Por: Mariella Pereyra Ortiz*

A 30 kilómetros de Ascensión de Guarayos, en días pasados se firmó el ´Pacto de Urubichá´ entre los municipios de El Puente, Ascensión, Urubichá; la Central de Organizaciones del Pueblo Nativo Guarayo y la Prefectura del departamento de Santa Cruz. Estos tres convenios interinstitucionales de solidaridad firmados se basan en el aprovechamiento de la Tierra Comunitaria de Origen y el compromiso de brindar ayuda multisectorial a los indígenas de la zona, impulsando la creación en el interior de la TCO del pueblo Guarayo de la población Tekua Orembae (de nosotros) para sentar soberanía y disuadir a los seguidores del Plan Vinto de posesionarse ilegalmente de tierras cruceñas. Por otra parte, la Prefectura del departamento de Santa Cruz, amparada en la Ley INRA, que establece que la Comisión Agraria Departamental —presidida por el Prefecto— puede hacer dotaciones de tierras, ha establecido dentro de su política agraria departamental de acceso y uso sostenible de los recursos naturales renovables, la intermediación de la Prefectura en un Banco de Tierras Solidario. En este mes la Prefectura cruceña empezará su plan de entrega de 100 mil hectáreas de tierras donadas por una concesión forestal, privilegiando a indígenas y originarios. La distribución empezará con 150 familias que integran Agrupaciones Sociales del Lugar y campesinos de la Chiquitania, Cordillera y Germán Busch. Es del caso mencionar que se ha estipulado que las familias asentadas en estos predios recibirán asesoramiento técnico en torno a la producción agropecuaria y además contarán con caminos, agua, luz, salud y educación, entre otros servicios. El plan integral de entrega de tierras cuenta con el apoyo de la Cámara Forestal para la edificación de viviendas de madera y de la Federación de ganaderos para la entrega de animales, herramientas de trabajo y asesoramiento técnico. A su vez, pretende garantizar el acceso equitativo y democrático a la tierra; priorizar acciones para favorecer a los sectores campesinos e indígenas originarios del departamento; evitar avasallamiento de terrenos; no permitir la continuidad de propiedades agrarias adquiridas ilegalmente, con fines especulativos y que no cumplen con la Función Económico Social. También trabajará la gestión productiva y sostenible de los recursos naturales a través del manejo, recuperación y conservación de la tierra, agua, bosques y biodiversidad. Y si bien la semana pasada el anuncio de la entrega de tierras por parte del Prefecto de Santa Cruz inquietó más de lo habitual a las autoridades del Poder Ejecutivo, a saber: ´No es atribución de Costas repartir tierras´, ´Se tomarán medidas para evitarlo aplicando la ley´, ´Se está rompiendo el Estado de Derecho´, ´Esperamos que no sea una provocación´, ´Está cometiendo el delito de estelionato´, ´No se puede tomar atribuciones de esta naturaleza´, como ciudadana boliviana y cruceña chiquitana que soy, deseo que la exagerada desconfianza prejuiciosa oficialista sea vana y a su vez, que el Plan Integral Agrario y el Banco de Tierras Solidario logren sus loables objetivos y no sean una artimaña más para sacar tajadas políticas a costa del siempre vapuleado sector agrario campesino boliviano.

*Mariella Pereyra es cientista política.