Por: Erika Brockmann

“La llamada ´revolución democrática cultural‘ podría ser caracterizada como socialmente progresista, económicamente conservadora y políticamente regresiva”, según el editorial de Nueva Crónica (Nº 122); esta aseveración breve como una pincelada parece definir adecuadamente el septenio del régimen del ´cambio´ liderado por Evo Morales.

¿Por qué socialmente progresista? Anotemos en esta casilla la inclusión, la participación y el empoderamiento de sectores antes marginados, por un lado, al que se suma el horizonte igualitario anti discriminador de su enfoque de un vasto catálogo de derechos de primera y última generación. Se trata de orientaciones que coinciden con un momento económico extraordinario, en cuyo marco se dinamizan procesos de ascenso y movilidad social, bajo un interesante manto que invita a la convivencia intercultural de la Bolivia diversa. Se trata de un cambio social que excede la voluntad gubernamental, desplegado y madurado en 30 años de democracia y que le pertenece al conjunto de la sociedad boliviana.

El proceso es económicamente conservador porque no aprovechó ni aprovecha el buen momento para apostar por una verdadera revolución productiva que cambie, de manera cierta y sostenible, nuestro “chip” extractivista. Conservador porque persiste la seducción estatista, muy al estilo de las políticas de fomento y de desarrollo del pasado siglo, ya superadas en bastantes campos. Aunque los marxistas radicales lo acusan de traición, el Gobierno apostó por “nacionalizaciones light” y algunas espectaculares, sorpresivas e improvisadas expropiaciones al calor del cálculo político electoral. Como lo conservador no necesariamente es detestable, la prudencia en el manejo macroeconómico está fuera de duda, sin haber trastocado las políticas que, en este campo, hubiesen impulsado los neoliberales de antaño. Curiosamente, aunque distante de la Casa Blanca, el Gobierno se ufana de hacer buenos negocios con Wall Street, meca del mero capitalismo financiero.

El proceso revela sus desviaciones regresivas en el campo político. Los discursos preñados de intolerancia son pan de cada día, los hechos y los datos de la realidad no se quedan cortos, la judicialización de la política y casos como el de René Joaquino y el de Ernesto Súarez, ex gobernador del Beni, forman parte de una batería de eventos antidemocráticos que lastiman el principio de respeto al pluralismo de pensamiento.

La amenaza vicepresidencial de que todo ciudadano que vote en contra de Evo confirmará su condición de mal boliviano, sumado al explícito reconocimiento de la necesidad de capturar el poder total, bajo una imagen idealizada del Estado invencible, ¿acaso no huele a “azufre” totalitario del Siglo XX?

El acomodar las leyes a la lógica hegemónica sin siquiera sonrojarse parece no tener límite. A estas alturas, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional dando paso a la reelección presidencial no fatiga ni sorprende, lo preocupante es que la gente comience a aceptar irreflexivamente que un tercer mandato de Evo es una necesidad porque sin el Líder Providencial el país se extravía. Es más, el colocar la voz de “sus” multitudes por encima de la Constitución es un signo regresivo que empaña el espíritu democrático de la misma sociedad.

Personalmente, estoy contra los presidencialismos fundados en una cultura electiva de autócratas casi monárquicos. Si hace unos años celebré la metáfora de Jaime Paz al referirse al proceso de cambio como a la “edad del burro”, inherente al desarrollo mismo de nuestra democracia, confieso que, siete años después de tanta vitalidad y perturbación adolescente, más parecen desvaríos, peligrosamente regresivos.

http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_05/nt130502/opinion.php?n=14&-el-proceso-de-cambio-progresista-o-regresivo

Por: Erika Brockmann

Hace unos días, el presidente Evo Morales criticó algunas solicitudes de revocatoria de mandato presentadas al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Las calificó como “políticas” y perjudiciales dado que las autoridades “descuidan” la gestión pública por “defender” su cargo. Señaló también que como instrumento de la democracia directa, la revocatoria debería limitarse a denunciar actos de corrupción o de negligencia, con documentos, “para castigar a las autoridades que infringen normas y no por sus inclinaciones políticas”. Llama la atención que el Presidente ignore el sentido de este mecanismo institucional, pero extraordinario, de remoción de autoridades electas, proclamado en el texto constitucional.

