Publicado por: Pagina Siete (La Paz - Bolivia)

Por: Alejandro Almaraz (*)

El derecho de los pueblos indígenas a ser consultados por el Estado, cada vez que éste prevea medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos, está claramente estipulado en el artículo 30 de la CPE, y en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, elevada a rango de ley por mandato constitucional del Estado boliviano. 

Dichas disposiciones establecen que la referida consulta, previa a la medida en cuestión, deberá realizarse de buena fe, en concertación con los pueblos interesados, y a través de sus instituciones propias. Sin embargo, el Gobierno de Evo Morales y su mayoría legislativa han violado íntegra y frontalmente esos preceptos de la Constitución, el derecho internacional y la ley, mediante una ley de consulta sobre la intangibilidad del TIPNIS y la posibilidad de atravesarlo con la carretera, unilateralmente impuesta, extemporánea, de mala fe y fraudulenta.

La condición más elemental y obvia para la legitimidad de la consulta es que sea no sólo consultada, sino concertada con el pueblo interesado, es decir, que sea asumida conjuntamente por el Estado y la organización representativa del pueblo interesado. Sólo así se garantiza que el objeto de la consulta satisfaga el legítimo interés del respectivo pueblo, y que su desarrollo se enmarque en su organización e instituciones. 

Pero la ley de referencia, que establece el objeto y las condiciones básicas de la pretendida consulta, no sólo que no ha sido consultada con la Subcentral del TIPNIS, organización representativa de 48 de las 63 comunidades asentadas en el parque y titular del derecho propietario sobre la respectiva Tierra Comunitaria de Origen (TCO), sino que ha sido aprobada contra la expresa y vehemente posición de la misma.

En ella, el respeto a la institucionalidad indígena es engañosamente declarativo, ya que se reserva al Tribunal Electoral, y no a la organización indígena, la atribución de determinar el resultado de la consulta. Es pues una ley unilateralmente impuesta por el Estado, con la más prepotente arbitrariedad.

El carácter previo de la consulta, de acuerdo con el precepto constitucional que lo establece, determina que la misma sea realizada antes de ejecutarse la acción estatal que la motiva, al momento en que ésta sea prevista.

Pero la consulta que el Gobierno pretende hacer es doblemente extemporánea. Primero, porque es muy posterior a los actos administrativos y legislativos que determinan la construcción de la carretera por el tramo II, atravesando el TIPNIS. Luego, porque es posterior a que, ante la vulneración de su derecho a la consulta, las comunidades del TIPNIS tomaron posición por cuenta propia y el Gobierno la aceptó y se comprometió a respetar, otorgando para ello la fe del Estado mediante la promulgación de la Ley de Protección del TIPNIS. 

Al mismo tiempo, la ley en cuestión es evidentemente fraudulenta porque dirige la consulta a quienes no corresponde consultar, valiéndose de una vaga identificación de sus destinatarios, y de la impertinente y manipuladora vinculación de los temas de intangibilidad y carretera como objeto de la consulta.

Estas formulaciones arbitrarias tienen el cometido declarado de incluir en la consulta a las comunidades cocaleras del Polígono 7, y probablemente también a la población indígena de San Ignacio de Moxos, partidarias de la carretera pero sin asentamientos ni derechos sobre el territorio indígena afectado. 

Sería eventualmente aceptable que los indígenas del Conisur, asentados en el Polígono 7, sean consultados sobre los alcances de la intangibilidad, en tanto dicho polígono es parte del parque nacional, aunque sólo formalmente. Pero en tanto el Polígono 7 está fuera de la TCO TIPNIS, lo que resulta un atropello inaudito es que se les pretenda consultar sobre el trazado de la carretera por el territorio indígena donde no viven y sobre el que no tienen derecho alguno. Más aun considerando que por las proximidades de sus asentamientos pasa el tramo I de la mentada carretera, ancha, empedrada y con varios ramales camineros.

Todo lo anterior revela que el propósito central de la referida ley de Consulta no es, como correspondería al precepto constitucional y a la buena fe del Estado, conocer la libre voluntad de las comunidades afectadas, sino torcerla o falsificarla, y justificar la violación gubernamental del compromiso asumido mediante la Ley de Protección del TIPNIS. 

Por eso, su aprobación es un acto de la más profunda y abyecta mala fe. Pero la carretera brasileña de la depredación y el negociado que el Gobierno se empeña en construir a cualquier precio está cada vez más lejos de hacerse realidad, y se ha convertido, más bien, en el tobogán de la deslealtad política y el vacío ético, por el que el Gobierno se ha precipitado a su irremediable liquidación histórica.

