Publicado por: Infolatam

Por: Fernando Molina

Las fuerzas sociales que sacudieron y transformaron Bolivia en el último lustro no se han aplacado. Evo Morales llegó al poder montado sobre la ola, y ahora corre el riesgo de ser el arrecife contra el que ésta se estrelle. Estas fuerzas eran el deseo de redistribución de la riqueza petrolera y mineral que se han revalorado por el boom de las materias primas, y la determinación de echar a la élite neoliberal del poder y sustituirla por “tribunos populares”. Lo segundo ha ocurrido amplia y, en muchos casos, rudamente, pero esto no ha detenido lo primero.

La última revolución boliviana sólo se ha completado en el plano político: una nueva camada de gobernantes está a cargo de todo y ha llegado a tener más poder que ninguna otra en la historia. Al mismo tiempo, los movimientos populares siguen aspirando a una revolución “social”, que no solo invierta las posiciones (“de vuelta la tortilla”) en el Estado, sino también en el aparato productivo y el mercado. Durante su arribo al poder, cuando aún encarnaba lo nuevo, el Gobierno alentó estas ambiciones y trató de satisfacerlas en la medida de lo posible: nacionalizó las principales empresas e incrementó significativamente la cantidad del ingreso nacional que llega a la mayoría de la población.

A partir de cierto punto, sin embargo, Morales comprendió que llevar la redistribución al extremo desestabilizaba su propio poder, por lo que comenzó a enfrentarse a ciertos movimientos y a rechazar ciertas demandas, en especial de las de carácter salarial, que amenazaban una administración prudente de las finanzas públicas. El vicepresidente Álvaro García Linera dejó de exaltar todos los movimientos que surgían y, en cambio, comenzó a diferenciar entre movimientos “buenos” y “malos”.

Ni el innegable predicamento de Morales sobre las organizaciones sociales ni tampoco la gran liquidez del Tesoro público lograron frenar la furia redistributiva de la gente, que además el mismo Gobierno, erigiendo un caballo de Troya, había alentado con un discurso útil para llegar al poder pero nefasto para ordenar al país (“el Estado tiene que resolver todos los problemas”, dijo a todo el que quería escucharle, una creencia que, según el Latinobarómetro, es más alta en Bolivia que en cualquier otra parte de Latinoamérica).

Los demonios rentistas, que llevan a la gente a extorsionar al Estado con toda clase métodos de “acción directa” han sido responsables, este año, de graves conflictos que con claridad tuvieron al Gobierno en contra. Los más abiert

amente egoístas fueron los impulsados por las comunidades campesinas y los pequeños mineros que pugnaban por apropiarse de yacimientos minerales, o poner bajo su propio control determinadas extensiones de tierras. Estas ambiciones puramente crematísticas han sido responsables, en el último mes, de la pérdida de los contratos que el país tenía con las empresas mineras internacionales Glencore (en mina Colquiri) y South American Silver (en Mallku Khota).

En ambos casos, el Gobierno tuvo que aceptar que los grupos movilizados pasen por encima de su voluntad (pues las autoridades no deseaban ni desean nacionalizaciones en minería) e incluso que cometan graves delitos, como el secuestro de un grupo de ingenieros de la South American. Y, al final, tuvo que entregar a los activistas que habían organizado el conflicto los yacimientos que éstos pueden aprovechar directamente y “estatizar” el resto, aunque la promesa de que el Estado explote adecuadamente este tipo de minas (“open pit”)es imposible de cumplir. Para eso necesitaría un capital y una tecnología con los que no cuenta.

Si las del pasado (en hidrocarburos o electricidad) fueron una especie de “ofrendas” hechas por el Estado en honor las multitudes, para tratar de aquietarlas, las de ahora son “botines” conquistados por estas mismas multitudes, que se resisten a tranquilizarse y aceptar que sea el Estado el encargado de reunir y repartir la riqueza social de una manera equitativa.

Mientras Bolivia viva el momento de mayor prosperidad de su historia, y mientras el empoderamiento popular haga desaconsejable cualquier intento serio de reprimir los brotes de violencia política, esta situación seguirá agravándose. Aunque el Gobierno parece fuerte y actúa implacablemente en el área política, haciéndole la vida imposible a sus opositores (entre ellos a los indígenas del oriente), se lo ve completamente desarmado, ideológica e institucionalmente, para imponer orden en la sociedad. Su única respuesta a ésta es la demagogia, ceder y prometer, y con ello socavar aún más su credibilidad, lo que le quita la poca capacidad para actuar que aún conserva.