Hasta el fin de semana el TCE había admitido 78 solicitudes. Urge entonces reflexionar sobre este instituto de reciente vigencia en el país. En primer lugar, la revocatoria de mandato es eminentemente política porque compromete la permanencia de una autoridad pública electa, siendo además un dispositivo participativo que tiene el propósito de superar las limitaciones de la democracia representativa, tan venida a menos en tiempos de crisis. Y no es un instrumento acusatorio, dado que para procesar delitos están las instancias judiciales correspondientes.

El referéndum revocatorio abre la oportunidad para que la ciudadanía se pronuncie a favor o en contra de la continuidad de una autoridad electa, cuyo desempeño está seriamente observado, tanto que no da espacio para esperar su cambio en una próxima elección ordinaria. Pero así como canaliza institucional y democráticamente la voluntad popular para remover autoridades en tiempos de crisis, los referendos revocatorios tienen su lado oscuro. A veces se intenta revocar el mandato de autoridades por incumplimiento de funciones que no le corresponden o de promesas demagógicas imposibles de cumplir. Es el caso de Diputados Uninominales de quienes se espera funjan de alcaldes y concejales, sin tener bajo su responsabilidad el manejo de recursos para inversiones publicas.

Pero la democracia y la revocatoria de mandato son costosas. Afortunadamente se cuenta con reglamentos que imponen barreras o requisitos que desahuciarán varios procesos en el camino, especialmente aquellos iniciados por la impaciencia o por el afán protagónico de sus impulsores. Dependiendo del tipo de autoridad a revocarse, las barreras porcentuales oscilan entre el 20 y 30 % de firmas del padrón electoral, las que, salvo acompañamiento sólido y movilizado de la población, podrán ser cumplidas.

Esperemos que, a partir de la preocupación en torno a la desestabilización y los “golpes de estado” vía revocatorios, el Presidente pueda también dimensionar el daño provocado por el acoso judicial y la guillotina judicial -ahora desterrada por inconstitucional- impuesta sin proceso previo a varias autoridades electas en democracia. Mientras tanto, flota una pregunta: ¿cómo y cuándo se reparará el daño provocado y las broncas sembradas por esa arbitraria política de expandir el poder oficial a costa de violentar la voluntad soberana expresada en las urnas?

La autora es psicóloga y cientista política.

http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_04/nt130404/opinion.php?n=15&-revocatoria-de-mandato-democratica-o-desestabilizadora

Publicado por: El Diario (La Paz - Bolivia)

Por: Erika Brockmann

¡Vaya curiosa declaración hecha por el Vicepresidente! Confesó su preocupación por el “desorden institucional” provocado por la Sentencia Constitucional relativa a la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley Marco de Autonomías que, desde el 2010, propiciaron el alejamiento de autoridades ejecutivas y legislativas de gobernaciones y municipios predominantemente de la oposición. Lo alarmante, en este caso, es la frágil memoria vicepresidencial que borró de su registro, el conjunto de disposiciones legales que provocaron la inconstitucional defenestración de autoridades y el caos político y administrativo en casi 100 gobiernos locales y dos departamentales, haciendo oídos sordos a las advertencias acerca de su ilegalidad.

El retorno de René Joaquino a la Alcaldía de Potosí ha sido un desagradable dato que motivó una consulta oficial sobre la procedencia de está reincorporación. Equivocadamente, se alude a la irretroactividad de la sentencia, la misma que es aplicable a las actuaciones administrativas en el tiempo que se “presumía la constitucionalidad de esas normas”, pero que, en ningún caso, impide la reparación del daño y de la violación de derechos políticos ocasionados por este abusivo procedimiento que lastimó la democracia sub-nacional y la construcción institucional del Estado con Autonomías.

Otro controvertido hecho tiene que ver con la polémica relativa a la reelección presidencial, reavivada por una iniciativa senatorial que plantea la consulta sobre su constitucionalidad. La candidatura presidencial, hace tiempo cantada, no sorprende, siendo también “sui generis” la petición presidencial para que la decisión oficial al respecto sea refrendada por la vanguardia cocalera del país.

