puede doblegar a sus designios. Claramente, el juicio instaurado va dirigido a amedrentar a los medios de comunicación independientes y limitar la libertad de expresión.
De modo evidente, el proceso instaurado en contra de los tres medios de comunicación, ha forzado la competencia hacia la jurisdicción penal, cuando el ámbito para discernir estas discrepancias y errores de interpretación debiera ser un tribunal de naturaleza ética y no jurídica, especializado en infracciones a la libertad de expresión y de información. Sin embargo, se puede presumir que al acudir a un tribunal de honor, la influencia del gobierno no alcanzaría a los miembros de esa instancia, quienes actuarían, en consecuencia, con imparcialidad.

Sabiendo que el Tribunal que contempla la Ley de Imprenta constituiría un juzgador imparcial, ya los voceros oficialistas han planteado a raíz de la polémica desatada, la necesidad de reformar dicha norma por considerarla caduca y desactualizada.

El fuero especial que protege a los periodistas en el marco de la constitucional libertad de expresión, plasmando los principios universales pilares de la democracia, es precisamente lo que el gobierno quiere erradicar: tribunales imparciales que preserven la libertad de expresión y la libertad de información.

Evidentemente el control de la prensa es un tema recurrente en la agenda del gobierno, y aunque el mismo presidente Morales, reconoció la vigencia plena de la Ley de Imprenta descartando cualquier modificación de la norma o la creación de otra destinada a regular el trabajo de los medios -en reunión con dirigentes y periodistas de organizaciones de la Prensa el 15 de febrero de 2012- a pesar de ello, la polémica por una posible modificación de la ley de imprenta ha actualizado la preocupación del gremio periodístico por cuanto una nueva legislación tendría el objetivo de silenciar a la prensa independiente y además atentaría de manera directa contra el trabajo de los periodistas, teniendo en cuenta que las reglas y condiciones que regulan el desempeño de éstos, podrían variar en desventaja de ellos.

Pero eso no es todo, también existe preocupación de la sociedad civil, al advertir que una nueva legislación que reemplace a la Ley de Imprenta, convertiría el gobierno de Evo Morales en autoritario, pues el periodismo libre estaría completamente controlado bajo el asedio de procesos penales y censura permanente, sin mencionar las presiones en el ámbito administrativo que incluye la clausura o suspensión de aquél medio privado que incomode al gobierno.

En este contexto, la interpelación respecto al manejo de los aparatos ideológicos del actual gobierno, deberá trasladarse desde el campo ideológico -a donde siempre se ha llevado el debate- hacia el ámbito o­ntológico-ético, por cuanto debe establecerse la intencionalidad en la propuesta de reformar la Ley de Imprenta, y si ésta va dirigida a fortalecer el Estado de Derecho en democracia o a consolidar un gobierno totalitario.
CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS MEDIOS PRIVADOS-LEY DE TELECOMUNICACIONES:
Hacia esta norma –que forma parte del programa de reelección del presidente Evo Morales- se han realizado serias acusaciones, como aquélla de que vulnera derechos y garantías constitucionales, que da luz verde al ‘pinchazo-espionaje’ de teléfonos, que propicia el control total del poder, que controla la libertad de opinión, prensa e información y que al mismo tiempo, permite intervenir el derecho a la privacidad, con la finalidad de espionaje desde el gobierno. Veamos si tales aseveraciones son ciertas:

Teniendo en cuenta que una Ley de Telecomunicaciones tiene por objeto establecer el régimen general de las actividades y servicios de telecomunicaciones considerados de interés público y sujetos a regulación, control, fiscalización, vigilancia del Estado, garantizando el uso eficiente del espectro electromagnético, así como proteger a los consumidores de servicios de telecomunicaciones -conforme lo establece la Constitución Política de Estado- la justificación esgrimida por el gobierno para la reforma de dicha normativa, se basa en la pretensión de asegurar el derecho de los usuarios al acceso universal y equitativo a los servicios, garantizar la calidad de los servicios de comunicaciones y asegurar la participación del Estado para resolver las deficiencias y fallas de mercado.

Para ello, en su exposición de motivos la ley de Telecomunicaciones argumenta razones técnicas y además señala: “actualmente Bolivia tiene la mayor brecha de América Latina entre las áreas urbanas y las rurales, este resultado es consecuencia de las políticas de telecomunicaciones aplicadas bajo el modelo neoliberal, con un sistema de regulación sectorial que privilegió las áreas urbanas en desmedro de las áreas rurales y periurbanas. Los operadores de servicios de telecomunicaciones pese a obtener importantes ganancias no contribuyeron a la expansión de la cobertura hacia las áreas deprimidas por la falta de política social en la regulación sectorial.”

Bajo esas consideraciones filosóficas y políticas es que la nueva Ley de Telecomunicaciones estableció una nueva regulación destinada a limitar la participación de la empresa privada y los medios de comunicación independientes. Del análisis de las modificaciones introducidas respecto a las licencias que otorgará el Estado a los medios de comunicación privados e independientes, se puede concluir que:

• Se establecen reglas que significan un retroceso en los derechos adquiridos de los medios de comunicación independientes: las licencias que se otorgarán a las radioemisoras y empresas de televisión tendrán una vigencia de quince años (15) a diferencia de la legislación anterior que les concedía un período de 20 años de funcionamiento. (Artículos 29 y 30)

• Con la nueva ley el gobierno “acaparará” el espectro electromagnético boliviano, ya que la ley de telecomunicaciones sacará del aire a más de 400 radioemisoras privadas cuando expiren sus actuales licencias, es decir el año 2017. Además de no renovarles los permisos de transmisión el 2017 a las estaciones radiales, la legislación establece que la participación privada en empresas de radio y televisión se reducirá obligatoriamente a sólo 33%(restringiendo la participación de la empresa privada), a los sindicatos 17% (sectores por lo general afines al gobierno), y las organizaciones indígenas el 17% restante.