Aunque ya no le guste a los revolucionarios en el poder, la revolución boliviana continúa su marcha, impulsada por la ambición de echarle mano a las rentas de la exportación de materias primas. Claramente, hoy esta revolución ha vuelto a acelerarse. ¿Podrá llegar más lejos? Seguramente no al “socialismo”, como quisieran los disidentes de izquierda del proceso, ya que éste es un país de pequeños productores que en su mayoría más bien aspiran al capitalismo salvaje, antes que a la centralización de los medios de producción. Pero no cabe duda de que la intensificación de las luchas populares puede desordenar gravemente la economía, como ocurrió a principios de los ochenta, y con ello volverse involuntariamente “conspirativa”, no porque sea coordinada por la oposición, lo que no ocurre, sino porque puede volverse (como mostró el reciente motín policial) peligrosa en exceso para la democracia.

http://www.infolatam.com/2012/07/12/bolivia-la-revolucion-continua/

Publicado por: Pagina Siete (La Paz - Bolivia)

Por: Fernando Molina (*)

Este 1 de mayo se suponía que la prensa se concentraría en los conflictos que enfrentan al Gobierno de Evo Morales con varios sindicatos y, también, en los problemas que sufre la industria petrolera en el sexto aniversario de su nacionalización. Adelantándose, Morales estatizó una empresa más, la Transportadora de Electricidad (TDE), que pertenecía a la Red Eléctrica Española. Con esto logró cambiar la agenda mediática, sin duda, aunque ¿por cuánto tiempo y a qué costo?

Que las nacionalizaciones del Gobierno boliviano se realicen siempre el mismo día, el Día del Trabajo, muestran de inmediato su carácter político: son “homenajes” a las clases laboriosas, como si el pueblo fuera un dios al que resulta necesario aplacar. Se le debe entregar, entonces, la transnacional de turno, la que en ese momento se considera responsable de las desgracias nacionales. Y al mismo tiempo, junto con esta ofrenda expiatoria, una promesa: “Al evitar el ‘saqueo’ de los recursos naturales del país, el Estado edificará una sociedad por completo diferente”.

No estamos, por tanto, ante un asunto práctico, susceptible de un cálculo de costos y beneficios (poco importa si se esgrimen argumentos técnicos para justificarlo). Lo que cuenta aquí es el carácter simbólico de las nacionalizaciones; por eso éstas se representan como una “conquista” militar, mandando tropas a ocupar las instalaciones de las empresas extranjeras. Así, de una manera miniaturizada (y patética) Bolivia puede darle gloria a sus armas, históricamente vapuleadas por las potencias extranjeras. El efecto compensatorio de este “juego bélico” no debe subestimarse. No es un elemento menor en el complejo de móviles psicológicos que inducen a Morales a tomar sus decisiones.

TDE es la primera empresa española que se nacionaliza en Bolivia. Se suponía que el pasaporte de sus dueños salvó a la compañía el 1 de mayo de 2010, cuando el resto de la industria eléctrica pasó a manos del Estado. Pero las cosas cambiaron desde entonces. Otros factores psicológicos entraron en juego: en primer lugar, el cambio de Gobierno español, que dejó de ser socialista, lo que probablemente infundía ciertos escrúpulos a los gobiernos latinoamericanos estatizadores, y de seguro al boliviano; en segundo lugar, la emulación de la acción argentina: si Cristina Kirchner pudo expropiar las acciones en YPF de la gigantesca Repsol, ¿por qué Morales tendría que seguir inhibiéndose ante las empresas hispanas? 

En esto último probablemente desempeña un papel el cálculo oportunista: meterse con España era oneroso para Bolivia por el gran tamaño de la cooperación de Madrid a la lucha contra la pobreza en el país. Ahora, en cambio, como consecuencia de la crisis económica metropolitana, la posible pérdida de la ayuda española ya no tiene el mismo efecto disuasivo, puesto que se iba a dar de todas maneras.

Con esta nacionalización, Morales apela a la receta que le dio resultado hasta ahora: A falta de una cura a los problemas crónicos del país (pobreza, vulnerabilidad social, mala instrucción, dependencia de los recursos extractivos), bueno es un tratamiento antidepresivo: la compra hostil y “armada” de acciones, la cual les da a los bolivianos la sensación de que son muy importantes en el mundo, ya que pueden lograr que los antiguos y los nuevos colonialistas pasen ¡una mala semana!; y les da, sobre todo, la ilusión de que, puesto que no pueden esperar la prosperidad, al menos el destino les reserva la revolución.

Hablamos de una receta cara, sin embargo. Hasta ahora el país ha tenido que pagar más de un millar y medio de millones de dólares a varias firmas de distintas nacionalidades, y ahora mismo enfrenta juicios y arbitrajes por otros cientos de millones con compañías mexicanas, británicas y norteamericanas. Además, seis años después, es una receta que ha perdido gran parte de su efecto. La gente va comprendiendo que no se puede vivir de sueños nacionalistas.

Con esta expropiación –que lo distancia del único país europeo que se preocupa por el país, y el que más ha cooperado en el último lustro con su propio Gobierno–, Morales cambió la agenda mediática y “escapó hacia adelante”, sin duda, pero ¿y qué? Dentro de una quincena o un mes, los líos y las carencias, tozudos como todo lo real, lo alcanzarán de nuevo. Y, como es lógico, a los que ya había tendrá que sumar la necesidad de indemnizar a Red Eléctrica Española.