Sobre este asunto, el olvido oportunista de la cúpula gubernamental es de campeonato. La “burundanga amnésica” desterró de toda memoria oficial las circunstancias críticas que acompañaron la redacción del artículo constitucional transitorio que contabiliza de manera expresa el anterior período gubernamental que dio paso a la reelección presidencial. El ex senador Carlos Bohrt y el ex constituyente, hoy Ministro de Gobierno, Carlos Romero escribieron la crónica de esos turbulentos momentos. ¿Por qué escoger ese camino que pone a prueba y bajo fuego la idoneidad y su frágil credibilidad de los noveles miembros del Tribunal? ¿Por qué eludir la vía de una reforma constitucional parcial y una consulta popular que la valide? La respuesta la dio el mismo Evo Morales, que polifacético y elocuente dictaminó -cual si fuese Tribuno constitucional- que la consulta al Tribunal no es necesaria y que se considera habilitado para una nueva elección. Ante la discrecionalidad presidencial que se asume sumisamente como ley; ¿qué relevancia tiene el (des)orden institucional y la misma Constitución como garante de ese orden?

El asombro ante esta polémica resulta ingenuo y vano. No hay manera de encontrar racionalidad, coherencia ni disponibilidad orientada a la construcción de la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional con Autonomías. Sólo me asiste una certeza. La constatación de que la expresa voluntad de reproducción del poder y la prematura electoralización será la verdadera (des)ordenadora institucional de toda la dinámica política por venir.

http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_02/nt130221/opinion.php?n=29&-del-desorden-institucional-y-de-la-amnesia-gubernamental

Por Erika Brockmann Quiroga - 10/01/2013

El año 2009, el presidente Morales sostuvo que “no podía entender como un excluido negro podía excluir a un indio” en alusión a la no inclusión de Bolivia, por parte de Obama, de los beneficios aduaneros andinos conocidos como Atpdea. Incapaz de entender el peso de las políticas institucionales que imponen límites a la arbitrariedad presidencial, calificó el hecho como una “venganza política”.

En otra ocasión, en su peculiar e inquisidora manera de concebir la justicia y los principios de presunción de inocencia, de defensa y debido proceso, el Presidente deploraba y decía “no entender que haya abogados defensores de narcotraficantes, de contrabandistas y corruptos” a los que a priori y al igual que sus adversarios políticos ya había condenado.

En realidad, durante estos siete años el Presidente ha confesado “no entender muchas cosas”. No entiende el rechazo a la construcción de la polémica carretera a través del Tipnis por parte de los indígenas de tierras bajas que comienzan a cuestionar la actitud neocolonial del sindicalismo aimara y campesino. Tampoco comprende las divisiones internas de su partido, no “pudiendo entender” a los críticos y disidentes del MAS a los que exhortó, en ocasión del VIII Congreso del MAS, a reconocer errores y reconciliarse con el bloque oficial antes de convertirse en “instrumentos de la derecha, del capitalismo y el imperio”. Hoy muchos de ellos están enjuiciados, en la “congeladora” o en la marginalidad política. Esto ocurre porque el Presidente y el MAS se consideran únicos y legítimos portadores de la honestidad y otras virtudes políticas que, lamentablemente, no terminan de arraigarse en nuestra cultura política ciudadana.

Esta recurrente alusión presidencial ¿es una muletilla discursiva que lo blinda al desgaste de su gestión?, ¿le ayudan a diferenciarse de los letrados que lo rodean y se aprovechan “colonialmente” de su buena fe? Este tácito pero peculiar reconocimiento a la insuficiencia de recursos conceptuales para leer la realidad ¿no es más bien causa del simplismo caricaturesco, preñado de un dogmatismo ideológico casi religioso y provinciano, agravado por su endiosamiento? La combinación de estos ingredientes tiene un potencial explosivo y letal para el avance de una democracia plural y de los cambios que aún demanda la sociedad.

