Por:  Horst Grebe López

La suscripción de los nuevos contratos con todas las empresas petroleras dentro de las condiciones y los plazos legales y del convenio inmediatamente anterior con la Argentina para el suministro de 27 millones de metros cúbicos diarios por un plazo de 20 años, constituyen logros inobjetables para el país. Si las cosas son en efecto como parecen, el gobierno de Evo Morales ha obtenido un éxito de dimensiones mayores, que no era anticipado en tales términos por una buena parte de la clase política ni de los formadores de opinión independiente. El conjunto de estos acuerdos configura sin duda una nueva situación del sector de hidrocarburos dentro de la economía nacional y posiciona al país en una condición cualitativamente diferente en la geopolítica de la energía de América del Sur, donde operan empresas grandes, empresas estatales como Petrobras de Brasil y PDVSA de Venezuela o privadas como la española Repsol y algunas otras de las más grandes del mundo. La capacidad negociadora demostrada en esta primera etapa tendrá por tanto que proyectarse al futuro de una manera sistemática pari passu con el potenciamiento de YPFB para que participe en ligas de esta envergadura. Todo recorrido empieza por el primer paso, y el que acaba de darse marca ciertamente un nuevo rumbo para el país en su conjunto, que trae aparejadas repercusiones de largo alcance puesto que proporciona un excepcional horizonte de certidumbre a largo plazo sobre los ingresos fiscales en sus diferentes niveles de coparticipación. Esto mejorará seguramente la calificación del riesgo-país y podría modificar asimismo las percepciones negativas que generaba el país a últimas fechas en el exterior. No importa si fue casualidad o premeditación, pero lo cierto es que el momento de anunciar el acuerdo con las petroleras con Petrobras incluida, calzó a cabalidad con el calendario electoral del Brasil. La reelección del presidente Lula se añade por consiguiente como otro de los factores positivos en la proyección de nuestro país hacia su nuevo rol sudamericano, que ahora tendrá que ser cimentado y fortalecido en una labor que apenas comienza. En tal contexto, una primera ocasión para corroborar que el Gobierno ha decidido adoptar una nueva estrategia de relacionamiento externo, caracterizada por la negociación con visión de largo alcance antes que por la confrontación retórica estéril, está representada por la Cumbre Iberoamericana que se inicia hoy en el Uruguay, y donde el presidente Morales tiene la oportunidad de ratificar el espíritu de compromisos recíprocos y acuerdos en beneficio mutuo que parece constituir la filosofía subyacente a los nuevos contratos sobre hidrocarburos. Por otra parte, también es la ocasión para anticipar claramente la posición articuladora del país en el espacio sudamericano, lo que tendría que ser consolidado luego en términos muy concretos en la próxima Cumbre de Cochabamba. Lamentable sería, en cambio, que se decida seguir el ejemplo de Venezuela, mediante una mudanza innecesaria de la Comunidad Andina al Mercosur, cuando existe ahora la posibilidad efectiva de plantearse la tarea de propiciar la convergencia paulatina de ambos mecanismos bajo el amparo de los acuerdos políticos sudamericanos.

*Horst Grebe L, es economista.