(*) Fernando Molina es periodista y escritor.

http://www.paginasiete.bo/2012-05-04/Opinion/Destacados/17Opi00104-05-12-P720120504VIE.aspx

Publicado por: Pagina Siete (La Paz - Bolivia)

Por: Fernando Molina (*)

La conflictividad social es, en Bolivia, una “endemia”. Esto significa que nunca desaparece, aunque pueda presentarse en ciertas temporadas más que en otras, como ocurre ahora, que contagiándose a tantos grupos a lo largo y ancho del país, se ha transformado en una “epidemia” de protestas contra el Gobierno. Uso estos términos, claro está, por una razón de afinidad: La principal de estas protestas es la que organizan los médicos en contra de un decreto gubernamental que les sube la cantidad de horas de trabajo, sin aumentar al mismo tiempo sus salarios.

¿A qué se debe esta enfermedad del tejido social boliviano? Como ya dije varias veces, primero que todo a causas culturales: en la mentalidad colectiva, el Estado -dueño de la única riqueza nacional importante, los yacimientos de gas- aparece como un “proveedor”, y no sólo de servicios públicos, como todos los estados del mundo, sino también de ingresos para cada sector, es decir, de “rentas” cuya distribución a la población no se define en los despachos burocráticos, sino en la lucha callejera. 

Así, la facción que tiene más capacidad de bloquear el funcionamiento regular de la sociedad, de acorralar a las autoridades y resistir la represión policial, la facción más “combativa”, es la que, al final de un proceso desgastante, perturbador para las demás actividades sociales, y a veces sangriento, termina haciéndose con más rentas (pagos directos a los dirigentes sindicales, obras de infraestructura que valen como prebendas para las burocracias locales, empresas estatales que conceden empleos a diestra y siniestra, etcétera).

Pero ésta no es la única causa de los conflictos; hay otra de la que se habla menos. También es cultural, pero en este caso nos remite a la cultura estatal y no a la popular. Y es que Bolivia tiene un clase política que convendría llamar “utopista”; unos dirigentes que, incapaces de crear instituciones y propagar hábitos, es decir, de enfrentar en el terreno los problemas estructurales del país, tratan de componerlos por medio de ambiciosos rediseños de la sociedad, que salen de sus cabezas y se traducen en una multitud de nuevas leyes y reformas de todo lo que hay y de lo que no existe pero es concebible. Completamente al contrario de la ciencia política anglosajona, que aconseja no cortar los árboles que ya prendieron –si son feos pero dan sombra y frutos–, los ultra-racionalistas bolivianos no se lo piensan mucho para enarbolar sus hachas. Esto significa que no conservan ninguna institución, pero en cambio están prestos a destruir las existentes a fin de allanar el terreno en el que se construirán otras nuevas, que, esta vez sí, serán las idóneas para todos. Y cuando digo “instituciones” no sólo me refiero a las organizaciones, sino en general a lo que “está instituido”, a todos los componentes del contrato social.

Una de estas instituciones era, justamente, el acuerdo laboral de los médicos de los hospitales estatales, que recibían unos salarios que, bajos para la responsabilidad que estos profesionales deben cumplir, resultaban algo más razonables en la medida en que pagaban seis y no ocho horas de trabajo. Gracias a este arreglo, médicos altamente formados y muy exitosos en el campo privado dedicaban una parte de sus jornadas al servicio público' Todo esto, claro, hasta que a alguien se le ocurrió la “genial” idea de que trabajaran más por el mismo salario y entonces, en lo que tarda un suspiro, se produjo una nueva norma. El acuerdo que había y que -bien o mal- venía funcionando por décadas quedó completamente arruinado. Hoy los médicos se enfrentan a puñetazos con los policías, corren para evitar los gases lacrimógenos, ayunan para exigir la derogatoria del mencionado decreto y hasta han adoptado el último grito de la moda criolla en materia de protestas: tapiarse dentro de una habitación con la intención, teórica, de morir en ella. 

Resulta entre enternecedor e inquietante ver a los doctores llevando esas batas blancas, que causan miedo y alivio en todos los mortales, a esta batalla en contra de unos “médicos” de otro tipo, los “médicos de la sociedad”, los que quieren curarla inyectándole incesantemente medicinas recién inventadas en las venas; medicinas que con suerte funcionan en el laboratorio, pero son peligrosas y contraproducentes cuando se aplican en el mundo real.

La mejor prueba es la reforma de la que estamos hablando, que en caso de imponerse logrará lo contrario de lo que busca: producirá una mayor precarización de la salubridad pública, que perderá a sus mejores elementos; y el crecimiento de la medicina privada, a cuyos brazos arrojará a todos los que puedan pagarla. 