El 2012, el caso de la red de extorsión, anidada en el corazón de la institucionalidad política responsable de velar por la “seguridad del Estado”, aún a costa del irrespeto de derechos ciudadanos constitucionalmente reconocidos, parece haber agotado el repertorio discursivo que exalta y vacuna al líder de los sinsabores del poder. Salvo el ejército de soldados de la revolución, más motivados por la fe y el afán de reproducir el poder que por la razón y el buen gobierno; la gran mayoría comienza a reconocer la condición humana y falible de su presidente. Los problemas de corrupción y de ausencia de justicia, han superado la capacidad de Evo Morales y del Gobierno para encararse seria y estructuralmente. Y es que la lucha contra la corrupción y la injusticia no depende del cálculo ideológico ni de soluciones improvisadas, y menos de una intervención divina, sino de acuerdos sostenibles y de la articulación de voluntades políticas plurales de actores terrenales capaces de “entender” que son tan vulnerables que sus sempiternos enemigos a estos males de la sociedad. ¿Entenderá esto Su Excelencia?

La autora es psicóloga, politóloga y excongresista

http://www.lostiempos.com/diario/opiniones/columnistas/20130110/%E2%80%9Cno-puedo-entender%E2%80%A6%E2%80%9D-7-anos-despues_198446_423177.html

Publicado por: El Diario (La Paz - Bolivia)

33 es un número intrigante, cabalístico y hasta mágico. A los 33 años de edad Cristo dio su vida para resucitar a los tres días. 33 fue el número de mineros atrapados en una mina y 33 los días que tomó la apertura del túnel que permitió su rescate. En Bolivia, la cifra es inspiradora.

En efecto, 33 fue el número de camiones que provocaron una de la más bulladas denuncias de corrupción del septenio del gobierno del MAS. En efecto, el caso de contrabando colocó al actual Ministro de la Presidencia en el centro de la controversia debido a una supuesta autorización de ingreso de los emblemáticos 33 camiones al Departamento de Pando. Entre careos, réplicas y dúplicas, la investigación parlamentaria fue cerrada por la mayoría oficialista. Sin embargo, años después, el 33 se grabó en la memoria colectiva, significando para muchos una referencia de impunidad; para otros, un mero reflejo de la confrontación política en el país, y como una pesadilla para personas como el general César López y su familia, para quien los 33 camiones implicaron juicios y represalias que marcaron un antes y un después en su carrera militar.

33 evoca significados diversos. Es el caso de la Ley de Control y Administración Gubernamentales, conocida como SAFCO, cuyo artículo 33, en relación con los temidos dictámenes de responsabilidad pública, establece: “No existirá responsabilidad administrativa, ejecutiva ni civil cuando se pruebe que la decisión hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad, dentro de los riesgos propios de operación y las circunstancias imperantes al momento de la decisión, o cuando situaciones de fuerza mayor originaron la decisión o incidieron en el resultado final de la operación”. A juzgar por los datos y hechos de la realidad, la aplicación de este cabalístico artículo “safkiano” tiene connotaciones kafkianas.

Invocando la buena fe y la celeridad en la ejecución de proyectos “estrella”, el artículo 33 le cae como anillo al dedo a un impaciente presidente Evo, que se siente liberado de la guillotina judicial que la SAFCO implica. No es ése el caso de la casi veintena de autoridades electas, preferentemente de la oposición, a quienes la invocación de la buena fe y otros descargos de nada sirvió. La subjetiva y politizada aplicación de la ley SAFCO fue la soga al cuello que terminó defenestrando a Joaquino, al gobernador Suárez, a alcaldes de los municipios modelo de San Juan y La Guardia, siendo la guadaña que asedia a los pocos sobrevivientes ediles de la oposición.

Sin mencionar al programa “Evo cumple”, el Presidente, galvanizado ante cualquier sospecha de corrupción, elude recurrentemente los engorrosos trámites de licitación, comprometiendo hasta 2.000 millones de dólares de los recursos públicos. Ocurrió la pasada semana, en ocasión de la suscripción del contrato de 234 millones de dólares para la construcción del añorado teleférico en La Paz. Sin dudar del prematuro significado electoral de la decisión que lo llevó a obviar los procedimientos SAFCO, el Presidente olvida y no puede entender que preside un Estado autonómico, eliminó de la foto a los alcaldes concernidos en este tema, sin importarle que la ley lo obliga a la coordinación y que no hacerlo implica incumplimiento de deberes, dato que parece no quitarle el sueño.