(*) Alejandro Almaraz es abogado. Fue viceministro de Tierras.

http://www.paginasiete.bo/2012-02-15/Opinion/Destacados/18Opi00115-02-12-P720120215MIE.aspx

Publicado por: Pagina Siete (La Paz - Bolivia)

Por: Alejandro Almaraz (*)

El vicepresidente García ha mostrado, en un reciente discurso de fervorosa salutación a la marcha del Conisur, que tiene una comprensión muy sui géneris de la historia del continente, pues ha calificado de “malinches” a los indígenas que marcharon en defensa del TIPNIS. 

Estos comunarios, según lo acreditan varios estudios libres de toda sospecha política y mucho antes de esta conflictiva coyuntura, fueron, entre los pueblos indígenas de la actual Bolivia, los que quizá tuvieron más éxito en resistir el largo y devastador proceso de la colonización y en preservar sus formas de vida, su identidad y su territorialidad ancestrales. Por eso mismo, no es casual que fueran ellos, con la marcha por el territorio y la dignidad de 1990, quienes conquistaran el reconocimiento de los territorios y los derechos indígenas en Bolivia.

Desde entonces, siempre merced a su lucha y su iniciativa comunitaria autónoma, han logrado que el Isiboro Sécure, en tanto su territorio histórico, sea titulado como Tierra Comunitaria de Origen (TCO) en su favor, y han sabido preservar ese derecho territorial de la creciente y despiadada presión de los actores externos. Como el mismo Gobierno solía destacarlo, antes de adoptar la política de la calumnia contra el movimiento indígena, su participación en la gestión del parque nacional fue ejemplar. 

Pero para el Vicepresidente del Estado Plurinacional, estos indígenas son parangonables a la “Malinche”, la amante indígena que ayudó a Hernán Cortez a conquistar México. Tan nefasto personaje, bajo el Gobierno “indígena” que encabeza García, no merecería menos que ser gasificado, amordazado, maniatado y subido a golpes al bus que lo borre del mapa. Todo “por su propia seguridad”, por supuesto. 

Para el mismo García, los “verdaderos indígenas” son los de Conisur, los que “viven en el TIPNIS” según varios otros voceros gubernamentales. Es bueno saber, sin embargo, que Conisur representa a 15 de las 64 comunidades indígenas asentadas en el área del parque. Es aquella parte de la población yuracaré que cuando se produjo el masivo avasallamiento cocalero de su territorio en los años 80, a diferencia de la otra y mayor parte que prefirió replegarse selva adentro para preservar su libertad y su forma de vida, optó por permanecer allí y experimentó, con rápida gradualidad, una plena asimilación social, económica y organizativa a la población colonizadora. 

Debido a ello, estas comunidades indígenas están integradas a la dominante economía de la coca, y están afiliadas a la organización sindical de los colonizadores. Mucho más revelador aun del profundo grado de su asimilación es que renunciaron a su territorialidad tradicional y a la ocupación comunitaria de la tierra, bases de la cosmovisión, identidad y organización social indígenas. Por eso mismo, no son parte de la TCO y, salvo una de ellas, han optado por la titulación individual y parcelaria de la tierra, de acuerdo con la voluntad y expectativas mercantiles de los sindicatos colonizadores que integran. En rigor de los hechos, tampoco son parte del parque nacional, pues si bien el área de su asentamiento es formalmente parte de éste, no está integrada a su gestión y en ella no se cumplen ni las más básicas normas de protección de la vida silvestre.

El Vicepresidente tiene también problemas para apreciar las proporciones de la realidad. En su enfurecido libro contra el “oenegismo derechista”, a tiempo de atribuirles a las ONG la autoría de la VIII marcha indígena, la considera como una “pequeña marcha”. Si esa marcha que motivó el activo apoyo de la gran mayoría de la sociedad boliviana y movilizó un millón de personas a su llegada a La Paz era pequeña, me pregunto qué será la de Conisur, con la que el Gobierno, más candoroso que cínico, se autodemanda la retractación del compromiso que asumió frente al movimiento indígena y la sociedad boliviana toda, con la ley de protección del TIPNIS y su reglamentación. 

Lo que se vio a su llegada a Cochabamba, donde más respaldo podía recibir y pese al ardoroso apoyo de los máximos líderes de la “revolución” en persona, fue una pequeña, escuálida, solitaria y triste columna en la que unos 200 indígenas del Conisur eran seguidos por el doble de militantes masistas y funcionarios públicos, en medio de calles y plazas que la indiferencia ciudadana dejó desiertas.

Pareciera que el vicepresidente García, en un inconsciente impulso de retorno a la realidad, está buscando que una IX marcha indígena le devuelva el cabal sentido de la historia y de las proporciones de la movilización social. Faltaría saber si asumiría el respectivo costo político.

• Alejandro Almaraz fue viceministro de Tierras del MAS.
  http://www.paginasiete.bo/2012-01-04/Opinion/Destacados/17Opi00104-01-12-P720120104MIE.aspx