• El estado fomentará la creación de medios de comunicación para-gubernamentales, destinados a difundir la propaganda oficial de las “bondades del proceso de cambio” y expandir la campaña electoral presidencial del 2014. (sustentados en el Artículo 107 de la CPE, parágrafo III y IV)

Adicionalmente al impacto de la Ley Nº 164, de controlar y restringir la existencia de medios de comunicación privados, la ley de Telecomunicaciones corresponde al paquete de normas que cancelan convenciones internacionales sobre Derechos Humanos, pues al ser analizada y contrastada con la Constitución Política del Estado, se advierte nítidamente que dicha norma -destinada a regular en el ámbito administrativo el desarrollo de las comunicaciones- también pone en grave riesgo ciertos derechos constitucionales -consagrados en tratados y convenciones internacionales- incluyendo la posible creación de nuevos tipos penales, en el marco del llamado “Derecho Penal del Enemigo”. Esta situación debe sin duda preocupar a los juristas, sobre todo a aquéllos que siguen la corriente “garantista” del Derecho Penal.

Me refiero específicamente al artículo 111 de la Ley de Telecomunicaciones que, de modo concreto señala:(CASOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL ESTADO) I. En casos de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres, los operadores y proveedores de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, estarán obligados a cooperar y poner a disposición de las autoridades públicas legítima y legalmente constituidas, de manera gratuita y oportuna, las redes y servicios, así como la emisión, transmisión y recepción de las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación que les sean requeridas.” Del incumplimiento de esta imposición de contenido inconstitucional, sin duda emergen sanciones administrativas a los operadores y proveedores de telecomunicaciones.

Este artículo de la ley Nº 164, que permite la intromisión a las comunicaciones privadas, se combina para su cumplimiento, con el Artículo 55° de la misma norma, que establece que son Obligaciones de las usuarias y usuarios “(…4. Cumplir con las instrucciones y planes que emita la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes en caso de emergencia y seguridad del Estado.” De su incumplimiento, por parte de los usuarios, al no ser entes regulados por la ATT, existe el riesgo de la creación de tipos penales que sancione dicha omisión, en suma, la penalización de aquellos que se nieguen a cumplir las normas bajo la situación declarada de “conmoción interna”, que por supuesto quedará librada al criterio de las autoridades nacionales.

Sobre este punto, de acuerdo al derecho positivo vigente, toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, a la intimidad y protección de los datos de carácter personal, salvo aquellos casos expresamente autorizados por la Constitución Política del Estado.

De modo evidente, el Artículo 111 de la Ley de Telecomunicaciones trasgrede la Convención Americana sobre Derechos Humanos –de la cual el estado Boliviano es signatario- al determinar que se pongan “a disposición” del gobierno todos los medios de comunicación, incluidos los operadores de Internet, y se permitan las escuchas telefónicas sin que medie autorización judicial en casos en que el gobierno considere que existe “conmoción interna” o esté amenazada la “seguridad del Estado” en franca vulneración del Artículo 13 de la Convención cuando expresa que “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales…”

A pesar de que la Constitución Política del Estado determina que ni aún en el Estado de Excepción se suspenderán las garantías de los derechos ni los derechos fundamentales, ni el derecho a la información, en conformidad a los Tratados y Convenios Internacionales (Artículo 13), concretamente el Derecho a la Intimidad consagrado en el Artículo 25 de la CPE; y el Derecho a la Información establecido en el Artículo 106 de la misma norma superior, son frontalmente atacados con los Artículos 55, (4) y 111 de la Ley de Telecomunicaciones.

ES BOLIVIA UN ESTADO FORAJIDO? RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN:

Según John Rawls, connotado filósofo del siglo XX, muy frecuentemente citado en los tribunales de justicia norteamericanos, los “Estados forajidos” son aquellos cuyos gobiernos estructuran decisiones internas y externas sin ninguna consideración por los derechos humanos, donde la juricidad es una ficción unilateral y en los que la articulación ética que brindan la moral y las leyes ha sido substituida por un comportamiento propio de bandidos que son integrantes aventajados de una cínica puesta en escena donde todo se finge y en la que a todo se responde con dosis de histrionismo inverosímil.

Pues bien, suele calificarse también a un estado de forajido, cuando además de incumplir con las Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos, protege en su territorio a asesinos, terroristas, ladrones, narco lavadores de dinero, estafadores internacionales, políticos corruptos, pederastas, narcotraficantes y, cuando tolera e impulsa la producción en gran escala de drogas dentro de su territorio o cuando bajo su ocupación, se incrementa la producción y venta de drogas como es el caso de Colombia, Afganistán y Bolivia.

La más clara muestra de la tendencia de los Estados Forajidos de limitar la libertad de expresión y con ello el derecho de estar informados, restringiendo el acceso al internet y sus servicios, son las medidas asumidas por aquéllos estados. Algunos gobiernos están aumentando su control y censura, identificando como amenazas latentes páginas con contenido político. En esta línea de censura, y a raíz del juicio penal instaurado a los res medios de comunicación, Bolivia ha retrocedido en el ránking mundial de libertad de expresión, hallándose actualmente en el puesto 108.

Los gobiernos que actúan al margen de los Tratados y Convenios Internacionales, aprovechan la estructura centralizada del poder para controlar y alterar información, cerrando sitios de Internet, actuando con ciberataques, monitoreando teléfonos y haciendo que colapsen las redes. En varios países del mundo se ha censurado el acceso a sitios de internet, o se procede al bloqueo de sitios, autocensura y ciberataques, muestra de ello, en 15 países prohíben Youtube, Twitter, Google, Facebook. Se sabe que en 2009 había 15 países que controlaban los medios digitales y en 2010, pasaron a ser 37.