Lo cierto es que mientras para unos la SAFCO es portal de privilegios casi celestiales del poder, para otros, inclusive masistas sin poder, no representa otra cosa que una espada de Damocles, la presunción de culpabilidad y la antesala del infierno.

http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_09/nt120920/opinion.php?n=11&-33-cabalistico-intrigante-subjetivo

Publicado por: El Diario (La Paz - Bolivia)

Por: Erika Brockmann

Gracias a los caprichos de la geografía, las y los cochalas podemos ufanarnos de radicar en el mismísimo corazón sudamericano. Pese a ello, desde la inauguración del septenio evista, el Chapare cochabambino disputa a la capital valluna tal centralidad al ser ineludible referente para entender la dinámica económica y política del país. Razones sobran para considerarlo el hoyo del queque, aunque para otros se trataría más bien de un agujero negro, cuyo rol y contribución al denominado “proceso de cambio” despierta más preguntas que respuestas.

El XI Congreso Ordinario de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba ha ratificado al presidente Morales como máximo dirigente de los cocaleros, habiéndoles exhortado a “respetar el cato de coca” (¿familiar o individual?) y no dar motivos para ser acusados de “narcos”. No es casual que el Chapare haya sido y siga siendo el refugio preferido de su excelencia; allí acude para reparar el cansancio que le produce su frenética agenda de viajes o para eludir el cada vez más estridente asedio a la plaza Murillo, sede ocasional de sus funciones.

No sorprende que los cocaleros sean hoy la audiencia selecta para pronunciar los más fogosos discursos anticapitalistas, paradójicamente ello sucede en la plaza más liberal y articulada al mercado capitalista legal e ilegal de la economía de la coca. Estos congresos son el escenario ideal para ensayar las piezas de oratoria más jacobinas, aliñadas con el infaltable guión antigolpista. En ese clima las medias verdades se convierten en verdades irrefutables. Ocurrió cuando el Vicepresidente convocaba a la defensa del proceso de cambio ante los ataques de la derecha que “ahora mira con odio y rabia” a niños, madres y abuelos cuando cobran los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy de Padilla y la Renta Dignidad, “porque quieren que ese dinero esté en su poder”. Pero, ¿acaso los bonos no tienen su origen en iniciativas de gobiernos “neoliberales”?

Las bases cocaleras presumen de fortaleza política y corporativa. No sólo desde que le doblaran el brazo a Su Excelencia en ocasión del gasolinazo, sino al haberse constituido en uno de los sectores más favorecidos por la controvertida “nacionalización” de los autos “chutos”. Sorprendió que al lanzarse la campaña de venta de bonos del Estado, hayan sido localidades del Chapare plazas demandantes de los mismos, ello ha motivado temerarias especulaciones en torno a la facilitación de mecanismos de lavado de dineros de dudoso origen.

No es poca cosa que el Presidente haya preferido poner en duda la consistencia de sus convicciones indigenistas y pachamamistas para satisfacer la demanda de sus leales chapareños, hoy convertidos en los “villanos” del dilatado conflicto del TIPNIS y en beneficiarios de mega inversiones como la planta de “urea y amoniaco”, cuyo costo exorbitante comienza a levantar sospechas.

Electoralmente, tiene un atípico comportamiento, con abrumadoras mayorías que en los últimos tiempos no dejan espacio al disenso. Donde la rígida conducción sindical estaría restringiendo derechos políticos, al privilegiar el acceso a listas de candidatos de quienes aseguren su condición de propietarios y cultivadores de coca. De ser verdad este y otros extremos, estaríamos frente al retorno de una sui generis democracia excluyente.

¡Ese es nuestro bello Chapare!, reino de la informalidad y de su prima hermana la ilegalidad. Y es que en el Chapare sobra materia para la investigación. ¿Será posible hacerlo considerando esa dinámica cuasi federal, allí donde la autonomía de la informalidad goza de muy buena salud?

http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_07/nt120712/opinion.php?n=30&-chapare-hoyo-del-queque