En general, los cambios de este tipo debilitan la confianza de la población en el pacto social y, entonces, azuzan la rebelión, la conflictividad. Ya Aristóteles lo sabía. “La innovación en las leyes –dijo el gran filósofo– es una cosa distinta de la innovación en las artes' sustituir a la ligera las leyes existentes con otras nuevas, es debilitar la fuerza misma de la ley”. ¿Y qué pensaba Maquiavelo de promover nuevas instituciones? Para él, se recordará, no había “nada más difícil, de éxito más dudoso, ni más peligroso”.

(*) Fernando Molina es periodista y escritor.

Publicado por: Pagina Siete (La Paz - Bolivia)

Por: Fernando Molina (*)

En Salvador Romero P., que acaba de fallecer, se encarnaban dos intereses raros en la literatura nacional: el interés por los pocos intelectuales que ha producido el país a lo largo del tiempo: sus mentalidades, sus lecturas y sus difíciles relaciones con el contexto cultural en el que actuaron; y el interés de escribir para un público más amplio que el académico. 

De esta conjunción surgieron los tres principales libros de Romero: La recepción académica de la sociología en Bolivia, Las Claudinas- Libros y sensibilidades a principios de siglo en Bolivia y el último que dio a imprenta: El nacimiento del intelectual. Los tres son importantes para elaborar una historia de las ideas bolivianas, tarea cuyos cimientos plantó Guillermo Francovich a mediados del siglo pasado, y que Romero y otros (no muchos) han continuado ulteriormente. Los tres pueden leerse con facilidad y provecho; sólo poseen el aparato erudito imprescindible y muchos de sus capítulos aparecieron primero como artículos de publicaciones periódicas. Son, por tanto, libros de ensayos, y esto es lo que define a Romero para quienes no pudimos conocer su pensamiento por la cátedra: Más que como el “sociólogo” del que hablan los obituarios de estos días, como el ensayista y el columnista que se esforzaba por enseñar y entretener a sus lectores con reflexiones sobre los temas en los que se entrecruzan cultura y sociedad. 

En su columna semanal, Salvador Romero escribió en torno a todo tipo de fenómenos culturales, desde los últimos avances de la comunicación electrónica, hasta los novelistas de moda, pasando por la vida cotidiana de La Paz y otras ciudades que visitó. Sus libros, en cambio, están acotados por una demarcación temporal: se refieren a las tres primeras décadas del siglo XX; así como por otra de índole onomástica: estudian a un conjunto no muy numeroso de autores bolivianos. 

Todos estos escritores pueden considerarse “intelectuales” en el sentido actual de esta palabra, es decir, hombres de letras que ejercían un “magisterio público” con cierta incidencia política. Pero, además, todos ellos escogieron expresarse a través de la narrativa. Por eso figuran Alcides Arguedas, Armando Chirveches, Jaime Mendoza, Demetrio Canelas, Adolfo Costa Du Rels y, algo anacrónicamente, Carlos Medinaceli. Y no está, en cambio, Franz Tamayo, aunque quizá fuera el mejor escritor-intelectual de este periodo, tomando en cuenta que Creación de la pedagogía nacional se publicó en 1910. Pero Tamayo no hizo novelas, como los otros, y a Salvador Romero lo que más le gustaba era leer novelas y encontrar en ellas, apartando el velo de la ficción, pistas reales sobre el autor y, en especial, sobre su época. No las pistas en las que se cifra la vida material, sino las que conducen a reconstruir los cambios mentales. De ahí por ejemplo su preocupación por los libros que leían los personajes de estas novelas -que en general pueden etiquetarse como “modernistas” e “indianistas”- y la influencia que revelan del positivismo, por un lado, y de la crítica al positivismo por parte de la filosofía vitalista (sobre todo Schopenhauer y Nietzsche), por el otro. 

Con este método, Romero explicó cómo el ideal de las élites: mantenerse fieles a su cada vez más remoto origen europeo, se derrumbó en las primeras décadas del siglo XX, anonadado por la fuerza vital y el éxito pecuniario que había adquirido “lo cholo”. Los narradores simbolizaron esta transformación social por medio del “encholamiento”, o concubinato de un blanco con una mujer mestiza, que “sufren” los protagonistas de narraciones como La Miski Simi y, claro está, La Chaskañawi. Esta tesis se ha convertido en moneda de uso corriente en las ciencias sociales bolivianas. 

Con su cultura, inteligencia y buen ánimo, Salvador Romero enriquecía el escenario periodístico y editorial del país. Su pérdida empobrece el panorama literario y, por tanto, la vida de todos nosotros' Nos queda, sin embargo, el consuelo de la frecuentación de sus libros.