Según informa el Instituto para la Libertad y la Seguridad de los Reporteros, la intolerancia hacia la libertad de expresión se demuestra con la persecución de periodistas y medios de comunicación, y con la suspensión de frecuencias locales y estaciones de radio. Asimismo, la censura es visible cuando la licencia para radio y televisión es manejada y controlada por autoridades, tornando imposible abrir estaciones independientes y en algunos países no se permite la apertura de medios con inversiones extranjeras.

Si algún dato mencionado nos suena conocido, recordemos que desde que asumió la presidencia de Bolivia, Morales ha librado sostenidos enfrentamientos con la prensa, y en poco más de cinco años creó medios de difusión propios y aprobó regulaciones que, una vez puestas en práctica, atentan contra la libertad de información, tal como la Ley contra 045 promulgada el 2010 contra el racismo y toda clase de discriminación, de donde se ha determinado la preponderancia de la ley penal sobre la ley de imprenta.

Todo ello, siguiendo el libreto señalado por los teóricos del movimiento al socialismo, que establecieron la necesidad de consolidar la hegemonía ideológica, entendida ésta como la ausencia de la discrepancia, del pensamiento plural y democrático, se han dado a la tarea de pretender imponer a la opinión pública, la versión oficialista de la realidad nacional. Para tal cometido, es menester que cesen las voces de denuncia, las voces cuestionadoras, las voces que debaten, las voces que interpelan, la libertad de expresión, en suma. Y en ese esquema, la prensa debe estar amordazada, o al menos, atemorizada.

La libertad de expresión, es el bien jurídicamente protegido en la democracia, está representada en el derecho de cada ciudadano opinar por cualquier medio sin temores. Este principio universal versa sobre el derecho de la gente a estar informado y a expresarse, sin embargo, la recientemente reformada ley de Telecomunicaciones no genera mecanismos de protección de este derecho, ni herramientas que faciliten a cada ciudadano hacer uso de las formas de comunicación de forma segura, que pueda protegerse de la censura y las mordazas. Todo lo contrario, el bien jurídico protegido por la Ley de Telecomunicaciones pareciera ser la seguridad del Estado, en la clásica visión del Derecho Penal del enemigo.

Sin importar los medios, el derecho a la libertad de expresión es el mismo, ya sea prensa escrita, radio, por blog, sitios de internet o cualquier otro medio, el ciudadano y la prensa deben tener el derecho a expresarse libremente -como corresponde en un Estado de Derecho en Democracia- sin temer que ello cause reacciones violentas o censura y menos aún querellas criminales por parte de los órganos del Estado.

Es evidente que cualquier afectación a la libertad de expresión es un golpe a la democracia -pues sin prensa libre no hay democracia- de ahí que quepa afirmar que las restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de información son típicas de los gobiernos totalitarios y que, sumado a otras características como el incremento al narcotráfico y la vulneración permanente a los derechos humanos por parte de este gobierno, permite cuestionarnos si Bolivia constituye un verdadero Estado de Derecho o reviste las características típicas de un “Estado forajido”.

http://www.hoybolivia.com/Blog.php?IdBlog=38374&tit=sobre_la_libertad_de_expresion_y_de_informacion_hacia_un_estado_forajido-1

Publicado por: Bolpress

Por: Moira Sandoval Calvimonte

En inauditas declaraciones, procurando ganar las simpatías y complicidad de los miembros del ejército boliviano -en estos tiempos donde su popularidad y prestigio han caído estrepitosamente en el imaginario plurinacional- el doctor honoris causa y presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, de manera clara dictó un consejo a los jóvenes bolivianos: Si embarazas a tu novia, refúgiate en el cuartel

No conforme con evidenciar su posición de enemigo de los derechos humanos y de los pueblos originarios –según lo acontecido en todas las etapas de la marcha del TIPNIS- el presidente Evo Morales, muestra ahora su escabrosa naturaleza humana y carencia de ética al realizar declaraciones de contenido delincuencial, en un franco ataque a las mujeres, los niños y las leyes en general. En caso de que mis afirmaciones parecieran temerarias o exageradas, invito al lector a recordar la desafortunada frase emitida en la parada militar ocurrida durante el acto de relanzamiento de la Academia Boliviana de Historia Militar:

"…Ustedes saben, generales, almirantes, oficiales, cuando un jovenzuelo embaraza a su compañera prefiere escaparse al cuartel y cuando está allá es intocable ese soldado",

aseveró Evo Morales durante su discurso.

Con esa declaración, además de mostrar la naturaleza misógina de su razonamiento, cobra sentido el antecedente de por qué antes de ser primer mandatario, Evo Morales debió ser enjuiciado dos veces para que reconociera a dos de sus hijos y consiguientemente procediera al pago de pensiones de asistencia familiar (en cumplimiento de sus obligaciones). Si en aquélla ocasión parecían hechos comunes de la vida de cualquier ciudadano, con las expresiones realizadas en aquél ámbito militar, ahora no nos cabe ninguna duda de su visión de la vida y de la familia: de absoluto desprecio a los derechos de los niños y las mujeres, cuando sugiere que los cuarteles militares son un refugio para los jóvenes que embarazan a sus parejas.

Siguiendo este razonamiento, el joven que quiera evadir sus obligaciones al ingresar al servicio militar donde se convierte en “intocable”, podría “salvar su responsabilidad” como sugiere el presidente, quien demuestra que más importante que el cumplimiento de los compromisos es buscar la forma de zafarse de ellos.

Apología del delito

Sin embargo, la recomendación vertida públicamente por el presidente Morales -además de constituir un aliciente a la irresponsabilidad patriarcal y un claro atentatorio a la maternidad asistida protegida constitucionalmente y por el Código de Familia- podría recaer en el tipo penal previsto por Código Penal Boliviano en el artículo 130 (Instigación pública a delinquir)

“…El que instigare públicamente a la comisión de un delito determinado, será sancionado con reclusión de un mes a un año.