Por: Horst Grebe López*

La pérdida lamentable de 16 vidas humanas en Huanuni como resultado de un enfrentamiento entre cooperativistas y mineros sindicalizados está mostrando claramente un vacío de autoridad efectiva en el sector, así como la inexistencia de una política minera en forma, capaz de responder a las oportunidades emergentes del repunte de la demanda mundial de minerales y metales y proporcionar al mismo tiempo las directrices para el accionar de los diferentes tipos de organización productiva que operan en estos momentos en la minería del país. Cabe recordar que Bolivia ha experimentado diversos modelos de gestión del sector minero a lo largo del siglo pasado, los cuales proporcionaron a su vez la columna vertebral de los respectivos patrones nacionales de desarrollo en cada época. Como es conocido, durante los primeros 50 años del siglo XX estuvo en funcionamiento el modelo liderizado por las grandes empresas privadas que poco beneficio dejaron en el país. Luego de la nacionalización de minas en 1952, se estableció el modelo centrado en torno de la Comibol, cuya administración dejó ciertamente mucho que desear, aunque no está hecho todavía el cálculo verdadero sobre los costos y beneficios directos e indirectos que reportó dicha empresa para el desarrollo general del país. En ambos casos, funcionaron también los subsectores de la minería mediana, chica y cooperativizada, bajo un esquema de relaciones subordinadas al respectivo núcleo primordial que articulaba el sector. Después del desplome del mercado mundial del estaño en 1985, las autoridades de la época consideraron que la minería en Bolivia ya no tenía futuro salvo para el caso de algunas empresas con capacidad de explotar yacimientos auríferos o polimetálicos. Fruto de esa visión interesada ocurrió la mal llamada relocalización de los mineros de la Comibol, entre cuyos efectos hay que mencionar sin duda a la emigración hacia el Chapare, por una parte, y al enorme crecimiento de las cooperativas mineras, por otra. En los últimos años, la industria minera del mundo ha ingresado en una fase de alza de las cotizaciones internacionales, lo cual está alentando la reanudación de operaciones anteriormente abandonadas en Bolivia por parte de algunas empresas medianas y grandes, el establecimiento de un nuevo tipo de empresas con alta densidad de capital y tecnología y, por supuesto, también el despliegue de grandes expectativas por parte de las cooperativas mineras que emplean a unas 50.000 personas y constituyen una de las principales bases políticas del Gobierno. La oportunidad proporcionada desde el exterior para la minería del occidente del país tendría que ser aprovechada con mucha inteligencia, puesto que el desarrollo de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí depende en buena medida del modelo minero que se adopte, el cual no será por cierto el resultado de un acuerdo entre los diferentes actores del sector, que expresan intereses contrapuestos en lo inmediato y en el más largo plazo. Conviene señalar además que las actividades mineras son cualitativamente diferentes de las que caracterizan al sector de hidrocarburos y, por tal razón, no se pueden trasladar las fórmulas institucionales, organizativas e impositivas de un sector al otro. En consecuencia, antes que pensar en una concertación imposible, el Gobierno tendría que formular un planteamiento propio sobre los principios y lineamientos centrales del nuevo modelo minero, determinando a su vez el rol que le correspondería a la nueva Comibol en tal contexto y tomando en cuenta la situación y perspectivas propias de la minería. Si las decisiones se guían en cambio por el cálculo político, es altamente probable que el conflicto minero adquiera mayores proporciones en perjuicio de todos.

*Horst Grebe L. es economista.

Por:  Horst Grebe López*

A comienzos de diciembre próximo se llevará a cabo en Cochabamba la Segunda Cumbre de Presidentes de la Comunidad Sudamericana de Naciones, la cual tiene por tarea adoptar las decisiones fundamentales sobre la agenda futura, la arquitectura institucional y el carácter de este nuevo esfuerzo de integración entre un grupo de países latinoamericanos. Como se acostumbra en estos casos, el país sede de un encuentro de este tipo se encarga hasta el próximo de ejercer la Presidencia pro témpore del mecanismo. Por consiguiente, la función de anfitrión primero y de representación y conducción luego durante algo más de un año, representan para Bolivia un desafío poco frecuente y una enorme responsabilidad internacional, que hay necesidad de aquilatar en todo su alcance. La complejidad de las tareas mencionadas se deriva ciertamente en primer lugar de las condiciones políticas imperantes en el ámbito sudamericano y, en segundo lugar, de la propia transición interna hacia un nuevo ciclo político e institucionalidad que ha emprendido el país. Como si esto fuera poco, ahora hay que incluir también entre las dificultades al efecto internacional desfavorable que trae consigo el empantanamiento de la Asamblea Constituyente, con el resultado de que su deslegitimación interna es creciente a la par que acarrea también perjuicios con respecto a la imagen internacional del país. Era comprensible que la Asamblea Constituyente concentrara expectativas de propios y ajenos, en vista de que muchas innovaciones institucionales que se adopten en Bolivia podrían ser incorporadas a su vez por otros países latinoamericanos con configuraciones sociológicas y culturales parecidas. El empantanamiento de la Asamblea Constituyente trae por tanto, además de los perjuicios internos, un efecto internacional negativo y al mismo tiempo le consume al Gobierno energías y recursos que podría destinar en cambio a la preparación de todas las condiciones para evitar que el mayor evento internacional de esta época no llene las expectativas existentes o acabe en un rotundo fracaso. Los riesgos no son pocos. En efecto, la constelación definitiva del liderazgo sudamericano para los próximos años está todavía pendiente de los resultados de las elecciones en Ecuador y de la segunda vuelta en Brasil. En ambos casos podría ocurrir un viraje político que ejercería una influencia considerable con respecto a los principios, objetivos y prioridades de la integración que se adopten en Cochabamba, así como de la geometría de funcionamiento de la Comunidad Sudamericana, la CAN y el Mercosur, respectivamente. El esfuerzo de la política exterior del país tendría que consistir en garantizar resultados satisfactorios de la Cumbre, indistintamente de los desenlaces electorales en los países mencionados, puesto que el país es altamente dependiente de la manera en que funcionen los acuerdos de integración en el futuro. La tarea es compleja y requiere de un gran talento diplomático y negociador para asegurar al mismo tiempo el logro del interés sudamericano general y de los intereses específicos de Bolivia. En un tal contexto, resulta absolutamente fuera de lugar que desde las instancias de conducción superior de la política exterior se otorgue más importancia al encuentro paralelo de los movimientos indígenas que a la propia Cumbre de Jefes de Estado, cuya agenda todavía no tiene consenso suficiente, sin que el país haya sido informado hasta ahora sobre los temas que se están barajando arduamente.

