Por: María Teresa Zegada

Hace veinticuatro años, en octubre, se festejaba la reconquista de la democracia, la sensación de haber cerrado el capítulo de golpes de Estado, gobiernos militares, la marcha talacocha, la persecución y la incertidumbre en el mañana, se vivía la algarabía de la participación, la libertad de opinión y el protagonismo de las luchas sociales. ¿Qué hemos avanzado en realidad, después de veinticuatro años de ejercicio democrático? En medio de la crisis y la inestabilidad de los últimos años, hubo quienes pensaron que la democracia no había servido para mejorar las condiciones de vida de la gente, que no logró un marco jurídico sólido para la inversión y tampoco resolvió los problemas sociales; es más, inclusive se dijo que fue funcional a los intereses de los partidos políticos y los grupos de poder, y fue criticada por su carácter excluyente. Sin embargo, a pesar de los gobernantes de turno, los incesantes conflictos sociales, y los cuestionamientos a la gestión política, se logró establecer una institucionalidad que permitió la vigencia de derechos y libertades, el respeto a la ley y a la Constitución y un proceso de acuerdos y pactos para avanzar y ofrecer un mínimo de certidumbre; al mismo tiempo, y como la consecuencia, la democracia permitió la expresión de una diversidad de actores, identidades y demandas sociales y culturales. Pero la democracia no son sólo las instituciones, es también una forma de vida, una cultura política, un patrón de comportamiento que no ha sido asimilado por la denominada clase política, por los gobernantes de turno, pero tampoco por la ciudadanía. Continúan vigentes en la vida cotidiana códigos de comportamiento autoritario, caudillista, clientelista y patrimonialista, que se han convertido en una fuerza política y social antidemocrática. Octubre también marcó uno de los hitos de la crisis de la democracia a principios de la actual década, “octubre negro” primero, y unos años después, en octubre también se expulsó al ex presidente Sánchez de Lozada, uno de los últimos portadores de aquella cuestionada forma tradicional de hacer política. La pregunta es ¿habrán aprendido nuestros políticos y gobernantes la responsabilidad que significa vivir en democracia? Con todo, la sociedad y los movimientos sociales ha asumido la defensa abierta del sistema democrático, y lo han demostrado en sucesivas ocasiones en que se estuvo a punto de romper la institucionalidad. El actual Gobierno ha reconocido también, en diversas circunstancias, el hecho de que su acceso al poder y el conjunto de transformaciones que pretende implementar se dan en los marcos de la democracia. Esta democracia, reivindicada y al mismo tiempo usurpada cumple veinticuatro años, con más futuro que pasado; y está en manos de los partidos y líderes políticos con capacidad de poder, la tarea de defenderla y avanzar en su adecuación a la cambiante realidad y en su perfeccionamiento, así como ganar en eficacia y eficiencia gubernamental y en la ampliación de los derechos. Octubre otra vez, para preguntarnos hacia dónde va la democracia boliviana y reafirmar la convicción de asumirla plenamente.

*María Teresa Zegada es socióloga