”

Esta previsión legal se halla destinada a sancionar al individuo que realice apología de un delito –expresando elogio, justificando o alabando de manera pública una conducta delictiva- con la vulneración de otro tipo penal. Para ello, recordemos que el Código Penal Boliviano establece como delito en el artículo 250 (Abandono de mujer embarazada) la siguiente conducta: “

El que fuera de matrimonio hubiere embarazado a una mujer y la abandonare sin prestarle la asistencia necesaria, será sancionado con reclusión de seis meses a tres años…La pena será de privación de libertad de uno a cinco años, si a consecuencia del abandono la mujer cometiere un delito de aborto, infanticidio, exposición o abandono del recién nacido, o se suicidare”.

Es preciso establecer que la apología –término que data de la Grecia antigua- consiste en aquél argumento que puede formar parte de un discurso o de un escrito, en el cual se hace especial hincapié en defender, alabar, elogiar o justificar la acción, inacción, idea o pensamiento de una persona o un grupo, sujeta a una anterior controversia ya que generalmente se refiere a cuestiones que no comulgan con la ley o en las que el bien común de una sociedad puede verse seriamente comprometido si se defiende o triunfa aquélla postura.

Si bien la doctrina constitucional establece que la libertad de pensamiento no solo comprende formar una opinión sino también a expresarla, existen casos en que la comunicación de una idea puede producir la apología de conductas o incitación a la comisión de delitos. El típico caso de una persona que haciendo uso de un canal masivo como puede ser el caso de alguno de los medios de comunicación, divulga los beneficios que puede tener el consumo de tal o cual droga prohibida, inevitablemente, deberá responder por esa apología ante la justicia, siendo susceptible de una denuncia o demanda por esta exaltación.

En este sentido, la apología del delito, concepto ampliamente difundido con especial connotación jurídica, pues se encuentra tipificado en la mayoría de las legislaciones penales del mundo, principalmente porque está vinculada a la alabanza de conductas o situaciones comprobadamente dañinas para el bien común y el mantenimiento del orden de una sociedad, pues de acuerdo a la doctrina, el bien jurídicamente protegido es la tranquilidad pública, ya que enaltecer o elogiar un determinado delito o de un sujeto condenado es un hecho que se opone a la normalidad de las relaciones sociales. Por ello, la conducta de realizar apología del delito, es considerada un grave atentado a la seguridad jurídica.

Específicamente en el ámbito del derecho penal, constituye apología del delito, el elogio público, el enaltecimiento de hechos delictuosos, la solidaridad pública o glorificación de un hecho que constituye delito o de la persona que cometió el hecho. Es considerado como instigación indirecta, y no constituye delito la apología realizada en privado, ni tampoco la simple aprobación, o la alegría explícita, hacia un delito o su autor. Es preciso explicar que hacer apología de un delito, como entiende la doctrina jurídica, es presentar como meritorio el delito cometido o al condenado por un delito en razón de su participación en él.

Aunque la doctrina y legislaciones como la italiana (Artículo 414 C.P.I.) señala que la apología del delito es una instigación indirecta -y exige que para la configuración del tipo penal, debe existir una conducta idónea que provoque la comisión de delitos mediante la posibilidad de suscitar imitaciones- en la norma penal sustantiva de Bolivia se tipifica la apología del delito como la instigación pública a delinquir (Artículo 130 C.P.B), cuando la acción típica la realiza quien instigare públicamente a la comisión de un delito determinado, sin mayores consideraciones en que el bien jurídico se encuentre directamente amenazado con determinado comportamiento, en una presunción iure et iure de que con la apología el bien jurídico protegido se halla en peligro.

Discriminación de las mujeres

Si bien la apología de un delito está mayormente sujeta a una anterior controversia, pues se refiere a cuestiones en las que el bien común de una sociedad puede estar seriamente comprometido si triunfa aquélla postura, en general se halla asociada a delitos como el aborto, la eutanasia, el consumo de drogas, la pena de muerte -asuntos polémicos- y donde es la vida el bien jurídico protegido en la tipificación de aquéllos delitos a los cuales se instigaría, hay casos de apología del delito donde se realiza la exaltación de otros delitos.

Y es que en el caso presente, el bien jurídico lesionado es el derecho de los concebidos-no nacidos (como los llama el código civil) a contar con un progenitor responsable hasta que la persona cumpla su mayoría de edad, es insólito que el delito al cual apologiza el presidente Morales, es el abandono de mujer embarazada, donde las víctimas únicamente pueden ser una mujer y el niño no nacido, demostrando un desprecio hacia estos grupos humanos.

He ahí la originalidad de nuestro primer mandatario, que suele ufanarse de liderar iniciativas a nivel internacional. Pues bien: ningún presidente o primer ministro podría haber tenido la ligereza u ocurrencia de hacer apología del delito de abandono de mujer embarazada, salvo que se halle influido por un profundo sentimiento misógino.

Bajo este razonamiento, y de acuerdo a las propias declaraciones del presidente Morales al elogiar y justificar a los jóvenes que embarazan y luego abandonan a sus parejas, pues en su opinión, quienes prestan el servicio militar son "intocables" fuera del alcance de la ley, se configura claramente el delito de instigación pública a delinquir (Artículo 130 CPB), porque el presidente Morales, mediante declaraciones efectuadas en un acto público que además es difundido por medios de comunicación, realiza el enaltecimiento y la justificación de un hecho que presupone la tipificación de dicha conducta como típica del artículo 250 del CPB, como es el abandono de mujer embarazada.

Retroceso en materia de género

En sus desafortunadas declaraciones Evo Morales afirma su vocación patriarcal y tal vez asoma una de las razones por las que admira a Gaddafi -además de su vocación dictatorial- a quien homenajeara en la Cancillería para Todos Santos y de quien se sabía tenía mujeres menores en harenes clandestinos. Es así que en otro de sus discursos, a tiempo de enfatizar que ningún otro gobierno daba oportunidad al sexo femenino para participar en la vida política, dijo señalando un afiche:

“…miren, Evo Morales encima de tantas mujeres, ¿cómo es eso? Bueno, si ustedes me dan oportunidad, ningún problema...”