(*) Fernando Molina es periodista y escritor.

http://www.paginasiete.bo/2012-04-13/Opinion/Destacados/17Opi00113-04-12-P720120413VIE.aspx

Publicado por: Pagina Siete (La Paz - Bolivia)

Por: Fernando Molina (*)

La condena de Santos Ramírez, ex dirigente del partido de Gobierno, por actos de corrupción en la industria petrolera fue una buena noticia para Evo Morales. Éste podría decir, sin mentir, que es la primera vez que un miembro de la “crema” de la política nacional recibe una sanción de este calibre de sus propios conmilitones.

La resolución del “caso Ramírez” contribuye al esfuerzo en que está empeñado, que es el relanzamiento de su Gobierno, el cual fue muy golpeado durante 2011 por el rebrote de los conflictos sociales, graves errores de administración ideológica y política, divisiones internas y la pérdida de dirigentes valiosos, los cuales pasaron a engrosar las filas de la disidencia.

Otra parte de este esfuerzo es la reconstitución del Gobierno mediante la inclusión de ministros más fogueados, entre ellos Juan Ramón Quintana, conocido por su virulencia en la defensa del Presidente en contra de la oposición. Este cambio puede valorarse de muchas maneras. Lo evidente es que el gabinete actual es más coherente y menos naif que el anterior, que subordinaba la eficiencia política a un importante pero insostenible símbolo: la paridad de género. 

Pese a ello, Quintana es una espada de dos filos: al mismo tiempo que aporta su capacidad personal y su aura de “guerrero del evismo”, admiradas por el oficialismo, marca al gabinete con un estigma de rigidez y agresividad que, merecido o no, lo debilita para resolver el principal problema que hoy tiene el Gobierno (y también el país), esto es la creciente contestación y conflictividad social, que se debe a la ambición de los distintos sectores de apropiarse de una cuota mayor de la riqueza generada por el gas. 

Un conflicto que resume la lógica de todos los demás es el que enfrenta a los departamentos de Tarija y Chuquisaca, los cuales discuten si uno de los principales yacimientos de gas del país (el que se explota a través del pozo Margarita) sólo se encuentra dentro del territorio del primero de ellos, como hasta ahora se creía, o en cambio atraviesa subterráneamente la frontera y entonces es un yacimiento compartido con Chuquisaca. Definir esta alternativa no es una broma. En un caso u otro las partes ganan y pierden miles de millones de bolivianos, porque la ley establece que la cantidad de ingresos de los departamentos “productores” es mayor que la de aquellos que no lo son. 

Hoy en día, cartografiar un yacimiento no es cosa del otro mundo. El Gobierno contrató a una empresa norteamericana para que lo haga, pero los tarijeños no quieren abandonar sus ambiciones en manos de la ciencia, así que organizaron una fortísima huelga y lograron que se los autorizara a contratar su propia empresa cartográfica. Al final, claro está, habrá dos mapas y posiblemente sean contradictorios entre sí. Y el conflicto volverá. Nadie va a perder sobre la mesa lo que puede defender en las calles y los caminos. Además, Chuquisaca está molesta por el acuerdo entre el Gobierno y Tarija, así que nos encaminamos a ver enfrentarse tres posiciones divergentes.

El Gobierno quiere asentar el relanzamiento del que estamos hablando en la pronta aprobación de leyes que le fueron solicitadas por los representantes de las organizaciones sociales; con ellas terminará de adecuar la economía y la sociedad al modelo de desarrollo estatista, redistribuidor y contrario a la gran propiedad que propugna. Pero las expectativas creadas por el auge económico (que se debe a los altos precios de las materias primas) no se apaciguarán con leyes. Más bien, el hincapié que ellas pongan en reducir las ganancias empresariales e incrementar la presencia del Estado en la economía puede crear otro frente de conflicto. Y, ciertamente, tornará al país todavía más dependiente de las actividades extractivas.

El año pasado, la ideología sobre la que el Gobierno se apoyaba entró en crisis al chocar contra la realidad. Urgido de ampliar la industria petrolera y de realizar grandes obras de ingeniería, como la carretera ya señalada, el oficialismo cambió significativamente el discurso indianista, ecologista y anti-transnacionales que usó en su ascenso al poder. Como resultado de esto, sus adherentes más sofisticados sufrieron una grave decepción y pasaron a engrosar la oposición.

Por tanto, es legítimo preguntarse si en medio de la oleada de conflictos sociales que se avecinan, Morales mantendrá cierta coherencia ideológica o abandonará el discurso redistribuidor que siempre tuvo (y que contribuyó a inflar las expectativas colectivas de reparto de las rentas).

No se puede saber. En todo caso, está claro que Morales seguirá un camino “cuesta arriba”. Su popularidad en las ciudades es la mitad de la que tenía hace dos años. Y ahora lo amenaza el mismo riesgo que fue definitivo para sus antecesores: la ambición popular del reparto.