*Horst Grebe L. es economista.

Por: Horst Grebe López*

Esta no es la primera vez en que un gobierno de turno adopta una posición exterior contraria a los intereses fundamentales y a los objetivos económicos del país, pero puede ser la más costosa. Para no irnos demasiado atrás en la historia, basta traer a colación la incorporación de Bolivia entre los países beneficiarios del alivio de la deuda externa conocido como Programa HIPC. En ese momento muy pocas voces planteamos que se trataba de una decisión errada, que traería consecuencias inconvenientes, y que había otras maneras de encarar la carga fiscal y de divisas que representaba el servicio de la deuda externa. Ello, no obstante, el dogmatismo neoliberal imperante consideró que el alivio coyuntural para el Banco Central era más importante que cualquier otro razonamiento. Con el paso del tiempo se ha demostrado que el HIPC representó un alivio menor en las cuentas externas en comparación con el efecto de crecimiento de las exportaciones, pero generó en cambio una enorme rigidez en la política fiscal, puesto que mantuvo la carga de la deuda en moneda nacional en beneficio de nuevos acreedores internos menos complacientes y flexibles, cuales son los municipios y los gremios de educación y salud. El cuestionamiento central a la participación del país en el HIPC argumentó, además, que Bolivia se incorporaba a un grupo internacional que no le correspondía, y que perdía autonomía en el manejo de sus políticas económicas y sociales, lo que obstaculizaba, entre otras cosas, su participación plena en los compromisos de la integración sudamericana. En esta ocasión, la participación estridente en la reunión del Movimiento de los No Alineados, fundada en razones puramente ideológicas, contradice sustancialmente la propuesta de un tratado de tres vías con los EEUU, amenaza con generar otra vez un distanciamiento del país respecto de nuestro entorno vecinal y no reporta beneficio tangible alguno. Hay que recordar, en efecto, que dicho Movimiento tuvo su origen en la Guerra Fría, y que no fueron ajenas a su desenvolvimiento posterior las circunstancias derivadas de la descolonización en el África. América Latina no fue protagonista central de este Movimiento, pero algunos países lo acompañaron en términos ciertamente decorosos. La región desplegó en cambio iniciativas comprometidas con las reformas económicas internacionales, inspirando la creación de la UNCTAD, el Grupo de los 77 y el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional a mediados de los años setenta. Por su parte, la deriva del Movimiento de los No Alineados después del colapso del socialismo real en 1991 refleja más que otra cosa los actuales conflictos religiosos del Medio Oriente, así como la reconfiguración de la geopolítica de la energía en el mundo, y sus protagonistas principales ponen de manifiesto una orientación esencialmente antinorteamericana antes que antiimperialista propiamente dicha. Para fundamentar el argumento basta mirar el nivel en que estarán representados los países de América Latina y el Caribe en la reunión de La Habana, comparativamente con las otras regiones. En vista de tales circunstancias, vuelvo a reiterar que la política exterior de Bolivia tiene que tomar en cuenta las circunstancias de su colocación geográfica, que la obligan a jugar un papel de articulación, convergencia y concertación antes que de confrontación con sus vecinos. Se suma a ello que el país ejerce actualmente la Presidencia de la Comunidad Andina y le corresponderá, asimismo, presidir la Comunidad Sudamericana a partir del próximo año. Para que el cumplimiento de dichas responsabilidades resulte ejemplar y satisfaga, además, nuestros intereses nacionales fundamentales, se hace preciso que el país adopte de una vez una estrategia internacional congruente en todos sus componentes.

 *Horst Grebe L, es economista