De las ironías de connotación sexual que reiteradamente ha vertido el primer mandatario, con frases tales como

: “Cuando voy a los pueblos, quedan todas las mujeres embarazadas, y en sus barrigas dice evo cumple” y “mujeres aguantan, evo no se cansa”,

ha derivado en descalificaciones de la mujer como sujetos racionales cuando el 31 de julio de 2011 burlescamente incitaba a los cocaleros del Chapare a colonizar a las mujeres del TIPNIS, diciendo:

‘Enamoren a las yuracarés‘. "Si yo tuviera tiempo iría a enamorar a las compañeras yuracarés y convencerlas de que no se opongan a la ruta sobre el Tipnis, así que jóvenes tienen instrucciones del presidente de conquistar a las compañeras yuracarés trinitarias para que no se opongan a la construcción del camino".

Si bien en su oportunidad fue calificado por representantes de mujeres de organizaciones sociales, culturales e indígenas como machista e irrespetuoso, el presidente insiste en sus discursos que ningún gobierno anterior daba oportunidades a las mujeres para participar en la vida política, desconociendo la lucha y las conquistas sociales y políticas de las mujeres a nivel nacional e internacional desde el siglo XIX, entre ellas, la Ley de cuotas que regía antes de su ascenso al poder, desde el año 1997, estableciendo la obligatoriedad para los partidos políticos, de incorporar al 30% de mujeres en sus listas de candidatos y las correspondientes sanciones a su incumplimiento.

Es indudable que en su calidad de primer mandatario debe respeto a todos los ciudadanos, sin discriminación alguna -no como efecto de cortesía o caballerosidad de su parte, sino en cumplimiento a la constitución, las leyes, las convenciones internacionales sobre derechos humanos y específicamente derechos de las mujeres- no obstante, el presidente realiza recurrentemente comentarios de naturaleza misógina, incumpliendo así sus obligaciones de observancia a las normas y en franca contradicción con sus discursos de protección a las mujeres, de los cuales siempre hace gala en actos públicos.

Empero, la enseñanza que nos deja el presidente Morales en estos casi siete años de gobierno, es que la mujer boliviana merece respeto y forma parte de las decisiones del Estado, en una importante proporción de un simbólico 50%, siempre y cuando sean incondicionales con su criterio, acaten sus instrucciones y decisiones -por muy desatinadas y contrarias a la norma que éstas sean- lo cual revela el lugar subordinado que tienen las mujeres en este gobierno, ya que según mi punto de vista, ese grado de sumisión de las funcionarias, legisladoras y juezas, asociadas a la incapacidad de interpelar las decisiones del primer mandatario, representa un retroceso de lo mucho que se había avanzado en materia de derechos de género.

En tal sentido, es llamativo el silencio sepulcral de las mujeres que integran el órgano ejecutivo y las asambleístas del partido oficial, quienes antes de ascender al poder acusaban de patriarcales a otros gobernantes y exigían el respeto a los derechos de las mujeres -como la señora Elizabeth Salguero, entre otras- y ahora, convertidas en incondicionales súbditas, ante las reiteradas expresiones misóginas del presidente Evo Morales, no se pronuncian al respecto.

No obstante tales consideraciones de orden ético y filosófico, cuando el primer mandatario electo democráticamente, incita a los jóvenes bolivianos a evadir sus responsabilidades de paternidad señalando que “cuando sale del cuartel, es intocable ese soldado”, incurre sin duda alguna, en apología del delito de abandono de mujer embarazada. Al mismo tiempo revela con diáfana claridad y con su ejemplo, que en su opinión, no es importante cumplir las obligaciones que imponen las leyes, ya que éstas pueden ser soslayadas, sobre todo cuando se trata de personas de segunda categoría, de ciudadanos de segunda clase, como considera el presidente Evo Morales a las mujeres bolivianas.

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011111901

Publicado por: Hoy Bolivia (Santa Cruz - Bolivia)

Por: Moira Sandoval Calvimonte

"CONTRADICCIONES" DIALÉCTICAS  E  INCOHERENCIAS o­nTOLÓGICAS - I.
A propósito del discurso exitista que manejaba el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, respecto al control de las mayorías nacionales,  escribí en febrero de este año un análisis titulado "Instrumentos neomarxistas para decisiones neoliberales", donde me referí a la promulgación de algunas leyes para la implementación de los aparatos ideológicos del Estado (AIE) -en el marco de la interpretación Althusseriana- y en el que cuestioné los resultados de su aplicación los últimos años, ya que desde mi punto de vista, el gobierno no había conseguido hegemonizar la ideología y en consecuencia, desde mi percepción resultaba evidente que los postulados del socialismo comunitario no constituían al momento la ideología dominante en el imaginario de nuestro pueblo.

Si bien no considero que el vicepresidente haya leído mis comentarios, estoy persuadida de que el transcurso del tiempo y algunos conflictos por los que atravesó el gobierno durante este año han convencido al segundo mandatario que para consolidar la hegemonía ideológica deseada -en caso de que algún día se logre tal cometido-  falta un largo camino por transitar.

En el ánimo de reflexionar sobre el proceso de cambio, el vicepresidente escribió: "Rige quinta fase del proceso de cambio: TENSIONES CREATIVAS DE LA REVOLUCIÓN", donde afirma que se derrotó al neoliberalismo y que "no hay en el horizonte una propuesta alternativa al de la plurinacionalidad descolonizadora que consolida una única nación estatal, en la que conviven múltiples naciones culturales y pueblos...Pero estos logros de una revolución democrática y cultural no implican que las tensiones, las diferencias internas, las contradicciones y las luchas hayan desaparecido."