(*) Fernando Molina es periodista y escritor.

http://www.paginasiete.bo/2012-02-03/Opinion/Destacados/17Opi00103-02-12-P720120203VIE.aspx

Publicado por: Pagina Siete (La Paz - Bolivia)

Por: Fernando Molina (^)

Este Gobierno, igual que todos los que lo precedieron durante este siglo, ha tenido que actuar jaqueado por las llamadas “minorías eficientes”, es decir, por facciones de la sociedad que, gracias a su gran politización, han sido capaces de resistir denodadamente sus políticas. 

Esto a pesar de que se conformó como un Gobierno de estas “minorías eficientes” que, sin embargo, no ha podido controlar del todo. Esto nos recuerda la fábula del “aprendiz de brujo” o esa vieja expresión que nos informa de que alguien tomó “un poco de su propia medicina”.

¿Pero se trata efectivamente de la misma medicina? A primera vista tiene la apariencia del purgante que los siempre indignados súbditos del Estado boliviano hacen tragar una y otra vez a sus gobernantes, la hiel de la insubordinación. (Como es sabido, el Estado en estas tierras, ya desde la Colonia, “manda pero no obliga”).

Sin embargo, observamos una diferencia que no es menor. Los gobernantes actuales sólo secundariamente han intentado controlar a los movimientos sociales por medio de la coerción estatal, como hicieron los anteriores (y en ese caso con los pobres resultados de siempre). Prefieren apelar a otro método distinto: la movilización de sus propias fuerzas.

Lo que pasó en Yucumo hace poco, cuando los marchistas indígenas fueron enfrentados a los colonos, es el último episodio de una seguidilla en la que debemos incluir momentos de mucha violencia, como los enfrentamientos de Huanuni o Pando. 

Seguidilla que al parecer continuará. Por algo se están tomando medidas legales en contra de quienes marcharon hace poco en contra del oficialismo (prohibiéndoles los negocios que habían estado haciendo hasta ahora) o, peor aun, se está movilizando a los colonos para que éstos reviertan lo que los primeros lograron (esto es, que no se construyera un camino a través de su territorio).

Este solo hecho bastaría para caracterizar a este Gobierno de populista. El presidente Morales carece de la idea del poder como Leviatán, no siente la necesidad de salvar a la sociedad de su desorden congénito.

De modo que a la medicina que intentan suministrarle las corporaciones, y que antes era su propia medicina, Morales contesta de forma homeopática, con la creencia de que el mejor antídoto es un poco más del mismo veneno. 

Así es como columnas de comerciantes y artesanos y, sobre todo, los campesinos, han sido movilizados constantemente. Campo contra ciudad, pobres contra ricos. ¿No es ésta la fórmula que siempre les ha dado resultado a los populistas?

Pero es una fórmula muy peligrosa. Una cosa es que a Morales no le interese el orden y otra que el orden no sea importante para la sociedad y para el ejercicio de la política. Finalmente el orden (nuevo) es el objetivo, aunque el camino sea la revolución. 

Al azuzar desde la alta palestra de la presidencia a unos grupos de bolivianos contra otros, Morales logra el pernicioso efecto de remover el poso de resentimiento, odio racial y prepotencia que está depositado en el sustrato de la cultura boliviana.

Todos actuamos entonces como los que almacenan la pólvora existente en una habitación y luego se ponen a fumar en ella.

Aunque los bolivianos no somos muy violentos como otros pueblos, los enfrentamientos entre facciones, esas “microguerras civiles” que sacudieron al país hasta 2008, y que no se teme recrear de nuevo, tienen un enorme potencial para dañar. 

Destruyen el orden, debilitan la autoridad y contribuyen a los graves problemas de desconfianza de unos en los demás, y de fragmentación social que ya tenemos. 

No debemos entrar en este juego. Debemos extremar esfuerzos para evitar que el Gobierno siga en él.

No hay que olvidar que tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Y que el que busca, encuentra.

(*) Fernando Molina es escritor y periodista.

http://www.paginasiete.bo/2011-11-18/Opinion/Destacados/17Opi00118-11-11-P720111118VIE.aspx

Publicado por: Pagina Siete (La Paz - Bolivia)

Por: Fernando Molina

En estos días el comentario de los corrillos era la (mala) salud de Hugo Chávez. Algunos interlocutores se alegraban por la aparente gravedad del cuadro, con la esperanza de que la naturaleza se encargara de liberar a Venezuela; otros recriminaban estos sentimientos “que no son cristianos”. A mí volvía la frase que Fernando Savater escribió a propósito del lento final de Franco: “No es prudente que un mortal se alegre por la muerte de otro”.

En efecto, no es prudente. Como nos recuerdan las filosofías existencialistas, somos “seres abocados a la muerte”. Podemos desplegar nuestra voluntad al máximo, convertir nuestra palabra en ley, elevarnos por encima de las instituciones sociales, acometer obras faraónicas, pero antes o después recibiremos, quizá como un telegrama, quizá como una larga serie de cartas, la noticia “infausta”.

