Por: Jorge Torres Obleas
Las disputas sociales pueden tomar diferentes formas, pero detrás siempre estarán presentes intereses económicos que, como no puede ser de otra manera, son determinantes a la hora de encontrar las correspondientes soluciones. Lenin fue muy certero cuando señaló que la política es la expresión/forma más concentrada de la economía. Así como no se puede pretender que el agua naturalmente fluya por la vía de mayores obstáculos —ya que siempre lo hará por la de menor resistencia—, tampoco se puede pedir que agentes económicos actúen voluntariamente en contra de sus propios intereses. Se trata de conceptos básicos y de validez general, como la propia ley de gravedad. La naturaleza del conflicto de Huanuni no puede ser otra que la resultante de la existencia de intereses económicos contrapuestos. Como se ha escuchado en estos días de dolor y luto, los mineros asalariados y los cooperativistas mineros podrían ser conceptualizados como hermanos, especialmente si se considera su origen étnico o también su vertiente histórica, ya que el carácter de su actividad económica está condicionado por una misma medida gubernamental: la relocalización. Sin embargo, no se trata de hermanos de clase, como se ha insinuado reiteradamente. Procesos históricos han hecho que unos mantengan su condición de dependientes laborales y que los otros se hubieran convertido en productores independientes privados asociados bajo la lógica del cooperativismo. Si bien en muchos casos pueden tener rasgos comunes, como su condición de pobreza, lo cierto es que desde un enfoque clasista nunca podrán estar incluidos en una misma categoría. Si mineros cooperativistas y asalariados apuntan al mismo objetivo —control de una misma riqueza natural, a través de su explotación, dirección y administración—, resulta obvio que sus intereses tienen un carácter divergente que sin la presencia eficaz del Estado —promotor, previsor, normador y regulador—, puede derivar en situaciones tan dramáticas como las vividas en Huanuni en los últimos días. Los agentes económicos pueden contribuir al interés común y, en función de ello, desarrollar objetivos compartidos, pero difícilmente de manera espontánea, aleatoria o errática. Tampoco se puede perder de vista que una contribución privada al interés común será sostenible únicamente si tiene un nítido correlato en el correspondiente ámbito personal. Al respecto, ya hace varios meses en el Plan Nacional de Desarrollo se señalaba que ´Comibol intervendrá de manera competitiva y con eficacia en toda la cadena productiva tanto en áreas nuevas como concesiones no comprometidas. Concluida la intervención de la mina Huanuni, el Estado reactivará de forma dinámica la actividad minera estañífera, conciliando los intereses de los cooperativistas mineros y de los trabajadores de la minería estatal´. A estas alturas, no cabe duda de que al Gobierno le llegó la hora de las definiciones y de las acciones concretas: ¿Comibol representa al Estado? ¿Cómo se ejecuta la llamada reactivación dinámica? Finalmente, si el Estado debía conciliar los intereses de las partes, ¿era coherente esperar que las mismas encuentren espontáneamente la alternativa de solución?
*Jorge Torres es docente universitario.