En este contexto establece que la "segunda tensión:flexibilidad hegemónica frente a firmeza en el núcleo social es la que se da entre la amplitud social del proceso revolucionario (la incorporación creciente de muchos sectores) y la necesidad de garantizar la conducción indígena, campesina, obrera y popular de este proceso. Es una tensión creativa que uno puede visualizar, por ejemplo, entre trabajadores, obreros, asalariados y el sector empresarial. Pero así como se tiene que apostar a una gran amplitud social que incorpore a amplios sectores...es imprescindible reforzar y garantizar el núcleo duro de la revolución: los pobres, humildes, campesinos, indígenas, obreros, vecinos, que son, en las buenas y en las malas, el núcleo, el baluarte y la garantía de la conducción precisa y justa del proceso."
Y agrega: "No hay una receta ni modelo para salir de esta contradicción propia de la construcción de las hegemonías. Sólo el debate, las tensiones, las rectificaciones continuas entre firmeza de liderazgo del núcleo social revolucionario y amplitud hegemónica puede desplegar esta contradicción necesaria, y canalizarla como fuerza impulsora de la dinámica revolucionaria."

No obstante esta visión optimista del vicepresidente, considero que en la coyuntura actual y a lo largo del 2011 se irá acentuando la ruptura y el distanciamiento entre los diversos estamentos del pueblo con los actuales gobernantes, separación que no tiene retorno. Es probable que esa preocupación haya motivado al vicepresidente a reescribir la historia reciente y establecer las cinco fases del proceso de cambio desde el año 2000, en las que incluyó movimientos e insurrecciones del pueblo como la guerra del agua, para diagramar un esquema que sustente la evolución de un proceso revolucionario y con el fin de reencausar el proceso de cambio.

Principalmente se debe distinguir que los hechos históricos protagonizados por el pueblo boliviano, no son la autoría de un partido ni de personas que en toda su carrera política nunca lucharon por aquellas reivindicaciones ni participaron de esas luchas, y en consecuencia, el presidente y su vicepresidente no representan a los pueblos originarios ni a los obreros y proletarios, ni a los trabajadores de clase media, ni a los desempleados, ni a los cuentapropistas, ni a los jóvenes que se forman para el futuro, ni a las mujeres que sostienen familias, ni a los profesionales con bajos salarios, ni a los pequeños comerciantes, simplemente porque ellos nunca desempeñaron esos roles. Recordemos que el presidente Evo Morales era y es el principal dirigente de la Federación de Cocaleros de Bolivia y no se ha despojado de dicha identidad.

Si bien el texto citado párrafos antes, se refería a contradicciones diálecticas en el seno de las fuerzas que integran e impulsan el proceso de cambio, podemos advertir que por las acciones y decisiones del gobierno, las contradicciones que existen son de naturaleza o­ntológica, y no dialéctica, dando como resultado una incoherencia entre el discurso con las decisiones asumidas por el gobierno.

En este contexto,  la interpelación de la sociedad deberá trasladarse desde el campo ideológico -a donde siempre se ha procurado llevar el debate-  hacia el terreno o­ntológico-ético, por cuanto la principal incoherencia del Presidente Morales se evidencia de la contrastación empírica del "deber ser" con el "ser".

De la contrastación de las "contradicciones" e incoherencias del discurso y la acción del presidente-cocalero, debemos inferir la verdad de lo que dice representar, y lo que en verdad representa, de lo que dice defender y lo que en verdad defiende, de lo que dice hacer y en verdad hace. La problemática y las tensiones creativas no son contradicciones dialécticas, sino incoherencias o­ntológicas, que procuraré explicar a continuación.

PRIMERA INCOHERENCIA: EL SUPERAVIT FISCAL.

Las enérgicas protestas protagonizadas por la Central Obrera Boliviana (COB), en marzo-abril del 2011, inicialmente minimizadas por el gobierno y justificadas en su oportunidad por el Vicepresidente como las "contradicciones al interior de los movimientos sociales", que deben ser superadas para consolidar el mitificado proceso de cambio, fueron generadas por una de las incoherencias del discurso gubernamental.
Es oportuno señalar que la principal contradicción en el seno del movimiento obrero no fue por discrepancias ideológicas, como advirtió el vicepresidente Linera, sino más bien por una reivindicación salarial de los trabajadores, motivada en la pérdida de valor adquisitivo de la moneda nacional, a causa de la inflación admitida en discutibles indicadores inflacionarios, pero fundamentalmente en la realidad económica que palpan los trabajadores en sus respectivos hogares,  por ello, el conflicto  hallaba sustento en la convicción de que el Estado se hallaba en un real superávit fiscal y que la economía había tenido el crecimiento pregonado en los últimos años.