“Fausto” quiere decir afortunado, pero también ornato, pompa y lujo. Lo “infausto” niega ambas acepciones. Se acaba la suerte y con ello pierde importancia todo lo que antes considerábamos “fastuoso”. 

Epicuro decía que la muerte no puede afectarnos, porque mientras vivimos ella no está y cuando ella llega nosotros ya no estamos. La evidencia es que nos afecta definitivamente. Tanto después como en el corto o prolongado “antes”, que en la mayor parte de los casos es un intento de evasión de ese inevitable final. Nuestras reacciones son siempre evasivas (el lector, molesto por el tema de esta columna, la abandona y pasa a otra ocupación que le permita olvidar lo que ya sabe: que está derrotado de antemano) porque de lo contrario no podríamos hacer nada más que esperar y lamentarnos.

La cuestión, entonces, no es si hay que evadirse, sino cómo hacerlo. Todo el debate moral y las filosofías políticas tratan esta cuestión. “¿Qué debo hacer?”. Según la línea que parte de las antiguas religiones asiáticas, pasa por Platón, sigue con San Agustín, Pascal, Heidegger y se ramifica en los neo-marxistas, lo que debemos hacer es despreciar las cosas del mundo: el dinero, que todo lo corrompe, y las urgencias del cuerpo, que al final se corrompe. 

Alejandro Magno se acerca al barril donde vive Diógenes. “Puedo darte lo que me pidas”, le dice. “¿Qué quieres?”. “Que te apartes y no me quites el sol”, responde Diógenes.

¿Sabio? Claro, si todos pudiéramos vivir en un barril. Los problemas surgen cuando esta filosofía se traduce en una actitud, moral y política, aplicada a la realidad. Entonces ocurre con frecuencia (es el caso de Chávez) que el desprecio de lo mundano se traduce en odio a los que tienen éxito en el mundo y a la suposición de que quienes están despojados de riqueza son más puros y espirituales, mejores. Esto se proyecta en utopías sociales en las que se castiga a los primeros y se premia a los segundos; en las que se coarta el individualismo y se exalta la comunidad; en las que se regula el comportamiento para que sea obligatoriamente virtuoso. ¿Sabio? Difícilmente.

En esto irrumpe Aristóteles y Santo Tomás, y los utilitaristas y John Rawls se preguntan al unísono: ¿Será para tanto? ¿Tenemos derecho a perder esta única oportunidad que representa nuestra existencia para ser felices? Pensemos por ejemplo en las monjas de clausura, sepultadas en vida por culpa, por decirlo así, del platonismo. Los utilitaristas proponen que en lugar de tratar de lograr la felicidad perfecta, busquemos en cada momento la mayor felicidad posible. Por tanto, entre dos decisiones factibles, digamos hostilizar a los ricos o llegar a un acuerdo con ellos, se debe escoger la que: a) cause más felicidad, b) provoque menos dolor.

Pero, ¿podemos anticipar qué traerá felicidad y qué no? A veces logramos un buen fin con obras malas, a veces actuamos bien y el resultado no es el esperado. Por eso Kant quiso liberar la ética y la política de la tiranía de los resultados. “¿Qué debo hacer?”. Sólo lo que mande la razón, aunque sea una razón, eso sí, de índole social, pues lo que es bueno para mí debe ser bueno para los demás; los hombres deben ser siempre “fines” y nunca “medios”.

El defecto de las éticas y las filosofías políticas altruistas (y la de Kant también lo es) está en que no aceptan al hombre como en realidad es, un amasijo de impulsos y aspiraciones, mitad ángel y mitad bestia, un Quijote-Sancho, y por eso lo sustituyen por un fantasma: el “hombre nuevo”. Ahí tenemos a Guevara sacrificando a decenas de jóvenes en la guerra imposible de Ñancahuazú, por motivos' altruistas.

El altruismo pide que hipotequemos nuestra libertad “egoísta” por amor a los demás, con lo que entramos al servicio de una causa, es decir, en la órbita del “egoísmo del grupo”.

Con Spinoza podemos evadir la muerte de otra forma, esto es, realizando hasta donde sea posible la vocación del ser, que es “permanecer en sí mismo”. No sabemos qué trae la felicidad para nosotros, y mucho menos para los otros, pero lo que sí sabemos es cómo evitar el dolor. Podemos facilitar nuestra supervivencia. Entre una ideología que exige una guerra y una que no la demanda, escoger la segunda. Dotarnos de mecanismos como la democracia, que si bien no pueden hacernos acertar, evitan el error fatal. 

Ésta es la ética del amor propio, la política del escepticismo: No estamos obligados a amar a los otros (ya que eso también los obligaría a ellos respecto a nosotros y así se instauraría el “egoísmo de grupo”), pero sí a sentir compasión por ellos, recordando que podríamos estar en su lugar. Por tanto, no tenemos que vencerlos, como pide Chávez al final de sus discursos. Tampoco tenemos que vencernos a nosotros mismos. La muerte acecha y nos obliga: hay que gozar y dejar gozar a los demás.

Fernando Molina es periodista y escritor.

http://www.paginasiete.bo/2011-07-08/Opinion/Destacados/15Opi00108-07-11-P720110708VIE.aspx

Publicado por: Pagina Siete (La Paz - Bolivia)

El Gobierno de Evo Morales acaba de anunciar que cambiará los contratos con las empresas petroleras, a fin de estimularlas a invertir más. Para ello está adoptando la estrategia que Morales tanto criticó en el pasado: la concesión de incentivos a las compañías, tales como la devolución acelerada o, según los casos, financiada por el Estado, de las inversiones que éstas hicieran.

¿Qué está pasando? ¿Qué lleva a los actuales gobernantes a "traicionar" sus ideas originales, tal como les pasó antes a otros revolucionarios?

En última instancia, la causa no es un "cambio de mentalidad" de quienes gobiernan, sino razones económicas que hacen inevitable dicha evolución ideológica.

Hay que tomar en cuenta que el sector dinámico de la economía boliviana depende completamente de su "núcleo extractivo", que aprovecha los recursos naturales no renovables. Este núcleo no es autosostenible, ya que las materias primas se agotan, sus precios suben y bajan y las utilidades son trasladadas fuera. Por esta razón, a veces el sector dinámico disminuye de tamaño y se descapitaliza, en especial cuando un núcleo extractivo tradicional desaparece y deja paso a otro (crisis de la plata, crisis del estaño). En esos momentos, el país parece no tener medios para mantenerse a sí mismo.

En el contexto de estas dos crisis emergió lo que podemos llamar la "tesis librecambista del desarrollo nacional", que plantea lo siguiente:

a) hay que recapitalizar el núcleo extractivo, b) como ésta es una tarea que supera la capacidad boliviana, se necesita inversión extranjera, c) mientras más permisivo sea el país con los inversionistas extranjeros, más altas serán las tasas de inversión y, por tanto, la producción de bienes exportables y la renta que percibirá el país por ellos, e) ulteriormente, esta renta se convertirá en inversiones en otras actividades conexas, como industrias y servicios, f) así se producirá un crecimiento del sector dinámico, el cual a su vez actuará, por "goteo", sobre el resto de la economía, g) se producirá el desarrollo integral del país.

A lo largo de la historia, la aplicación de esta tesis ha traído resultados similares. En varios momentos, la privatización y las facilidades a los inversionistas aumentaron significativamente, como se buscaba, la inversión en el área extractiva, y ésta la producción. A su vez, esto ensanchó el mercado interno.

Sin embargo, nunca se produjo un derrame sobre el resto de la economía. La razón es la escasa o nula rentabilidad de las áreas menos dinámicas. (Aquí no podemos explicar a qué se debe ésta). Los capitales, que siempre buscan el mayor lucro, prefieren salir del país antes que "volcarse" sobre el atrasado agro boliviano.

Frustrado el "goteo", lo siguiente que ocurre es el malestar generalizado de la sociedad y la disputa por el destino de la renta extractiva.

La población, que observa que sólo una pequeña élite se beneficia de la extracción, procura apropiarse de los excedentes en lucha contra los inversionistas. Como resultado de esta presión, se incrementan los impuestos y las demandas de participación estatal en el negocio.

Cuando la disputa por la renta aparece, la primera consecuencia es la disminución de la inversión. El único objetivo de las empresas privadas es sacar las mayores utilidades posibles a los recursos que todavía controlan por un tiempo que tiende a acabarse.

Luego de desplegarse por un tiempo, la disputa por la renta acaba en la nacionalización de las empresas extractivas: la minería del estaño en 1952 y la industria petrolera en 2006. Entonces la inversión extranjera desaparece o cae significativamente. Al mismo tiempo, la reinversión del Estado en sus propias empresas se ve obstaculizada e incluso eliminada por las demandas de redistribución de la sociedad.

La ausencia de reinversión en las empresas estatales extractivas, y la quiebra por ineficiencia y otros problemas de muchas empresas estatales no extractivas, generan, después de algunos años, un rebrote privatizador. El partido nacionalizador del estaño, el MNR de los 50, aprobó el Código Davenport para atraer inversiones petroleras y admitió e impulsó las actividades de la minería privada. El partido nacionalizador del gas, el MAS, nunca sacó a las empresas transnacionales de la explotación; y hoy, como hemos visto, quiere fortalecer su presencia.

La historia profetiza que la convivencia tenderá a hacerse más abierta conforme las necesidades de inversión sean mayores y el Estado tenga menos condiciones de satisfacerlas. Eventualmente se producirá una reprivatización.

Así es y se cumple, como una ley, el ciclo privatización-nacionalización-reprivatización.

Fernando Molina es periodista y escritor.

http://www.paginasiete.bo/2011-05-13/Opinion/Destacados/17Opi00113-05-11-P720110513VIE.aspx