En aquél conflicto, se movilizaron 47 confederaciones, federaciones nacionales y centrales obreras departamentales y regionales de todo el país demandando al gobierno: a) la derogación Decreto Supremo 809, que disponía el incremento salarial del 10%, señalando que no existió negociación previa con las organizaciones sociales. b) la derogación el artículo 23 de la Ley Financial, ordenaba que las cajas de salud transfieran todos sus bienes y recursos para ser administrados  por el Ejecutivo, como medio para financiar la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) c) La derogación del Decreto Supremo 21060, que marcó el inicio de la implementación del modelo neoliberal hace 26 años. d) La implementación de políticas orientadas a la reactivación del aparato productivo
Por más de dos semanas el país se vio envuelto en una serie de movilizaciones, anunciadas y otras sorpresivas, con reivindicaciones sectoriales y generales, todas ellas plegadas a la dirigencia de la COB y alimentadas en sus filas por distintos sectores que vieron por primera vez, marchar juntos cascos de mineros con cascos municipales. La sede de Gobierno fue el escenario donde se realizaron las movilizaciones de las organizaciones nacionales bajo una estrategia denominada de las "mil esquinas", incluyendo la explosión de petardos y dinamitas.
En apoyo al discurso oficial de descalificar a los huelguistas, el presidente del Senado, René Martínez, señalaba que éstos representaban "a una minoría de asalariados", ocasionando perjuicios a los estudiantes y el derecho al libre tránsito que tiene la ciudadanía. Las declaraciones en conferencia de prensa de las bancadas del MAS de Diputados y Senadores, y ex asambleístas expresando su repudio al bloqueo de calles, caminos, marchas y manifestaciones que perturban el normal, desarrollo de las actividades en la industria, la banca y el comercio, constituyeron otra patética contradicción entre el discurso y la acción, pues la metodología de cercar ciudades y el bloqueo de carreteras y calles, fue la práctica usual de los dirigentes del MAS antes de llegar al gobierno.
En aquél contexto, la pulseta del gobierno con la COB se basó en acusaciones para descalificado a los huelguistas y consignas elaboradas por los intelectuales mercenarios del gobierno, y la bancada del MAS proponía como solución del conflicto, la posibilidad de confrontar a la COB con "contramarchas" de las organizaciones sociales, promoviendo el enfrentamiento entre compatriotas. La anunciada "contra marcha", tuvo el efecto contrario pues dio como resultado el ejecutivo de la COB, Pedro Montes asegurara que no tenían miedo advirtiendo que "...algunos hermanos están trayendo para enfrentar, pero los ministros, viceministros, algunos diputados y senadores serán culpables."

No obstante el desprestigio mediático realizado por el gobierno, en la segunda semana de la huelga de la COB, junto a las protestas de la Caja Nacional de Salud (CNS), de los magisterios urbano-rural y los mineros, se sumaron al conflicto los salubristas, las universidades en sus tres estamentos, los trabajadores municipales y hasta los jubilados que sistemáticamente reforzaron la presión contra el Ejecutivo paralizando la sede de gobierno y realizando marchas en las demás ciudades capitales, mientras el gobierno afirmaba que los sectores en protesta eran sólo dos y dado que existe por mandato de este gobierno, la prohibición de ingresar a la plaza Murillo, no es un detalle menor que el Palacio Quemado, sede de la presidencia, había sido simbólicamente cercado el día viernes 8 de abril de 2011.
El gobierno había sobrevalorado sus fuerzas y la relación con las organizaciones sociales. Lo que el vicepresidente denominó reivindicaciones particulares que perjudican el curso del proceso de cambio, resultaban las reivindicaciones de múltiples sectores de la población, excepto los cocaleros. Desde Cochabamba, la Federación del Trópico expresó su preocupación por el crecimiento del conflicto y no descartó asumir movilizaciones, conminando a los maestros y trabajadores en salud a retornar a sus fuentes de trabajo.

Muchos de los esfuerzos del gobierno durante esa crisis fueron empleados en una estrategia mediática-televisiva que intentaba desacreditar al movimiento obrero en general y de manera particular, a sus dirigentes, buscando asociarles con la desgastada oposición. En aquélla oportunidad el gobierno apostaba al cansancio de los sectores movilizados y como de costumbre cuando se le interpela, acusaba a los dirigentes de la COB de una conducta conspiradora. Entretanto, la dirigencia cobista exigía la participación del presidente Morales en las negociaciones quien se hallaba en la ciudad de Tarija y declaraban su voluntad de diálogo:"Hay capacidad, hay voluntad y esa seriedad, no tenemos ningún inconveniente apenas nos convoque a la media noche, a la madrugada, en la tarde, al media día vamos a estar presente. Queremos una reunión con el presidente no con los ministros."

Demostrando una vez más su tendencia a retroceder ante la presión que amenace la permanencia del MAS en el gobierno, ante la incontrolable situación, los Ministros se sentaron en la mesa de negociación con los ejecutivos de la COB, dando como resultado un acuerdo donde ambas partes cedieron: la COB en sus pretensiones que originalmente habían sido planteadas en un 30%  y luego en un 15%, y el gobierno en su postura soberbia que establecía la imposibilidad de aumentar ni en una décima el incremento salarial.

El presidente Morales se hallaba nuevamente en un laberinto. En aquélla oportunidad los ministros negociadores para apagar el incendio se vieron en la necesidad de realizar una explicación técnica ante los trabajadores que contribuyó decisivamente para la aceptación de la propuesta gubernamental, reconociendo que las arcas del Estado Plurinacional, administradas con el modelo del socialismo comunitario, no contaba con la liquidez necesaria para incrementar los paupérrimos salarios, sino estrictamente para obras y proyectos estatales, así como para la priorización del pago de bonos clientelares. En este contexto, la realidad develada con el DS 748 fue confirmada con la justificación presentada ante los trabajadores, mostrando la realidad económica y las limitaciones que ésta conlleva. A confesión de parte, relevo de prueba.

La explicación del superávit y las reservas internacionales (RIN) que según las propias palabras del vicepresidente en su ensayo El Oenegismo enfermedad infantil del derechismo: "...En 180 años de vida republicana apenas se pudo ahorrar USD 1.714 millones, mientras que en cinco años se ahorró 5 veces más que en dos siglos. En términos proporcionales las RIN representaban el 18% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado el 2011,un incremento sin precedentes que deja a Bolivia como uno de los países con una relación RIN/PIB más elevados." quedó relegada a la realidad de que el país no se encuentra en posibilidades de realizar un gasto social, porque dicho superávit está destinado a otros gastos traducidos en bonos clientelares.
Y aquí es donde se observa la ruptura epistemológica del discurso y la realidad, pues es evidente que si el Organo Ejecutivo hubiera podido incrementar los salarios y dictar cuanta medida prebendal se le ocurriese, lo habría hecho. Los incrementos salariales hubieran sido posibles de haber existido una economía saneada, como aseveraba el oficialismo.

SEGUNDA INCOHERENCIA: ERRADICACIÓN DE COCA EXCEDENTARIA.

Una de las principales incoherencias del discurso presidencial, es aquélla de agendar la lucha contra el narcotráfico, como obligación de  gobernante en representación de todos los bolivianos, pero sin abandonar la dirigencia principal de la Federación de cocaleros del trópico de Cochabamba, en representación de aquél sector. En este contexto de "contradicciones", los cocaleros, incrementan sin control el cultivo de hoja de coca, convirtiendo a la Pachamama, a la que el primer mandatario del Estado Plurinacional dice defender, en tierra infértil para siempre.

Esta señal política, contradictoria desde su contenido o­ntológico-ético, por cuanto la naturaleza de las funciones del primer mandatario implican que debe gobernar para todos y no sólo para un sector de la población, ni para un grupo o sindicato, ha sido interpretada y aplicada cabalmente por los productores de la hoja de coca quienes han incrementado también las plantaciones de la hoja sagrada ante la falta de control real de las hectáreas límite de cultivos permitidos por la ley 1008, para evitar la producción de coca excedentaria que se desvíe hacia la industria de la cocaína.

Pero la máxima paradoja de este circuito de la coca-cocaína es que el Estado Plurinacional de corte socialista, es el reservorio de hoja de coca, materia prima de la mercancía cocaína, que genera la ilegal economía política de la cocaína, actividad de las más rentables y millonarias de la acumulación capitalista globalizada. En esa cadena de producción,  el campesino que cultiva la hoja de coca es el eslabón más explotado por el narcotráfico, y de acuerdo a la ley 1008, el más vulnerable. 

Las toneladas de cocaína interceptadas en frontera,  son cantidades que requieren  potentes motorizados para ser trasladadas, ya sean avionetas, lanchas, remolcadores y hasta enormes contenedores, donde la droga es camuflada entre el zinc, el arroz o cualquier producto que sea trasladado en grandes cantidades.  Si el Estado Plurinacional no puede o no quiere controlar las actividades del narcotráfico, ese rol lo cumplirán los países vecinos en coordinación con la DEA, como ya ocurrió en la operación conjunta de la DEA con la policía chilena, en el operativo de captura del general Sanabria.

Al momento de ser aprehendido el general Sanabria en Panamá, se confirmó la imagen de Bolivia como el país con mayor impunidad para el narcortráfico, ya que la ex - autoridad era el máximo encargado del control antidrogas en el Estado Plurinacional y hombre de confianza del Presidente Morales. Es sugestivo de que al cabo de algunas, horas de incertidumbre, posteriores a la captura de Sanabria por parte de la DEA, fueron detenidos varios policías de alto rango en territorio nacional. Luego de las investigaciones preliminares, el general Sanabria será juzgado en el mes de septiembre en una corte de Miami, donde tendrá la potestad de involucrar y dar datos de autoridades y personas con las que realizaba sus actividades delictivas.

Nuevamente el presidente se encuentra transitando un laberinto del que sólo saldrá una vez que sea juzgado el general Sanabria y exonere de vínculos al presidente Evo Morales y a las autoridades de su gobierno.

Intentando mostrar un control eficiente del gobierno en materia de narcotráfico, en el mes de junio, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, ponderó los resultados en la lucha antinarcóticos y erradicación de cultivos excedentarios declarando que "En materia de interdicción lo más rescatable fue haber aprehendido a tres peces gordos del narcotráfico. Logramos incautar 11,8 toneladas de cocaína y 348 de marihuana en 6.090 operativos. Se destruyeron 2.454 fábricas de cocaína, se detuvo a más de 1.836 personas y se han erradicado 5.158 hectáreas de cultivos de hojas de coca."

Pero olvidan las autoridades explicar cómo la producción de cocaína se ha incrementado a tal punto que deba descubrirse más de dos mil fábricas de cocaína, las cuales para funcionar a tanta demanda deben sin duda contar con proveedores de hoja de coca.

No es casualidad entonces, que la producción de cocaína se haya exacerbado en nuestro país los últimos años, pues sumado a la señal alentadora de que el presidente continúa representando con la misma prioridad a los cocaleros que a todo el pueblo boliviano, se observan otras acciones que sitúan al Estado en flagrante incumplimiento de pactos y acuerdos internacionales respecto a la erradicación de la hoja de coca excedentaria.

Para ilustrar esta afirmación, basta con señalar que el Estado Boliviano presentó el 1 de julio de 2011 ante la Organización de Naciones Unidas o­nU su renuncia a la Convención la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, para que el acullico de la hoja de coca sea borrado de la clasificación de estupefacientes.y posteriormente acceder con "reservas", actitud que fue duramente criticada por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), pues la actitud del gobierno boliviano pretendiendo imponer condiciones para formar parte de dicho organismo internacional tendría graves implicancias, señalando de manera oficial: "La comunidad internacional no debe aceptar ninguna propuesta en la que los gobiernos usen el mecanismo de retiro y reacceso con reservas para evadirse de la obligación de implementar ciertas normas del tratado...ese tipo de acción "puede socavar la integridad del sistema global de control de drogas".

Producto de ello, únicamente hasta enero del 2012, Bolivia se mantendrá como miembro pleno de la Convención, pero luego quedará al margen al menos durante un año, hasta que los demás países signatarios de la Convención analicen la reserva que Bolivia planteará el 1 de enero para que se considere su reingreso. Esto en definitiva no contribuye para que Bolivia se quite el estigma de país productor-exportador de cocaína.

Concluyamos que actualmente no hay una política seria de prevención y erradicación, circunstancia ratificada por la conducta del gobierno ante los organismos internacionales, y por el respaldo simbólico y de facto del presidente Evo Morales hacia los sindicatos de cocaleros, siendo en consecuencia, incoherente e insostenible el discurso de lucha contra el narcotráfico.

* Abogada independiente.

http://www.hoybolivia.com/Blog.php?IdBlog=37281&tit=el_cocalero_en_su_laberinto#.TlKwgU55EpY.facebook